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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Compartir experiencias para combatir la impunidad
Al día de hoy, no se sabe con certeza cuántas personas murieron durante el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo entonces se puede estar esperando investigaciones diligentes para la manifestación de la verdad?
Por CMDPDH
7 de agosto, 2016
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Durante una sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo Europeo en 2007, se afirmó que “la impunidad tiene que ser vencida porque constituye una denegación de justicia para las víctimas, ocasionando una segunda violación a sus derechos”. Si bien esta fórmula fue enunciada por instituciones de otro continente, su aplicación es universal.

Para tener en cuenta la importancia de la impunidad en México -y entender por qué es un tema que no se puede ignorar-, presentemos un par de cifras significativas enfocadas en las violaciones graves a derechos humanos bajo el contexto de la guerra contra las drogas proclamada en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón: de los 28,161 desaparecidos, solamente 54 fueron reconocidos por la CNDH en 11 recomendaciones y por parte del poder judicial sólo se dictaron 6 sentencias hasta el 31 de diciembre de 2014.

En cuanto a tortura, de las 4,055 denuncias hechas a la PGR de 2006 a 2014, hay 15 sentencias hasta el 2015. Sin embargo, es preciso aclarar que existe una cifra negra, es decir un subconteo de las veces en las que se ha empleado la tortura, ya que la población no tiene confianza en las instituciones para ir a denunciar. Tales circunstancias agravan aún más la situación de los derechos humanos en México, pues al no ser denunciados estos delitos, quedarán a fuerza impunes.

Por lo anterior, es posible observar que la impunidad está más que arraigada en México y no es un fenómeno reciente, propio a la política de Calderón, sino que está presente desde hace décadas. Fácilmente, ésta puede analizarse desde los primeros conflictos sociales en México en los años 60, cuando los abusos de las autoridades causaron la muerte y la desaparición de cientos de ciudadanos, hechos que han quedado sin resolverse hasta la fecha. Al día de hoy, no se sabe cuántas personas murieron durante el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo entonces se puede estar esperando investigaciones diligentes para la manifestación de la verdad?

Conforme pasó el tiempo, nuevas violaciones se dieron a conocer, afectando diversos grupos de la sociedad mexicana tal como líderes políticos de izquierda durante la Guerra Sucia, pueblos pidiendo que no se construya un aeropuerto o mujeres asesinadas simplemente por su género, como fue el caso en Ciudad Juárez.

Si un Estado no es capaz de encontrar a una persona desde hace 40 años, ni tiene la menor idea de cuál puede haber sido su suerte, no está desincentivando a los victimarios actuales y futuros, porque éstos tendrán la certeza de que es poco probable que se les llegue a investigar.

En 2009, se tuvo la esperanza de un cambio de actitud de las instituciones mexicanas, con la sonada sentencia Radilla emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ésta, se condena al Estado mexicano por no investigar de manera eficaz un caso de desaparición forzada. Sin embargo, al día de hoy sigue siendo letra muerta.

Si bien los crímenes del pasado no encuentran respuesta –e incluso, se consideran casos cerrados-, ¿cómo esperar que los de hoy sean distintos? Considerando que entre más tiempo pase para que se tomen medidas eficaces de investigaciones, más difíciles serán de resolverlos.

No porque esta tarea sea complicada se vuelve imposible, como lo han demostrado nuestros vecinos latinoamericanos. Toda la experiencia que nos puedan compartir es aún más valiosa al ser sociedades similares a la nuestra en temas jurídicos y culturales, a la vez que cuentan con un pasado tan complicado como el nuestro, aunado de haberse reconstruido sobre dictaduras que causaron graves violaciones a los derechos humanos o en situación de conflicto armado. Estos mismos países tuvieron sus casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones, y aprendieron en temas de investigaciones, juicios y acompañamiento integral de víctimas para compensar las carencias del Estado en garantizar estos procesos. Así, el mismo Estado se encontró fortalecido, porque no hay que negar que muchos funcionarios públicos comparten los temores y preocupaciones de la sociedad civil y de las víctimas, y que ellos son actores claves en estos cambios positivos.

Por eso encuentra su razón de ser el foro de este 8 de agosto sobre el combate a la impunidad. Será la ocasión para aprender de las experiencias, exitosas como fallidas, de los defensores, funcionarios públicos e investigadores. Permite también reflexionar en la manera en que se podrían adaptar estas experiencias a la sociedad mexicana, donde parece más difícil aun, ante una falta de voluntad política de reconocer su situación de crisis de los Derechos Humanos. Pero es necesario seguir esforzándose, apoyándose siempre de los actores estatales dispuestos a colaborar para que se reformen las instituciones desde adentro y que así puedan crearse fiscalías o unidades de contexto, como las de Colombia o Argentina, que nos presentarán Juan Pablo Hinestrosa Vélez y Carolina Varsky.

Vale la pena detenerse a explicar la importancia de tales unidades o fiscalías de contexto. Permiten relacionar lo que podría ser percibido como delitos individuales entre ellos, es decir que se comunique entre fiscales a cargo de casos de desaparición forzada los avances de sus investigaciones u otra información acerca de un grupo del crimen organizado. Lo último con el fin de entender su manera de funcionar, organizarse y así hacer aparecer los patrones de las violaciones. Se puede investigar un caso que parece ser emblemático para entender la lógica, poder determinar a los responsables y permitir resolver los demás casos asociados a este grupo. Lo novedoso de estas investigaciones son las consideraciones sociales, políticas, económicas, históricas y criminales que implican colaboraciones de investigadores y expertos con las fuerzas policiacas y los fiscales.

No todo lo que se presentará en el foro aplicará a México: la especialización de la abogada Gloria Cano de Perú, como acompañante a las víctimas de esterilizaciones forzadas, puede servir como una inspiración para entender que una especialidad es necesaria; que un feminicidio, una desaparición forzada o una tortura sexual no se tratan con el mismo enfoque, y que las herramientas de investigación y de consideración de la prueba tienen que tender a las especificidades de cada uno de los hechos violatorios que se puedan presentar. Es por ello que se insiste desde la sociedad civil en que, tanto fiscales como jueces, sean formados con un enfoque de derechos humanos y que se aliente a que participen en estos encuentros internacionales para poder aprender de los logros de nuestros vecinos.

FORO

 

 

@CMDPDH

 

 

“L’impunité doit être vaincue car elle constitue un déni de justice pour les victimes, une deuxième violation de leurs droits” – Sesión ordinaria de 2007 de la Asemblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe, Editions du conseil de l’Europe, 222 par. 74

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), corte al 31 de enero de 2016.

Solicitud de información a la CNDH, 00000915

Solicitudes de informaciones a la PGR, folios 0001700300414 y 0001700020615

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en México, 2015, p.108

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