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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Consulta Popular y comisiones de la verdad, ¿compromiso real o simple narrativa?
Las sociedades que han sufrido atrocidades masivas requieren adoptar mecanismos de justicia transicional tanto como las personas que han sobrevivido relaciones tóxicas requieren ir a terapia. En cierto sentido, ambos ejercicios buscan aclarar lo sucedido, aprender a poner límites y hacer lo necesario para sanar.
Por CMDPDH
13 de septiembre, 2021
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La Consulta Popular celebrada el pasado 1º de agosto puso de manifiesto la necesidad de que México cuente con mecanismos de justicia transicional encaminados a esclarecer las incontables violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y asegurar garantías de no repetición.

A través de la justicia transicional, una sociedad se enfrenta con su pasado para resolver los problemas derivados de abusos graves, a fin de asegurar el esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.1 Si me permiten la comparación, las sociedades que han sufrido atrocidades masivas requieren adoptar mecanismos de justicia transicional tanto como las personas que han sobrevivido relaciones tóxicas requieren ir a terapia. En cierto sentido, ambos ejercicios buscan aclarar lo sucedido, aprender a poner límites y hacer lo necesario para sanar.

En el caso de la sociedad mexicana, distintas etapas en nuestra historia reciente dan cuenta de esta necesidad, incluyendo la represión estatal cometida contra estudiantes y opositores en las décadas de 1960 y 1970 y el período conocido como la “Guerra Sucia”, en el que el Estado cometió abusos graves contra miembros de distintos movimientos sociales. A esto se añaden los crímenes atroces cometidos en la década de 1990, destacadamente la llamada “Matanza de Acteal”, perpetrada en 1997 en el contexto de la guerra de baja intensidad entre el Estado y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Si bien en 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) como un mecanismo de justicia transicional, ésta se extinguió en 2007 sin éxitos considerables y sin haber condenado a los responsables de los crímenes perpetrados en el contexto de la “Guerra Sucia”.2 Esta experiencia evidencia que no bastan las buenas intenciones; es necesario que el Estado tenga la voluntad política de generar mecanismos independientes, con estructura y presupuesto para llevar a cabo estos procesos de manera genuina y efectiva.

Quizá lo que hace imperante la necesidad de adoptar mecanismos serios e internacionalizados de justicia transicional es el tan doloroso ciclo de violencia y violaciones graves de derechos humanos derivado de la profunda militarización de la seguridad pública nacional a raíz de la llamada “Guerra contra las drogas”, iniciada oficialmente en diciembre de 2006 y cuyos efectos siguen vigentes el día de hoy. Durante este período, se han intensificado los crímenes atroces cometidos tanto por las autoridades como por miembros del crimen organizado contra la población civil, incluyendo alarmantes cifras de asesinatos, torturas, fabricación de culpables, desapariciones forzadas y desplazamientos internos forzados.

En respuesta a esta crisis, el propio Gobierno estableció en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que “ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta imperativo considerar la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas”.3

A pesar de que en el discurso la actual administración hace gala de encabezar políticas públicas de justicia social, la realidad es que el Gobierno parece no haber considerado seria y genuinamente la implementación de modelos efectivos e independientes de justicia transicional. Ejemplo de ello fue la narrativa gubernamental en torno a la pregunta objeto de la citada Consulta Popular, que si bien apuntaba a la creación de una comisión de la verdad, se centró en el absurdo jurídico de cuestionar sobre el enjuiciamiento de los expresidentes. En cualquier caso, la decisión de crear este tipo de mecanismos recae en el poder Ejecutivo, que bien podría replicar lo realizado en otras latitudes y concluir un acuerdo internacional para establecer estos mecanismos sin la necesidad de someterlo a referéndum.

Además de la Consulta Popular, este Gobierno ha emprendido o anunciado intentos insuficientes que se relacionan con la justicia transicional. El 4 de diciembre de 2018, se creó por decreto presidencial la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa como un mecanismo de coordinación política para asegurar el derecho a la verdad y justicia de las víctimas del caso. Más recientemente, el pasado 30 de agosto, el Gobierno informó la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento de las desapariciones cometidas durante la “Guerra Sucia”.4

Estas iniciativas, aunadas al reciente anuncio de la visita que realizará el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a México, son fundamentales para comprender y atender la crisis que ha dejado un saldo de más de 91,500 personas desaparecidas en el país.5 Sin embargo, no parecen suficientes para atender las alarmantes cifras de impunidad y la demostrada falta de capacidad del Estado para investigar y enjuiciar a los responsables. Por un lado, aún queda pendiente conocer la naturaleza, composición y alcances de la comisión propuesta por el Gobierno el pasado 30 de agosto; sólo así podrá confirmarse si ésta cumple con estándares internacionales y constituye una verdadera comisión de la verdad. Por otro lado, es necesario insistir en que la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada se realice en el marco del artículo 33 de la respectiva Convención, reconociendo así la responsabilidad del Estado por cometer violaciones graves en materia de desaparición.

Además, una verdadera política integral del Gobierno debe asegurar su efectividad mediante la internacionalización e independencia de los mecanismos de justicia transicional, asignar recursos suficientes para su operación y considerar a todas las víctimas presentes y de crímenes del pasado.6

En otras palabras, es necesario que México cuente con proceso independiente e internacional que garantice el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables, y la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, a fin de conocer y atender las causas, consecuencias y el impacto de los actos de violencia, impunidad y corrupción que han tenido lugar en los períodos de 1965 a 2006 y de 2006 a 2021.

Por estas razones, la CMDPDH y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en ejercicio del derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional, presentaron un escrito para solicitar al presidente de la República, a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas que gestionen cuanto antes la instalación de los citados mecanismos de justicia transicional, y así iniciar un proceso para esclarecer los crímenes atroces y violaciones graves a los derechos humanos que se han cometido y se continúan cometiendo en México, así como para enjuiciar a los responsables, y asegurar que las víctimas obtengan reparaciones y garantías de no repetición.

@CMDPDH

 

 

 

1 Ver Informe del Secretario General de Naciones Unidas, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, 3 de agosto de 2004, S/2004/616, párr. 8

2 Hirales Morán, Gustavo A, México: ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida), CNDH, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (2017), pág. 77

3  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, I. Política y Gobierno, sección: Cambio de paradigma de seguridad, objetivo 6: Emprender la construcción de Paz (énfasis propio)

4 IMER, Comisión buscará esclarecer desapariciones durante la “Guerra Sucia”, 30 de agosto de 2021

5 Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, consultado por última vez el 6 de septiembre de 2021

6 En este sentido, en 2019, distintas personas, organizaciones y colectivos, incluyendo a la CMDPDH, presentaron la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a la víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos

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