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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Corte de Estrasburgo condena a Italia por impunidad
Aunque ONG y familiares de las víctimas aplauden la Sentencia de la Corte Europea de los derechos humanos, en la que condenan los hechos registrados en julio de 2001 cuando policías italianos irrumpieron en una escuela en Génova donde se hospedaban cientos de personas que habían acudido durante el día a una marcha de protesta en contra de la cumbre del G8, quedan aún insatisfechas frente a una Ley que no parece reflejar un trabajo que demoró 26 años y que propone penas mínimas frente a un delito tan grave como la tortura.
Por CMDPDH
15 de junio, 2015
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Por: Maria Cappello (@GlutenFreePek

En la noche entre el 21 y el 22 de julio de 2001, una docena de policías italianos irrumpió en los salones de la escuela Díaz-Pertini, en Génova, al noroeste de Italia, donde se encontraban dormidas cientos de personas que habían acudido durante el día a una marcha de protesta en contra de la cumbre del G8: formaban parte del movimiento del Génova Social Forum y en la misma escuela estaban miembros de Indymedia, medios de comunicación alternativos que documentaban los eventos relacionados con la cumbre.

La acción de la policía fue violenta: sangre en las paredes y en los pavimentos, vidrios rotos, computadoras destruidas, ropa en pedazos. El balance al finalizar el operativo: 82 personas gravemente heridas y 93 personas detenidas, hombres y mujeres por igual. Entre ellas, se encontraba Arnaldo Cestaro, entonces de 65 años de edad, y quien fue golpeado hasta la ruptura de un brazo, una pierna y diez costillas mientras estaba dormido.

Cerca de 14 años después, el 7 de abril 2015, la Corte Europea de Derechos humanos con sede en Estrasburgo condenó a Italia en relación al recurso presentado por Cestaro por violación al artículo 3 de la Convención sobre los derechos humanos, calificando tales actos como tortura. Además, la misma Corte condenó a Italia por la violación al artículo 13, es decir, por la falta de una investigación eficaz para determinar la verdad de los hechos en Génova y por ausencia de una legislación ad hoc sobre la tortura en Italia. En ausencia de un marco normativo sobre el tema, no se permite sancionar ni prevenir actos de tortura.

La sentencia resulta de gran relevancia porque constituye un antecedente importante para una serie (60) de recursos individuales pendientes que se han presentado sobre el mismo caso. La Corte, que decidió de manera unánime sobre el caso, enfatiza la “ausencia de nexo de causalidad” entre la conducta de Cestaro y el uso de la fuerza por parte de la policía en el momento de la irrupción en la escuela. El maltrato fue realizado sin ninguna justificación y por ende “se debe de calificar como tortura”.

Cestaro, que todavía resiente las afectaciones de los golpes recibidos hace casi catorce años y que tendrá que recibir una cirugía como consecuencia de los hechos, acusó a las autoridades italianas por violación a los artículos 3 y 13 por falta de investigaciones que determinaran la verdad.

El Génova Social Forum reunía grupos y asociaciones que se manifestaban en contra de la reunión de los siete países más industrializados con la participación, en ese caso, de Rusia como octavo país participante.

La policía irrumpió en la escuela primaria Díaz-Pertini, sede temporal del colectivo con el pretexto de buscar a los “black blocks” o bloque negro, un grupo de activistas violentos presentes en las protestas en el marco del G8. La escuela, en realidad, daba asilo a representantes de la sociedad civil que habían llegado a Génova desde toda Europa, Estados Unidos y otros países.

La Corte de Casación italiana condenó, el 5 de julio de 2012, a 25 de los 28 imputados, todos pertenecientes a las fuerzas policiacas, hasta un total de 98 años de reclusión. El Gobierno italiano, de acuerdo a la Sentencia, “dio carta blanca a la violencia de carnicería mexicana”, aunque fue una sentencia parcial y fueron declarados prescritos los delitos de los cuales habían sido acusados los oficiales policiacos.

La procuraduría de Génova archivó las quejas de las víctimas unos años después, mientras que el proceso terminó con 17 funcionarios de policía condenados por acusaciones de calumnia y falsificación en relación a la irrupción en la escuela.

La Sentencia de la Corte de Estrasburgo afirma que los responsables de los hechos no recibieron condena a causa de la insuficiencia de las leyes italianas que necesitan ser cambiadas. Desde hace dos años existe una propuesta de Ley que introduce al código penal el reato de tortura, sin embargo, continúa bajo el examen del Parlamento, ya que el Senado, tras una discusión de 8 meses, aprobó la misma propuesta en marzo de 2014; un año más tarde llegó para segunda lectura en la Cámara de Diputados donde el 9 de abril pasó con voto positivo. La propuesta tendrá que regresar al Senado para la aprobación definitiva. Esto, después de 26 años de la primera propuesta en materia.

El texto de la ley, conformada por siete artículos, prevé que la tortura sea considerada un reato con condenas de 4 a 10 años. Considerándose como delito cuando un sujeto, con violencia o amenaza, o con violación de sus obligaciones de protección, cuidado o asistencia, de manera intencional provoca a una persona bajo su custodia, vigilancia o autoridad, sufrimientos físicos o psíquicos agudos a causa de su pertenencia étnica, orientación sexual u opiniones políticas o religiosas. Además se considera tortura cuando la violencia o las amenazas tienen el objetivo de obtener informaciones o declaraciones; infligir castigo; o forzar una resistencia. Si los hechos están cometidos por un oficial público “con abuso de poderes o en violación de los deberes inherentes a su función o servicio”, se aplica la reclusión de 5 a 12 años.

Lamentablemente, el G8 de Génova no sólo fue marcado por la tortura. El 20 de julio que inició la manifestación perdió la vida Carlo Giuliani, un joven de un poco más de veinte años. La marcha empezó con tonos festivos: familias, ancianos, niños y niñas, y cientos de jóvenes marchaban en las calles de una ciudad presidiada por policías.

Al comenzar la primera sesión del encuentro, comenzó también la primera acción policíaca en contra de los manifestantes: lacrimógenos, gritos, barricadas, heridos. Los policías se dividieron en dos frentes, con el fin de poder atacar más fácilmente los manifestantes En Plaza Alimonda los enfrentamientos se recrudecieron. Dos carabineros quedaron atrapados dentro de su vehículo, entre los manifestantes. Uno de ellos logró escapar y el otro, Mario Placanica se quedó en la camioneta, acorralado disparó frente a él, fuera del vehículo, matando a Carlo Giuliani.

Aunque las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas aplauden la Sentencia de la Corte Europea de los derechos humanos, quedan aún insatisfechas frente a una Ley que no parece reflejar un trabajo que demoró 26 años y que propone penas mínimas frente a un delito tan grave como la tortura. Parece que poco, o nada, cambió, desde los tiempos del gobierno de Berlusconi, que por cierto sigue teniendo gran responsabilidad en las órdenes relativas a la seguridad en Génova 2001 en esa noche en la escuela Díaz.

A dos meses de la sentencia y a 14 años de los hechos de Génova, el Estado italiano no ha tomado una postura clara y contundente sobre los pasos a seguir, así como cuáles serán las medidas de reparación a las víctimas después de haber sido condenado, a nivel internacional, por violaciones graves a derechos humanos. ¿Tendremos que esperar 14 años más para obtener justicia?

 

*Maria Cappello es directora del área de Desarrollo Institucional de la CMDPDH

 

 

«Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.».

El Arma de Carabineros es un organismo de seguridad del Estado italiano, es una de las cuatro fuerzas armadas de Italia. En su rol militar tiene jurisdicción sobre los miembros de las Fuerzas armadas como policía militar.

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