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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Crisis de derechos humanos en México: la violencia contra personas defensoras y periodistas en el contexto de la pandemia 
La pandemia no ha provocado la crisis, ha venido a profundizar y visibilizar la crónica debilidad de la salud del Estado en su labor de garantizar derechos humanos.
Por Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
17 de febrero, 2021
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Parece que México no atraviesa una crisis de derechos humanos al dejar el estado de tránsito e instalarse en un agudo retardo que se percibe interminable y posibilita una permanente situación de violencia y preocupante contexto de inseguridad. Esto propicia el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos, en especial contra aquellas personas que, ante la falta de respuestas de parte del Estado y sus instituciones que no cumplen adecuadamente su responsabilidad constitucional e internacional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos y libertades más fundamentales de toda la población, deciden buscar justicia y verdad usando su voz para defender derechos y ejercer la libertad de expresión.

Ante este escenario, un conjunto de organizaciones y redes de la sociedad civil, conformado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHHMX) y el Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través del Informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”, concluyen que ante la peligrosidad del contexto, el mejoramiento de las condiciones generales  democráticas y la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión es una tarea urgente, que no permite más espera.

Este contexto adverso para defender derechos y ejercer la libertad de expresión se debe, en gran medida, al inoportuno papel que ha jugado el Estado mexicano y la serie de decisiones que han tomado en sus tres niveles de gobierno, en el marco de la actual crisis sanitaria de la pandemia por COVID-19 – SARS-COV-2. Contraviniendo estándares internacionales, se ha hecho uso desproporcionado de la fuerza, cometiendo arbitrariedades contra población civil, vulnerando el derecho a la protesta social, incurriendo en agresiones y graves violaciones como tortura, abuso sexual, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, contra periodistas y personas defensoras, dentro del entorno de una política militarista impulsada por el aparato estatal.

Igualmente dentro de estas decisiones está el debilitamiento directo en términos presupuestales de mecanismos de protección de derechos humanos, derivado de la política de austeridad que ha priorizado el Gobierno. Un ejemplo concreto fue la eliminación, sin considerar las recomendaciones de la sociedad civil, de la figura del Fideicomiso del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas, el cual garantizaba la existencia de medidas de protección para personas defensoras y periodistas cuyas vidas están en riesgo, en un territorio donde es un peligro ejercer la labor periodística y el derecho a defender derechos humanos.

Es fundamental mencionar que este Informe demuestra que la pandemia no ha provocado la crisis, sino que ha venido a profundizar y visibilizar la crónica debilidad de la salud del Estado en su labor de garantizar derechos humanos. Antes de la pandemia, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ya se encontraban bajo un sistémico sometimiento de ataques y agresiones. Tan solo en el 2019, al menos 21 personas defensoras y 10 periodistas fueron asesinadas, y durante el año 2020, al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos les arrebataron la vida por motivos presuntamente vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Particularmente este informe devela el deterioro de las condiciones de 6 grupos prioritarios. Según el documento, 17 personas defensoras de la tierra y territorio fueron asesinadas debido a la realización de su labor; mujeres defensoras han experimentado el recrudecimiento de las agresiones durante la pandemia, registrándose agresiones contra 266 defensoras y 42 colectivos, de las cuales 49% fueron contra defensoras y 37% contra colectivas y/o periodistas. En el caso de este último grupo se registraron 112 agresiones contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia de COVID-19 y el asesinato de 6 periodistas. Las personas defensoras de migrantes y solicitantes de protección internacional han sido objeto de acciones de criminalización, campañas de desprestigio, actos de hostigamiento e incluso víctimas de agresiones físicas. Sobre personas defensoras de la población LGBTTTIQA+ se documentó el asesinato de 4 mujeres trans defensoras en el marco de la pandemia  y el agravamiento de condiciones desfavorables hacia este colectivo que perpetúan la discriminación y patrones de estigmatización y violencia. Y por último, en México siguieron desapareciendo personas en el marco de la pandemia; al menos 5000 personas fueron víctimas de esta grave violación (de enero a septiembre de 2020), por eso personas víctimas y familiares en labores de búsqueda continuaron y siguen en  labores búsqueda, tras un anhelo de verdad, justicia y reparación en territorio donde la justicia parece ser inalcanzable.

Ante los enormes retos que nos presenta este informe se articulan un conjunto de  40 recomendaciones dirigidas a diferentes actores regionales e internacionales y a autoridades de gobierno en todos sus niveles. Una propuesta que se recoge en las páginas de esta investigación colectiva es la necesidad de diseñar, construir e implementar, desde un enfoque participativo amplio y multiactor, una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas que no sea reactiva y atienda las causas estructurales de las violencias; que desde un enfoque preventivo y dotada de institucionalidad y recursos propicie condiciones sistémicas y generales que garanticen el goce de manera plena del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, donde estén involucrados de manera coordinada todas las entidades federativas, poderes estatales y órganos e instituciones competentes.

Para superar el impasse de eterno retardo, y movilizarnos hacia un afuera del estado de crisis es necesario apostar, entre otras, por acciones estructurales que ataquen las diversas violencias que generan agresiones, graves violaciones de derechos humanos y una sensación de prolongada impunidad, debido a la ausencia de justicia, provocando desesperanza y un sentido de fracaso en un país habitado por miles de víctimas en búsqueda de verdad y justicia.

@CMDPDH

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