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Verdad, justicia y reparación
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De suspensiones judiciales a suspensiones políticas: San Francisco Xochicuautla
Actualmente, la suspensión de las obras de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan se da en un ambiente de tensión política entre los involucrados y no en cumplimiento a la orden judicial de un juez federal, misma que es defendida en tribunales. Confiamos en que el derecho está de nuestro lado, por lo que utilizaremos todas las estrategias necesarias para defender el territorio y los derechos humanos de la comunidad Ñhathö.
Por CMDPDH
18 de abril, 2016
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Por: Carla Loyo Martínez

A pesar de que en México los derechos de los pueblos indígenas se encuentran ampliamente reconocidos a través de tratados y declaraciones internacionales, Constitución y leyes, para el gobierno del Estado de México éstos existen sólo en papel. Únicamente reconocen la materia agraria y analizan todo desde el progreso y desarrollo urbano, desde una economía de consumo y explotación y no desde la protección de las culturas indígenas y de los recursos naturales de su estado.

La resistencia Ñhathö de San Francisco Xochicuautla necesita poca introducción.

Diez años de camino hablan por sí solos; la defensa es por el agua, el bosque y la cultura. El violento desalojo y destrucción del hogar de la familia García, “El Castillo”, símbolo de la resistencia, espacio de encuentro, aprendizaje y organización, fue realizado con absoluta arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), acompañado de cientos policías pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. En poco tiempo destruyeron por lo menos ocho años de trabajo; el doctor Armando García Salazar y su familia habían construido esa casa con sus propias manos.

El lunes 11 de abril de 2016, una persona, quien se identificó como funcionario de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, pretendió notificar la demolición de su casa al doctor Armando, mostrándole solamente una copia del decreto de expropiación del 9 de junio de 2015, así como un convenio firmado entre el Comisariado de Bienes Comunales y la empresa Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V. -por supuesto, relacionada con Grupo Higa- sin ningún documento que fundara y motivara la afectación a los derechos del doctor García Salazar. Reconociendo la ilegalidad, el primer delegado se negó a recibir la documentación. Los desalojos, como él bien lo sabía, tienen que cumplir con ciertas garantías, como la notificación personal y avalúo previos.

La continuación de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan fue ordenada por el director general de SAASCAEM, incumpliendo así con las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, emitidas el 11 y 18 de febrero del presente año. En éstas se decretó la suspensión definitiva de la construcción de la autopista de cuota en el territorio expropiado, durante el trámite del juicio de amparo 771/2015, del cual conoce el juez Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México.

Sin atender a la anterior, pero ante la presión de la sociedad civil, de organizaciones, organismos internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SSDH), el gobierno de México se vio obligado a sentarse en la mesa.

La primera reunión se llevó a acabo por la noche del lunes 11 de abril en Toluca en oficinas del gobierno del Estado de México. En ella participaron el subsecretario de Gobierno de la región del Valle de Toluca, el director jurídico de SAASCAEM, ingenieros, el presidente municipal de Lerma y otros funcionarios, así como funcionarios de la SSDH; funcionarios del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDHP) de la SSDH -ya que muchos miembros de la resistencia forman parte del mismo; funcionarios de la CNDH, entre ellos el Secretario Técnico-, así como miembros de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la CMDPDH.

En la reunión el gobierno del Estado de México expuso a estas organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la CNDH una serie de argumentos -la mayor parte de ellos erróneos- a favor de la autopista y del consentimiento agrario. Asimismo indicaron que “según su criterio” no se encontraban violando ninguna suspensión, ya que ésta era muy amplia y no indicaba las fracciones de terreno que no pueden ser trabajadas. Un caso típico “más vale pedir perdón que permiso”, total, el daño ya está hecho.

El gobierno estatal comenzó a hablar del progreso y del desarrollo, de cómo las autopistas llevan a doctores y maestros a las comunidades para sacarlas de la pobreza; parecía no saber que acababan de destruir la casa de un doctor oriundo del lugar. A su vez, hicieron referencia al acta de asamblea agraria del 11 de agosto de 2014 en la cual un pequeño número de comuneros aprobaron el proyecto y la firma del convenio de ocupación previa, figura agraria que permite la ocupación del territorio mientras se realiza el procedimiento de expropiación. Dicha asamblea ha sido anulada mediante el juicio de amparo directo 48/2014. Se refirieron constantemente a los acuerdos a los que llegaron con el Comisariado de Bienes Comunales, a sabiendas de la existencia de otras estructuras políticas comunitarias, con mayor representatividad, como son los tres delegados municipales, una autoridad civil y comunitaria, que mantiene mecanismos propios de elección y del ejercicio de las funciones -las cuales se encuentran delimitadas por las necesidades de la totalidad de la comunidad-, así como por las decisiones de las asambleas comunitarias. Desconocen al Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, mismo que fue electo mediante voto directo en asamblea comunitaria.

Por supuesto, los funcionarios estatales no podían dejar fuera lo costoso que era para la empresa el retraso de la construcción. Una vez más, el dinero sobre los derechos. Sin reparo alguno, nos pidieron ayuda para que pudieran continuar con la construcción de la autopista; tampoco entienden que nosotros, como organizaciones no gubernamentales, acompañamos, no suplantamos. Esa noche no logramos nada; nos levantamos de la mesa sin acuerdo alguno. Las máquinas continuaron destruyendo el martes.

Mientras las máquinas continuaban su paso hacia una capilla, construida hace 70 años sobre el montículo de piedras en que, desde tiempos inmemorables, ha sido un lugar de ofrenda y oración para la comunidad y la cultura ÑHathö de la región, personas de la comunidad, de la sociedad civil, así como de la Oficina del Alto Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, se atrincheraron en la misma para impedir su destrucción. En la Ciudad de México, se llevaba a cabo la segunda reunión, también sin miembros de la comunidad, de conformidad con la voluntad de sus líderes.

Pocos fueron los avances por la actitud renuente del gobierno del Estado de México, de frenar la construcción, insistiendo que no se encontraban violando la suspensión otorgada por el Juez Federal. En este contexto, la CNDH emitió nuevas medidas cautelares para el cumplimiento de la suspensión judicial de la construcción; sin embargo, el Estado de México no ha querido aceptarlas. En la arena política, ante la presión de las diferentes organizaciones acompañantes, autoridades, así como por la gran cantidad de miradas en San Francisco Xochicuautla, suspendieron las obras.

En la tercera reunión consecutiva, en esta ocasión con miembros de la resistencia Ñhathö, organizaciones, e instituciones antes mencionadas, se llegaron a cinco acuerdos: mesas técnicas; suspensión de las obras durante el desarrollo de las mesas; reparación del daño patrimonial generado al doctor Armando García Salazar; reparación de tuberías dañadas por la maquinaria, misma que había dejado aproximadamente a 200 familias sin agua y, por último, la reducción al mínimo de la presencia de la policía estatal, quienes únicamente podían resguardar la maquinaria. Las tuberías ya fueron reparadas, se está analizando la reparación del daño del doctor García y se ha minimizado la presencia de la policía. Al parecer, todos los puntos se están cumpliendo.

En consecuencia de los acuerdos, la primera reunión de las mesas técnicas se llevó a cabo el viernes 15 de abril en las instalaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. Las partes acudieron con sus propios expertos: ingenieros civiles, de recursos naturales, geógrafos y antroppólogos. De manera absurda, el gobierno del Estado de México pretendía que la comunidad pusiera en la mesa una propuesta técnica, sin contar con la información -técnica- necesaria para ser analizada; ese fue el primer bache. Tardamos al rededor de tres horas en lograr que “soltaran” la información que nuestros técnicos requieren.

En cuanto a la parte cultural y antropológica, a pesar de ser señalada en numerosas ocasiones, los funcionarios estatales lo ignoraban, regresaban a la materia agraria, que excluye a la mayor parte de la comunidad. Incluso fueron invitados por miembros de la comunidad a recorrer una vereda de peregrinación del “Divino Rostro” para que conocieran la cultura; no respondieron a la invitación. Cuando por fin parecía que habíamos llegado a un acuerdo entre la comunidad y el gobierno, el director de SAASCAEM dijo que iban a continuar con la construcción de la autopista. Parecía que todo se rompía. Sin embargo, después de muchos debates, las mesas salieron a flote. El acuerdo, sin ser el mejor, es suspender parcialmente las obras, sin que máquinas y trabajadores puedan entrar más allá de donde se encontraban antes del lunes 11 de abril. Asimismo, se realizarán estudios culturales para determinar el daño social y cultural.

Paralelamente, desde la defensa jurídica se ha interpuesto un incidente de violación de suspensión, denunciando los actos de SAASCAEM en contra del territorio indígena y en contra de la resolución del juez Quinto. El miércoles 28 de abril, a las 9:00, se llevará a cabo la audiencia incidental en los juzgados federales del Estado de México. Las pruebas y argumentos que se han presentado en relación con la suspensión de la construcción entrarán en la fase de análisis del juez Quinto, quien tiene en sus manos los derechos fundamentales de la comunidad indígena Ñhathö de San Francisco Xochicuautla. Esperamos conocer su determinación la próxima semana.

Actualmente, la suspensión de las obras de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan se da en un ambiente de tensión política entre los involucrados y no en cumplimiento a la orden judicial de un juez federal, misma que se encuentra siendo defendida en tribunales; confiamos en que el derecho está de nuestro lado, por lo que utilizaremos todas las estrategias necesarias para defender el territorio y los derechos humanos de la comunidad Ñhathö.

Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., acompañamos en la estrategia jurídica a la resistencia Ñhathö de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, junto con el colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA.

 

* Carla Loyo Martínez es abogada de la @CMDPDH

 

 

 

El núcleo agrario está conformado por dos comunidades: San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción. En él viven al rededor de ocho mil personas; sin embargo, el padrón de comuneros, conformado el año de 2008, únicamente reconoce derechos a 882 personas, dividido a la mitad entre ambas comunidades.

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