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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Decreto presidencial para liberar a personas: insuficiente y discriminatorio
Una eventual decisión de política pública para poner en libertad a personas no debe darse como una medida graciosa o discrecional, sino como una medida de restitución en el marco de una política extraordinaria de reparación integral para personas detenidas arbitrariamente o torturadas por agentes del Estado.
Por Víctor A. Del Pozo R. y Víctor M. Meade C.
9 de agosto, 2021
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En la conferencia matutina del pasado jueves 29 de julio, Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas informaron que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial para liberar a personas privadas de la libertad que cumplan con ciertos requisitos, a más tardar el 15 de septiembre próximo.

Según lo señalado por el presidente, el decreto tendrá como ámbito de aplicación a: i) personas con diez años o más privadas de la libertad sin recibir sentencia por delitos no graves del fuero federal; ii) adultos mayores de 75 años privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal; iii) adultos mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal, y iv) personas privadas de la libertad en prisiones federales, de cualquier edad y por cualquier delito, que logren comprobar haber sido víctimas de tortura (sic) mediante un examen médico-psicológico realizado conforme al Protocolo de Estambul.

Si bien es cierto que el contenido final del decreto anunciado por el presidente aún es desconocido, estimamos que existen al menos dos grandes problemas con esta medida: la distinción realizada entre delitos graves y no graves es discriminatoria, y es desproporcionado e innecesario exigir el Protocolo de Estambul como condición indispensable para liberar personas que hayan sido torturadas.

Una distinción discriminatoria e irrazonable

La distinción entre personas acusadas de delitos graves y aquellas acusadas de delitos no graves resulta discriminatoria, pues tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el goce de ciertos beneficios que tienen un impacto directo en el derecho a la libertad personal y, en consecuencia, es una distinción que ignora el principio de igualdad.

En el caso Zaragoza y Zaragoza vs. México, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD) determinó que la distinción que realiza México entre personas acusadas de delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa, PPO) y aquéllas acusadas de otros delitos (que no ameritan PPO) es un motivo de discriminación prohibido por los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, el WGAD determinó que mantener a una persona privada de su libertad con base en esa distinción constituye una forma de detención arbitraria prohibida bajo normas fundamentales de derecho internacional.

Distinguir entre delitos graves y no graves además adquiere un magnitud aún más preocupante al considerar la desafortunada práctica legislativa de aplicar o aumentar penas privativas de la libertad, en lugar de instrumentar políticas públicas eficaces para inhibir las conductas no deseadas. Este fenómeno —conocido como populismo punitivo  es particularmente visible cuando el Estado eleva las penas de los delitos existentes o crea nuevos tipos penales para tratar de solucionar problemas sociales. A manera ejemplificativa, vale la pena mencionar las recientes reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, impulsadas por el oficialismo, que aumentaron dramáticamente el catálogo de delitos que ameritan PPO (delitos graves).

Esta distinción es también un despropósito frente al contexto de fabricación de culpables en México. La CMDPDH ha documentado la existencia de un plan o política de Estado para detener arbitrariamente a personas inocentes, torturarlas y acusarlas de delitos que no cometieron. El tipo de delitos de los que se les suele acusar varía conforme a la prioridad del momento o el enemigo interno designado en determinada época. A la par que se establecen las prioridades de política criminal, se suele designar a esos delitos como graves y, en consecuencia, miles de personas en México están privadas de su libertad por delitos graves que no cometieron.

Además, en México 1 de cada 2 personas que han sido torturadas fueron acusadas o sentenciadas por delitos de armas, delitos contra la salud o crimen organizado (delitos graves). En el mismo sentido, en el 71.6% de las recomendaciones emitidas por la CNDH por tortura, las víctimas de este crimen fueron acusadas por delitos que no cometieron.1 De esta manera, la distinción que se pretende hacer en el decreto tendrá por resultado excluir injustamente a una gran cantidad de personas inocentes que corrieron con la mala suerte de que se les acusara de un delito considerado grave.

La «demostración» de la tortura

Es importante hacer énfasis en que un dictamen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul no es un mecanismo idóneo para demostrar la tortura. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT), tras una visita a México en 2010, señaló que “(l)os principios del Protocolo de Estambul son evaluar el grado de consistencia entre los antecedentes de tortura/maltrato, el estado de salud/síntomas durante y después de la tortura/maltrato que se alega haber recibido y los resultados del examen médico-psicológico. En rara ocasión se puede llegar a documentar de manera plena que se dio un caso de tortura conforme a esos únicos parámetros”. En el mismo sentido, el SPT ha señalado que “la constatación de tortura no puede ni debe depender únicamente de ese dictamen (…) El SPT considera que rara vez los exámenes médicos realizados conforme al Protocolo de Estambul pueden ser suficientes para evidenciar casos de tortura”.

Además, no podemos ignorar el sinsentido que supone pretender obligar a que las víctimas prueben que fueron torturadas a través de un protocolo de Estambul cuando este tipo de dictámenes suelen ser realizados por personal que carece de independencia y competencia técnica, en un contexto en el que los dictámenes independientes suelen ser rechazados. Al respecto, tras su visita a México en 2014, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, reportó que “observó importantes deficiencias en la aplicación del Protocolo, tanto respecto a la práctica de los exámenes médicos, como a la interpretación y utilización de sus resultados. (…) El Relator Especial observó varios casos donde el resultado negativo del examen médico fue interpretado como evidencia de ausencia de tortura, tanto por fiscales para justificar no iniciar investigaciones, como por jueces para no excluir pruebas ni ordenar investigaciones. Esto contradice el espíritu del Protocolo”.

En ese sentido, más allá de los problemas que representa en sí mismo esperar que las víctimas comprueben haber sido torturadas a través de un dictamen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul, hay enormes deficiencias entre las personas que suelen aplicar estos dictámenes, lo que suele tener como consecuencia un resultado negativo. Esto podría provocar, en la práctica, que muchas personas no puedan acceder a los beneficios del decreto a pesar de que sí fueron torturadas. Además, consideramos que los supuestos de liberación no se deberán de limitar a personas que hayan sido torturadas, sino que se deberá incluir a todas las personas que hayan sido víctimas de detención arbitraria.

De igual forma, estimamos que, al menos en los términos en que fue planteado por el presidente y por la Secretaría de Gobernación, la operabilidad del decreto estará en función de la capacidad que tenga para sortear las intrincadas limitantes jurídicas inherentes a un documento de esta naturaleza. Para el caso de la liberación de personas con más de diez años en prisión preventiva por delitos no graves del fuero federal, será interesante ver qué fundamentos legales invocará el decreto para no invadir atribuciones que no le corresponden al Poder Ejecutivo, pues, al encontrarse en prisión preventiva —sin sentencia—, estas personas no podrán verse beneficiadas por un hipotético indulto, que sí es facultad del Ejecutivo. Por el contrario, al no existir sentencia, debemos tener presente que el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General de la República prevé que es facultad del Fiscal “autorizar el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, el desistimiento de la misma (…)”. Ahora bien, respecto del periodo de diez años, es preciso recordar que el artículo 20 constitucional prevé que la prisión preventiva no durará, en ningún caso, más de dos años. Con eso en mente, ¿por qué se discute de un periodo de diez años y no de dos?

Siguiendo la línea de periodos y plazos, habrá que estar también al pendiente de la temporalidad del decreto. El presidente precisó que todas las personas que se ubiquen dentro de los supuestos contemplados en el decreto deberán ser liberadas a más tardar el 15 de septiembre de este año. Si bien reconocemos que lograr los objetivos planteados por el decreto en esa fecha será loable, ese mismo plazo implicaría aún más restricciones para las víctimas; particularmente, para aquellas que no tienen acceso a defensa legal. La situación mexicana de personas inocentes privadas de la libertad requiere de una política integral de largo aliento.

Conclusiones

Estamos frente a un momento extraordinariamente relevante para impulsar la discusión en torno a la histórica deuda que se tiene con los cientos de miles de personas que se encuentran injustamente privadas de la libertad en prisiones mexicanas. Si bien el anuncio del presidente resulta contradictorio con las políticas de populismo punitivo que ha emprendido el partido del régimen, celebramos enormemente la apertura de un espacio para la discusión social detonada desde la más alta esfera del poder público.

En ese sentido, es indispensable que desde la sociedad civil hagamos nuestra esta lucha y aprovechemos esta oportunidad para la movilización de ideas y sugerencias para fortalecer la propuesta del presidente. En ese sentido, de manera preliminar, consideramos que una eventual decisión de política pública para poner en libertad a personas deberá considerar lo siguiente:

  • La liberación no debe darse como una medida graciosa o discrecional, sino como una medida de restitución en el marco de una política extraordinaria de reparación integral para personas detenidas arbitrariamente o torturadas por agentes del Estado.
  • La restitución de la libertad debe ser acompañada de otras medidas de reparación (restitución de otros derechos, satisfacción, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición). Particularmente, las liberaciones deberán ir acompañadas de un reconocimiento público de inocencia; la eliminación de todo registro o antecedente que vincule a la persona con la alegada comisión de los crímenes; disculpas públicas y reconocimientos de responsabilidad institucional; compensación por todas las categorías que se encuentran dentro del daño material y el daño inmaterial, incluyendo el daño al proyecto de vida; restitución de derechos laborales; entre otras. Todas las medidas de reparación deberán ser concertadas con las víctimas.
  • No se debe poner en las víctimas la obligación de probar que fueron torturadas. Las víctimas que ya cuenten con un dictamen médico-psicológico, independiente u oficial, que concluya que existen elementos concordantes con tortura; aquéllas que tengan una recomendación de un organismo de derechos humanos, aceptada o no, por tortura o detención arbitraria; quienes tengan un dictamen, opinión, sentencia o informe de organismo internacional por tortura o detención arbitraria; en los casos en que exista una sentencia contra un perpetrador por el delito de tortura; o casos similares, las víctimas deberán ser puestas en libertad absoluta e inmediata. Las personas que se encuentren en una situación jurídica distinta, y que aleguen tortura o detención arbitraria, deberán poder acceder al mecanismo a continuación referido.
  • Se debe crear una comisión de indagación conforme al Protocolo de Estambul, conformada por expertas independientes, que tenga el mandato, recursos, personal, autonomía y facultades para analizar e investigar los casos de personas que aleguen haber sido víctimas de tortura o detención arbitraria y que, tras su investigación, puedan emitir dictámenes en donde soliciten liberaciones y otras formas de reparación.
  • Se debe establecer una institución que permita operar el decreto presidencial, que materialice los dictámenes de la Comisión de Indagación y de todos los solicitantes de liberación, con las más amplias facultades para poner en inmediata y absoluta libertad a personas torturadas o detenidas arbitrariamente y ordenar reparaciones. Es absolutamente indispensable que la operación del decreto no se le delegue a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, como se hizo con las Mesas de Justicia o la Ley de Amnistía, y que se garanticen condiciones adecuadas de autonomía e independencia.
  • Se deberá eliminar la restricción indebida al acceso a estos beneficios basada en la distinción entre personas acusadas de delitos graves y de delitos no graves.

* Víctor Del Pozo es abogado del CIDE y coordinador del Área de Defensa de la CMDPDH. Víctor Meade es estudiante de Derecho en el CIDE y becario en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

 

1 Análisis a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

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