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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Defender derechos humanos en tiempos de pandemia
A más de 5 meses de decretada la emergencia sanitaria, se han agudizado las agresiones y limitaciones contra personas defensoras y periodistas.
Por Espacio OSC
11 de agosto, 2020
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Al inicio de la pandemia, el gobierno mexicano estableció dentro de sus actividades y programas la defensa de derechos humanos como un eje prioritario1. A más de 5 meses de decretar las primeras medidas para enfrentar la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, las agresiones y limitaciones contra personas defensoras y periodistas no solo persisten, sino que se han agudizado. Esto a consecuencia del continuo deterioro de las condiciones en que ejercen su labor, de la crisis de violencia de los últimos años, de la persistente impunidad en los crímenes cometidos, así como la continuidad de políticas extractivistas, y la adopción de medidas que restringen la defensa de derechos humanos y de libertad de expresión.

En lo que va del año se tiene documentado que al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, principalmente quienes defendían el medio ambiente, derechos humanos de las mujeres y población LGTB+, así como el asesinato de al menos 2 periodistas por su labor periodistica2. Además de las graves violaciones a los derechos humanos, las personas defensoras y periodistas continúan enfrentando actos de desprestigio, intimidación y hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y ataques digitales, el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y uso arbitrario del sistema de justicia en su contra, provenientes principalmente de actores estatales.

Sumado al contexto de violencia, preocupa que durante la emergencia sanitaria se han adoptado medidas que conllevan a un impacto negativo para la labor de defensa de derechos humanos y de información, como es el caso de las políticas de austeridad, entre las que se contempla el 75% de recorte presupuestario para los gastos operativos de toda la administración pública federal; el debilitamiento de instituciones responsables de garantizar y defender derechos humanos, como la propia CNDH, la CEAV y el CONAPRED; la militarización a través del Acuerdo3 que dispone de la Fuerza Armada permanente para labores de seguridad pública, así como la continuación de proyectos extractivos como una estrategia para la recuperación económica, en perjuicio de comunidades que defienden sus territorios como es el caso del Tren Maya y el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec.

De igual forma, la suspensión de plazos y de atención en distintos juzgados del país ha significado el alargamiento de procedimientos, limitación de garantías, así como el incremento de riesgo para la salud de personas defensoras criminalizadas y privadas de su libertad. Esto ha limitado a personas defensoras, colectivos y periodistas a emprender acciones judiciales en protección de sus derechos, sin que cuenten con ninguna garantía institucional en su defensa. Por ejemplo, el 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche presentó un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían para la construcción del tren. Sin embargo, la acción legal fue rechazada bajo el argumento que no era un “asunto de urgencia”4.

Ante la falta de garantías para ejercer el derecho de acceso a la justicia, que se refleja en más del 99% de casos en impunidad, las condiciones generadas por la emergencia sanitaria han sepultado cualquier posibilidad de mejorar mecanismos de fortalecimiento de procesos de justicia. A la fecha no se cuenta con un plan de persecución penal de delitos contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, que establezca objetivos y acciones a llevar a cabo, particularmente en el contexto del confinamiento a causa del COVID 19.

Lo anterior agrava la situación de miles de personas víctimas, e impacta de manera diferenciada a mujeres, quienes ante el confinamiento enfrentan el riesgo de sufrir violencias sobre todo cuando se encuentran confinadas con el agresor. En ese sentido, la situación de mujeres defensoras se agudiza por la violencia en su contra. De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, entre enero y junio se registraron 574 agresiones hacia 266 mujeres defensoras y 42 colectivos. La mayoría de las agresiones ocurrieron en Oaxaca (15.7%), Ciudad de México (6.8%) y Jalisco (4.4%). Durante el confinamiento, las defensoras han sido víctimas principalmente de campañas de desprestigio, intimidación y hostigamiento, amenazas y restricción a la libertad de expresión.

Frente a este contexto, ha quedado claro que en México no existe un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos y libertad de expresión. Por ello resulta imprescindible que el Estado mexicano implemente una política de protección integral para garantizar que quienes defienden nuestros derechos humanos y nos informan, puedan ejercer su labor libremente, con el reconocimiento social y las condiciones necesarias tanto físicas, digitales, psicosociales y legales para su ejercicio.

Ante el debilitamiento institucional que presenciamos, y dado que los efectos de la emergencia sanitaria, social y económica aún son imprevisibles, hoy más que nunca resulta apremiante seguir construyendo redes y alianzas entre personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes inexorablemente seguimos resistiendo y construyendo, pese a la adversidad.

* El Espacio OSC (@EspacioOsc) es una articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil, mexicanas e internacionales, dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. El Espacio OSC se conforma por: ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

 

1 SEGOB, Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 23 de abril 2020. Disponible aquí.

2 Espacio OSC, México: Organizaciones de DDHH denuncian ante la CIDH agravamiento del riesgo para personas defensoras y periodistas en México. Disponible aquí.

3 SEGOB, Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, 11 de mayo 2020. Disponible aquí.

4 Fundación para el Debido proceso, Poder Judicial federal impide defensa de comunidades urbanas e indígenas frente al Tren Maya, 28 de abril de 2020. Consulta disponible aquí.

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