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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Defender es no olvidar
Si durante la administración de Peña Nieto las y los defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones de la sociedad civil éramos perversamente considerados defensores de delincuentes, hoy bajo la administración de López Obrador se nos cuestiona nuestra afinidad política y lealtad partidista.
Por CMDPDH
25 de febrero, 2019
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Por: Olga Guzmán Vergara (@OlGuz)

Hace ya dos años que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, visitó México. Su diagnóstico fue alarmante. Tal como se puede leer en su informe relacionado a su visita al país, “e quedó estupefacto con la extrema violencia en México, el clima de impunidad casi absoluta y la presunta corrupción e infiltración de las fiscalías y las fuerzas de seguridad por elementos criminales. Al mismo tiempo, le sorprendieron gratamente la resiliencia de los defensores de los derechos humanos y la valentía de que hacían gala en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”.

Y es que no se puede eludir que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto prevalecía un ambiente altamente peligroso para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. Campañas de desprestigio y ulteriores actos de criminalización emprendidas por altos funcionarios del Ejecutivo en contra de quienes defienden sus tierras y territorios en contra de megaproyectos; narrativas venidas del propio expresidente cargadas de estigmas, e incluso de odio, en contra de las personas críticas del modelo de seguridad de corte militar impuesto de facto desde el 2006; desacreditación de personas defensoras de derechos humanos quienes exigen un debido proceso ante la fabricación de culpables bajo el uso de la tortura, entre otras preocupantes acciones en contra de la agenda de derechos humanos, han sido el contexto bajo el cual personas defensoras de derechos humanos ejercen, con valentía y arrojo, su labor en el país.

Ha sido bajo este contexto que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró durante el 2018, 12 asesinatos de periodistas y 13 de personas defensoras de derechos humanos. Cabe resaltar que esta cifra es muy modesta comparadas con las registradas por organizaciones como la Red TDT y el Comité Cerezo. Pese al potencial subregistro, la expresión es contundente: al menos una persona defensora de derechos humanos fue asesinada mes con mes en México el año pasado. Ante esta desconcertante realidad, no nos queda más que preguntarnos ¿por qué defender derechos humanos en México es un trabajo tan letal?

Entre una serie de explicaciones de carácter estructural para responder esta pregunta, quizás la principal razón se relacione a que el trabajo de las y los defensores de derechos humanos no es reconocido ni considerado como fundamental para la democracia y la consolidación del Estado de derecho en nuestro país.

Y es ante esta importante omisión y falta de voluntad por reconocer el valor de la defensa de derechos humanos en la consolidación democrática de México, que desde que comenzó la administración de AMLO hace cerca de tres meses, las y los defensores de derechos humanos siguen desempeñando su labor en un ambiente de alto riesgo.

Defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes de colectivos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que han abiertamente contribuido de forma técnica, especializada, profesional y genuina por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y una #JusticiaSinPretextos, se encuentran hoy, sin exageración alguna, bajo asedio.

Si durante la administración de Peña Nieto las y los defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones de la sociedad civil éramos perversamente considerados defensores de delincuentes y expertos en la alegación de la tortura como artilugio para obtener la liberación de las personas acusadas, hoy bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador se nos cuestiona nuestra afinidad política y lealtad partidista. Si nuestra lucha por la justicia y verdad no se alinea a la agenda política del mandatario, entonces nuestros principios y objetivos resultan ilegítimos.

Pese a que hace dos años el Relator de la ONU, Michel Forst, recomendara al gobierno de México reconocer públicamente, a nivel federal y estatal, el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad, así como condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos y los intentos de desacreditarlos, en la actualidad, la administración de López Obrador parece hacer justo lo contrario.

Un día las organizaciones de la sociedad civil somos señaladas “fifis” y conservadoras; otro, defensores de tierra y territorio son denominados “radicales de izquierda”. Preocupantemente, las y los defensores menos visibles son los más perseguidos, agredidos e incluso asesinados. Tan solo en lo que va del 2019 (ni dos meses), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 7 asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos.

El artero asesinato del defensor de derechos humanos Samir Flores, ocurrido después de que el presidente designara a las y los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua como enemigos del proyecto termoeléctrico impulsado por el mandatario, es una contundente expresión de que las luchas de los movimientos sociales, la reivindicación por la dignidad y la justicia y la defensa de derechos humanos que no correspondan con el proyecto del presidente serán perseguidos. En esto, no ha cambiado nada la administración desde que llegó al poder, las estrategias siguen siendo las mismas: se nos desarticula, se nos desplaza, se nos divide y polariza, se nos difama, se nos cuestiona, se nos silencia, y aún cuando ya silenciados, se nos vuelve a difamar y a criminalizar.  

Ante esta desoladora realidad, hace unos días la CMDPDH y Propuesta Cívica acogimos un encuentro internacional en la Ciudad de México con más de 100 personas defensoras de derechos humanos y periodistas de diversos estados de la República mexicana, y de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. Pese a la diversidad de luchas y trincheras, mantuvimos algo en común: para nuestros Estados, no es un prioridad defender a sus defensores/as de derechos humanos. Paradójicamente, pese a las contribuciones que aportamos en nuestras democracias, seguimos siendo considerados como enemigos de gobiernos. Solicitarle protección a esos gobiernos que repelen nuestras luchas en situaciones de peligro, resulta un dislate. Es por ello que cada vez nos articulamos más, cruzamos fronteras para entretejer redes, y decidimos cuidarnos, defendernos, arroparnos, pero sobre todo, no olvidar.

No olvidamos que la militarización de la seguridad en nuestro continente ha propiciado crímenes atroces, no olvidamos que la corrupción entre la clase política y los intereses privados y comerciales ha despojado a comunidades enteras de sus territorios, no olvidamos que las mujeres y niñas seguimos siendo oprimidas, no olvidamos a las miles de madres y padres que buscan a nuestros desaparecidos, no olvidamos a las personas inocentes privadas de la libertad en centros de reclusión y no olvidamos la impunidad y un sin fin de agravios, cometidos o solapados por el Estado, por los cuales seguimos exigiendo justicia.

Michel Forst tiene razón, la resiliencia que mantenemos las personas defensoras de derechos humanos, en contextos sociales y políticos tan acuciantes, nos mantiene con voz, y a algunas aún con vida. Pero lo importante, es no olvidar.

Defender es no olvidar a Sinar Corzo, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Gustavo Cruz Mendoza, Bernardino García Hernández, Oscar Cazorla, José Rafael Murúa Manríquez, Jesús Ramos Rodríguez y Samir Flores, defensores de derechos humanos y periodistas asesinados durante el 2019.

 

* Olga Guzmán es coordinadora del área de incidencia de la @CMDPDH.

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