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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Derechos humanos y el “estado poscolonial” mexicano
A pesar de todas estas innovaciones legales e institucionales, los niveles de violaciones a los derechos humanos no han mejorado en la práctica o, incluso, en distintas materias, han empeorado dramáticamente.
Por Alejandro Anaya Muñoz
9 de diciembre, 2019
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En una investigación realizada desde el ITESO y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hemos encontrado que las normas y los órganos internacionales de derechos humanos han sido muy importantes en la definición del rumbo que ha tomado la agenda en la materia en nuestro país. Claramente, dicha estructura normativa e institucional internacional ha jugado un papel central dentro de dinámicas más amplias de presión e influencia “desde arriba” y “desde abajo” que durante muchos años han logrado impulsar una serie de importantes reformas. En los últimos quince años, el Estado mexicano ha sido persuadido a adoptar nuevas leyes o a reformar las ya existentes en materia de igualdad entre hombres y mujeres, violencia contra la mujer, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las víctimas, tortura, desaparición forzada, migración y derechos de las personas con discapacidad, entre otros. En el mismo sentido, ha establecido una diversa gama de instancias gubernamentales en principio dedicadas a implementar las agendas de derechos humanos correspondientes. Por supuesto, en 2011 el Congreso adoptó una reforma constitucional de gran envergadura y potencial, que clarificó y fortaleció “el lugar” de los derechos humanos dentro de la estructura normativa del Estado mexicano. Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones legales e institucionales, los niveles de violaciones a los derechos humanos no han mejorado en la práctica o, incluso, en distintas materias, han empeorado dramáticamente.

¿Cómo podemos explicar que teniendo un marco legal e institucional en buena medida “alineado” con los estándares internacionales seguimos viviendo en un país azotado por los feminicidios, la discriminación, la tortura, las desapariciones, la trata de personas, las ejecuciones, la falta de acceso a la salud y la educación y un largo etcétera? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta no es simple. Las relaciones causales detrás de la crisis de derechos humanos en México son múltiples. En esta ocasión, no obstante, me quiero centrar en una explicación concreta, que destaca el “tipo” de estado que tenemos y las altas expectativas que hemos puesto en la armonización legislativa y el establecimiento o la reforma institucional.

La socióloga Kate Nash ha planteado un argumento esclarecedor con respecto a este tipo de cuestiones. La autora plantea, de entrada, que los estados no son autónomos de las estructuras sociales en las que están inmersos y que la naturaleza o las características de dichas estructuras condicionan o definen el tipo de Estado con el que los activistas de derechos humanos se enfrentan. En este sentido, Nash propone una tipología de tres tipos de estados, que a su vez se desprenden de “estructuras sociales” particulares: el “estado judicial”, el “estado postcolonial” y el “estado predador”. Me parece que los dos primeros tipos son los que más importan para una reflexión sobre el caso de México.

El “estado judicial” es el que se autocontrola a sí mismo en el uso de la coerción: el límite o lo que se vale y no se vale en este sentido está dado por la ley. La legitimidad del Estado viene, en este caso, de la legalidad en la actuación del Estado. De esta manera, en este tipo de contextos, hace mucho sentido que el movimiento de derechos humanos se enfoque en buscar que los derechos humanos sean incorporados a la legislación nacional: siendo que la aplicación o el cumplimiento de la ley es lo común, una vez establecidos o incorporados a la legislación nacional, los derechos humanos serán en términos generales respetados y garantizados. O al menos eso será lo habitual.

El “estado postcolonial”, por su parte, se encuentra inmerso en estructuras sociales muy distintas, en que la legalidad no es lo más apreciado o valorado. La legitimidad en este tipo de estados no viene de la aplicación de la ley sino más bien de la distribución clientelar (y por lo tanto selectiva y condicionada) de algunos bienes y favores, en algunas ocasiones a algunos grupos o sectores sociales, a menudo por conducto de la intermediación de un tercero. En este tipo de estados, como subraya Nash acertadamente, la codificación de los derechos humanos en la ley no genera cambios significativos en el comportamiento de los actores en el terreno; no resulta en altos niveles de respeto o vigencia de derechos, porque la ley de por sí no se aplica “en automático”, ni de manera habitual o cotidiana. Los derechos humanos pueden estar consagrados en las leyes (nacionales e internacionales) pero se siguen violando. En este tipo de casos, enfatiza Nash, lo que se necesita no son solamente buenas o mejores leyes, sino más bien una profunda reforma de las estructuras sociales imperantes.

Claramente, en la práctica, el Estado mexicano es más cercano al “estado postcolonial” que al “judicial”. En México, el Estado no “sirve para” aplicar la ley, sino para distribuir algunos bienes, a algunos grupos o sectores sociales concretos, en algunas ocasiones. Esto plantea una desconcertante paradoja: el movimiento nacional de derechos humanos y sus aliados externos (entre los que destacan los órganos especializados en la materia de la ONU y la OEA) han enfatizado la agenda de armonización legislativa y el desarrollo institucional. Han centrado sus baterías en “arrancarle” reformas (leyes e instituciones) al Estado. Sin embargo, en un país como México, con el tipo de estructuras sociales y de Estado que tenemos, eso no nos ha llevado ni nos llevará demasiado lejos. Sin negar el potencial protector de las distintas piezas del renovado marco jurídico mexicano en materia de derechos humanos, y por supuesto reconociendo la necesidad de seguir monitoreando, presionando y argumentando con el Estado, es imperativo buscar transformar las estructuras sociales que, a su vez, determinan el tipo de Estado que tenemos. Por supuesto, esto implica cambios estructurales enormes y de gran profundidad. Lograrlos o al menos avanzar en ese camino no solamente puede depender de lo que haga el movimiento de derechos humanos en sí. Es una tarea de largo, muy largo aliento, en la que tenemos que involucrarnos todo tipo de actores.

* Alejandro Anaya Muñoz (@alejandroanaya) es Profesor-investigador y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

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