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Verdad, justicia y reparación
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Derechos humanos: lo que el gobierno no quiere ver
La negación de lo que pasa hoy en México es más cercana a una situación de violaciones abiertas a los derechos humanos, que a una en la que el gobierno (en cooperación con sus críticos internos y externos) auténticamente se esfuerza por romper inercias, cambiar actitudes y transformar resultados.
Por CMDPDH
21 de marzo, 2016
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Por: Alejandro Anaya Muñoz (@alejandroanaya)

La reacción del gobierno mexicano al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma un patrón en el uso de la “negación” como respuesta al escrutinio crítico internacional en materia de derechos humanos. México, en efecto, ha sido sometido a este tipo de presión “desde afuera” de manera consistente desde hace al menos 30 años, cuando las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del levantamiento del EZLN en Chiapas propiciaron el surgimiento de una amplia y activa “Red Transnacional de Promoción y Defensa” de los derechos humanos. En aquellas épocas (mediados de los noventas, del ya lejano siglo XX), la respuesta del gobierno priista encabezado por Ernesto Zedillo fue primordialmente la negación. Ahora, tres décadas después, la respuesta de otro gobierno del PRI es la misma: negar.

El fenómeno de la negación como herramienta para administrar la presión por parte de gobiernos criticados “desde afuera” fue estudiada de manera destacada por el sociólogo sudafricano Stanley Cohen (quien lamentablemente murió hace pocos años). Cohen desarrolló una tipología de tres tipos de respuestas basadas en la negación: el “discurso clásico de negación”, la “contraofensiva” y el “reconocimiento parcial”.

En el primer tipo, la negación puede ser literal (“no es cierto que pase lo que dicen que pasa”), interpretativa (“realmente lo que está pasando no son violaciones a los derechos humanos sino otra cosa”) y justificatoria (“tenemos que hacerlo, no hay otra opción”). Una respuesta basada en la “contraofensiva”, por su parte, se basa en la táctica de “matar al mensajero”, cuestionando sus intenciones y motivos y por lo tanto atacando su legitimidad. Mientras que en el “reconocimiento parcial”, los gobiernos criticados consienten en parte e intentan tomar las críticas con cierta seriedad y aprender algo de ellas. Sin embargo, como lo dice su propio nombre, el reconocimiento es matizado utilizando tres mecanismos concretos: el “aislamiento espacial” (“se trata solo de casos aislados o localizados”), la “contención temporal” (“los hechos sucedieron en el pasado”) o la “autocorrección” (“estamos haciendo lo mejor que podemos para resolver el problema”).

Evidentemente, el actual gobierno mexicano ha estado recurriendo a distintos tipos de negación. De manera destacada, ha utilizado la “negación literal” al responder a distintos actores internacionales que lo que dicen que pasa realmente no pasa (que la tortura no es generalizada, por ejemplo) o que lo que dicen es una exageración. Por otro lado, la negación literal ha sido complementada de manera particularmente temeraria por el contraataque, al grado que el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su visita reciente al país, explícitamente le pidió al gobierno que no buscara matar al mensajero, sino que intentara escuchar el mensaje.

Finalmente, se podría plantear que en cierta medida el gobierno también está recurriendo al “reconocimiento parcial”, desarrollando argumentos de “aislamiento espacial”, sobre todo. Ya nos habíamos acostumbrado que el gobierno recurriera más al “reconocimiento parcial” y mucho menos a la negación literal y menos aún a la contraofensiva. El cambio en este sentido ha sido notorio en los últimos dos años.

La negación, por otro lado, es un componente importante del “modelo de espiral de cambio de derechos humanos”, desarrollado por el politólogo alemán Thomas Risse y sus colegas. La negación es la segunda de cinco etapas por las que en teoría transita la situación de un país represor que es sometido a la presión internacional. La fase de negación le sigue a la de “represión”, y es previa a la de “concesiones tácticas”, “estatus prescriptivo” y, finalmente, “comportamiento consistente con la norma”.

Muchos pensábamos que México había dejado la etapa de negación hace muchos años, y que la situación se había atorado en la cuarta etapa del modelo, caracterizada por el establecimiento y el desarrollo de las normas y las instituciones necesarias para hacer los derechos humanos una realidad. Nuestras discusiones se centraban entonces en las condiciones en las cuales podría eventualmente darse la transición hacia la última etapa, en que el respeto a los derechos humanos se normaliza y es la práctica habitual de los actores. Cosa que se presentaba como poco probable en el corto plazo, pero al menos como teóricamente posible. Lo que vemos ahora, no obstante, son señales repetidas de una regresión hacia la etapa dos del modelo. En efecto, las importantes reformas que se han adoptado en los últimos años y que son características de la tercera y cuarta etapas siguen ahí, como una especie de “ancla” o “candado”, que evitan de cierta manera el retroceso.

En buena medida, el modelo espiral cruje y pierde nitidez al intentar aplicarlo a la compleja realidad mexicana. Pero, por supuesto, el modelo y su poder analítico no es lo que importa realmente. Desde una perspectiva práctica, lo que importa es que, en efecto, la negación es más cercana a una situación de violaciones abiertas a los derechos humanos, que a una en la que el gobierno (en cooperación con sus críticos internos y externos) auténticamente se esfuerza por romper inercias, cambiar actitudes y transformar resultados.

Desde una perspectiva estratégica, el gobierno se está equivocando a lo grande. Se está metiendo un autogol o se está dando un balazo en el pie. En el corto y mediano plazo, la negación solamente le dará más impulso al “boomerang” de la presión internacional. De esta manera, la negación gubernamental le puede favorecer al movimiento nacional de derechos humanos, haciéndole más fácil el trabajo a nivel internacional. Pero eso no es mucho consuelo, pues por otro lado implica, en cierta medida, volver a empezar en el largo y sinuoso proceso de hacer los derechos humanos una realidad.

 

*Alejandro Anaya es profesor-investigador del CIDE y miembro del Consejo Directivo de la @CMDPDH.

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