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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Destruir al enemigo: el Estado y la fabricación de culpables
Hoy nos enfrentamos a un escenario en el que el Estado ha privado de su libertad a una cantidad elevadísima de personas inocentes, en donde se han destinado cantidades enormes de recursos públicos para destruir la vida de personas que nunca debieron ser alcanzadas por la mano del sistema penal.
Por Víctor A. Del Pozo R. y Juan F. Sánchez C.
22 de febrero, 2021
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Durante las últimas décadas se ha acumulado evidencia que apunta a que la fabricación de culpables se ha practicado de manera generalizada en todo el territorio nacional. Bajo el pretexto de una amenaza abstracta e incesante a la seguridad de las personas y del propio Estado, se construyó la idea de un enemigo interno al que se debe de destruir a toda costa. Esta política ha provocado que las policías y las fiscalías tengan como mandato central el rendir resultados observables y espectaculares en la lucha contra el enemigo público del momento, para mostrarse como instituciones capaces y eficientes. Así, cuando el objetivo institucional es mostrar resultados, la mano abusiva y arbitraria del Estado a veces (las menos) alcanza a personas culpables y otras (las más) alcanza a personas inocentes.

La fabricación de culpables representa una evidencia incontrovertible de la existencia de un Estado de derecho selectivo y criminal que ha destruido incontables proyectos de vida y ha generado consecuencias individuales y colectivas todavía poco dimensionadas. En este blog, buscaremos explorar -a grandes rasgos- las consecuencias que suelen generar las distintas etapas del proceso de fabricar a un culpable.

Primer acto: la detención arbitraria y el tribunal paralelo

Los casos de fabricación de culpables suelen iniciar con una detención ilegal y arbitraria. Las autoridades suelen construir falsas flagrancias, a través de la siembra de evidencia incriminatoria, para justificar la constitucionalidad de la detención. Las consecuencias de ello son gravísimas pues -como podemos ver en el Caso Tlaxcala– no importa que las personas sean eventualmente absueltas del delito derivado de la supuesta flagrancia (típicamente delitos de drogas o relacionados con portación de armas) porque, en el periodo entre la detención y la sentencia, el Estado ya fabricó las pruebas necesarias para acusar a las víctimas de otros delitos (típicamente secuestro, homicidio, delincuencia organizada, o cualquiera que sea la prioridad del momento) que permiten extender hasta el infinito la privación injusta de la libertad.

Además, en tanto el objetivo de estos procesos es que las fiscalías y las policías puedan presumir ante la sociedad su enorme capacidad para combatir al enemigo, es una práctica común que se someta a las víctimas a tribunales paralelos. Esto es, se presenta a los culpables fabricados en aparatosas conferencias de prensa en donde el simbolismo de lo criminal está claramente presente. Las consecuencias de estas acciones se extienden mucho más allá de esta primera etapa, pues los tribunales mediáticos dejan una marca indeleble en las víctimas y las condena a cargar con una condena anticipada.

Segundo acto: la tortura y otros tratos crueles

Del análisis de los casos que acompañamos en la CMDPDH, hemos encontrado que la tortura está presente en prácticamente todos los casos de fabricación de culpables. Es decir, pareciera que inducir dolor, angustia, sufrimiento y terror es un elemento esencial en el proceso de incriminación de una persona inocente.

En estos casos, la tortura puede tener distintos objetivos; desde el más común en el imaginario colectivo, que es usar la tortura para obligar a que una persona admita una culpabilidad propia o ajena, como sucedió en el caso de los Hermanos Razo Casales; hasta el usar a la tortura como un medio de terror estatal para anular la dignidad de la persona, destruir su capacidad de reacción y forzarla a cooperar en métodos de incriminación más complejos, como en el Caso Tlaxcala, en donde Sergio, Mario, Jorge, Hugo, Oswaldo y José María fueron brutalmente torturados para obligarlos a hacer grabaciones de voz fingiendo ser secuestradores, en un intento de simular las negociaciones telefónicas.

No es menor señalar que en el 71.6% de las recomendaciones por tortura emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las víctimas de este crimen atroz también hayan sido privadas de su libertad por crímenes que no cometieron: “(c)uando en algún país nos detiene la policía y sintiéndonos inocentes podemos estar tranquilos, sabemos que estamos en un Estado de derecho. Cuando no sabemos qué nos pueda pasar una vez detenidos, estamos en el reino de la arbitrariedad, no en un Estado de derecho”.1

Tercer acto: la privación injusta de la libertad

La detención arbitraria, la fabricación de pruebas y flagrancias, las torturas y los tribunales paralelos generan las condiciones propicias para privar de la libertad a una persona inocente de manera permanente o prolongada. Si a ello le sumamos el régimen de derecho penal del enemigo que ha constitucionalizado la prisión preventiva oficiosa para los enemigos públicos del momento, y el régimen de excepción que impide que las personas acusadas de ciertos delitos puedan gozar de distintos derechos en el proceso penal, se vuelve evidente que el aparato estatal está diseñado para que las personas inocentes acusadas de delitos como secuestro o delincuencia organizada tengan que pasar un largo tiempo privados injustamente de su libertad, aun cuando no tengan sentencia o una acusación formal medianamente sustentable.

De esta forma, el régimen penal al que son sujetas las personas a las que se les fabrica una culpabilidad les impone una condena anticipada que frustra por completo el proyecto de vida de las víctimas y sus allegados, con todas las consecuencias que eso supone para la vida de las personas. 

Cuarto acto: la prisión, la muerte o el estigma

La fabricación de culpables acarrea un ambiente hostil, degradante y lesivo en contra de las víctimas, mismo que no es momentáneo o efímero, sino que se extiende en el largo plazo y no solo afecta al individuo que la sufre, sino también a su familia y sus comunidades. La evidencia en los casos muestra que la fabricación de culpables tiende a condenar a las personas inocentes a tres posibles escenarios: el primero, una prolongada o perpetua privación injusta de la libertad; el segundo, y el más improbable, la restitución de la libertad, y el tercero, la muerte (o más propiamente, la ejecución extrajudicial).

En el primer escenario, el culpable fabricado se tiene que enfrentar al dolor y la frustración que provocan estar imposibilitado de disfrutar de su libertad, al ser obligado a cumplir una condena con la que no debería de cargar, en el contexto de un sistema penitenciario cruel y despiadado que obliga a que las personas vivan en condiciones deplorables y que exprime hasta el último centavo de las víctimas y sus allegados.

En el segundo, las víctimas que excepcionalmente consiguen recuperar su libertad (en algunos casos cumpliendo la condena y en otros por la lucha judicial emprendida) se enfrentan a un entorno lastimero y degradante. La fabricación de culpables somete a sus víctimas a un nuevo ciclo de revictimización y discriminación pues les obliga a cargar con los prejuicios derivados de la culpabilidad que les construyó el aparato estatal con el apoyo de los medios de comunicación masiva. A ello se le suman las secuelas físicas y psicológicas derivadas del proceso.

Las personas a las que se les acusa de una falsa culpabilidad se enfrentan a un entorno inquisitivo que señala, prejuzga y ataca a quienes consideran no aptos para convivir entre los demás. El haber atravesado por un proceso judicial, haber aparecido en los medios de comunicación como un delincuente, y haber pasado por el sistema penitenciario crea un estigma que afecta la percepción que se tiene de las víctimas y provoca que las personas carguen con una loza permanente que anula o menoscaba las posibilidades de reconstruir su proyecto de vida.

En el tercero, vemos que las condiciones penitenciarias, las torturas, la frustración del proyecto de vida, el desgaste y las complicaciones de salud física y mental que se derivan de ello provocan que la fabricación de culpables alcance su objetivo último de destruir al enemigo al provocar que personas que fueron acusadas de un delito que no cometieron mueran sin justicia y sin libertad. Como pudimos ver en el caso de Don Pepe, los dispositivos de tortura a los que son sometidas las víctimas de fabricación de culpables tienen la capacidad de acabar con la vida de una persona que muy probablemente seguiría viva de no ser por la estrategia estatal de incriminar a personas inocentes.

Conclusiones

Por las consecuencias que provoca, la fabricación de culpables es una violación pluriofensiva de derechos humanos, pues con ella se suelen violar normas de ius cogens como la prohibición absoluta de la detención arbitraria o la prohibición absoluta de la tortura; pero, además, se violan los derechos a la libertad y seguridad personales, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a las garantías judiciales, al respeto a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica e, incluso, el derecho a la vida.

Como vimos, aun las víctimas que logran vencer al aparato estatal al conseguir recuperar su libertad se enfrentan a la revictimización, el estigma y la discriminación. Es urgente que desde la sociedad civil sumemos esfuerzos para impulsar el reconocimiento del enorme problema público que supone la fabricación de culpables. Enfrentar esta crisis supondrá cuestionarnos, ¿qué hacer para devolverle la vida que se les arrebató?, ¿qué hacer para recuperar los años perdidos?, ¿cómo resarcir los daños ocasionados?, ¿quién y cómo va a reparar lo irreparable?, ¿cómo recuperar la confianza en un sistema judicial que durante tantos años toleró y propició esta práctica atroz?

Hoy nos enfrentamos a un escenario en el que el Estado ha privado de su libertad a una cantidad elevadísima de personas inocentes, en donde se han destinado cantidades enormes de recursos públicos para destruir la vida de personas que nunca debieron ser alcanzadas por la mano del sistema penal.

Buscar establecer políticas públicas y judiciales para atender, liberar y reparar a las víctimas de fabricación de culpables debe de ser un asunto prioritario para el Estado. Sin embargo, vemos con profunda decepción que las pocas acciones que se han tomado para transformar las instituciones involucradas en la fabricación de culpables (siendo la más reciente la llamada Reforma con y para el Poder Judicial) han ignorado por completo la situación que se debe atender.

* Víctor Alonso Del Pozo (@aluonso) es Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y Abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana. Juan Francisco Sánchez (@JuanFContrerass) es estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato y voluntario en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

 

1 Yves Schemeil, citado en Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, (México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015), 185.

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