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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Día de la Justicia Internacional: ¿qué balance podemos hacer al 2019?
La adopción del Estatuto de Roma nos permitió contar con un instrumento y un mecanismo no sólo de sanción de grandes atrocidades, sino también de prevención y disuasión de las mismas.
Por CMDPDH
16 de julio, 2019
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Por: Michelle Reyes Milk

Durante el año 2018, diversos actos a nivel global conmemoraron el 20º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, aniversario que se conmemora cada año como el Día de la Justicia Internacional. El vigésimo aniversario del tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), significó entonces una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de esta adopción, analizar con detalle algunos desarrollos en el trabajo de la CPI, y renovar nuestro compromiso colectivo con los valores incluidos en el Estatuto de Roma, así como con la lucha contra la impunidad.

La adopción del Estatuto de Roma nos permitió contar con un instrumento y un mecanismo no sólo de sanción de grandes atrocidades, sino también de prevención y disuasión de las mismas. Significó, asimismo, la adopción de un instrumento de promoción del Estado de Derecho, que apuesta por la justicia como una herramienta clave en el camino hacia la paz, y contribuye a ir borrando esa falsa dicotomía que tantas veces nos obligaba a escoger entre paz y justicia, una dicotomía que sin duda no ha sido ajena a la región latinoamericana.

Las razones históricas que llevaron a la adopción del Estatuto de Roma son meritorias sin duda de una reflexión, al haberse adoptado en una década que fue testigo de atrocidades que dieron la vuelta al mundo, como el genocidio en Ruanda, o la guerra en los Balcanes, caracterizada por actos de genocidio y limpieza étnica. Estos desarrollos se dieron también en el contexto de un Consejo de Seguridad que logró superar la parálisis de las décadas anteriores y tomar medidas decididas –aunque algunas tardías– de cara a la lucha contra la impunidad. Pero fue el compromiso de los Estados el que tomó ese legado indiscutible del establecimiento de los tribunales ad hoc (Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia –TPIY– y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda –TPIR) y plasmar sus esfuerzos en las negociaciones que dieron su fruto en la Conferencia Diplomática de Roma en 1998. Así, el Estatuto de Roma fue el logro de las pequeñas y medianas democracias, como tan acertadamente ha destacado con frecuencia uno de los fundadores y antiguo Coordinador General de la Coalición por la Corte Penal Internacional, William R. Pace. Si bien hay que admitir que este compromiso de los Estados fue producto de la coyuntura del momento (la “década dorada” de la justicia internacional), es necesario reconocer la voluntad política –entre ellas la del Estado mexicano y muchos Estados latinoamericanos– que permitió que frente a grandes obstáculos y una importante oposición entre grandes potencias, este proyecto centenario de un tribunal penal internacional permanente pudiera ver la luz del día. Fue justamente este compromiso el que llevó a que en casi tan solo cuatro años se lograran las 60 ratificaciones necesarias para que el Estatuto entrara en vigor, algo que muchos opositores pregonaban que no sería posible.

El mecanismo instaurado por el Estatuto de Roma se destacó, además, por brindar una serie de garantías esenciales para los Estados, como reafirmar el carácter primario de las jurisdicciones nacionales, a la luz del principio de complementariedad. Finalmente, el Estatuto contiene una serie de disposiciones fundamentales que significaron logros por sí mismos.

En primer lugar, debemos mencionar la codificación de los principales crímenes bajo el Derecho Internacional, tomando como legados experiencias indiscutibles como Nuremberg, los tribunales ad hoc y, por supuesto el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, pero también tomando el legado jurisprudencial de esos tribunales que antecedieron a la Corte, que permitieron una codificación refinada, técnica y detallada de esos crímenes.

En segundo lugar, es necesario resaltar la importancia de las enmiendas subsiguientes que buscan fortalecer al Estatuto (y corregir debilidades), como las enmiendas sobre el crimen de agresión y las que buscan ampliar la relación de crímenes de guerra en el marco de un conflicto armado no internacional (CANI).

En tercer lugar, cobra particular importancia la inclusión de principios esenciales del Derecho Penal Internacional, como la exclusión de toda inmunidad frente a la jurisdicción de la Corte (que cobra particular importancia a la luz de casos como el de Omar Al Bashir, antiguo dictador de Sudán); la responsabilidad de mando y la no obediencia debida, legados del Derecho Internacional Humanitario; la imprescriptibilidad de los crímenes bajo el Derecho Internacional, particularmente relevante para la región latinoamericana y que tiende puentes con extensa jurisprudencia de la región; entre otros.

En cuarto lugar, es menester destacar dentro del Estatuto el régimen relativo a víctimas, con disposiciones que regulan la participación de las mismas en los procedimientos ante la CPI, así como su derecho a las reparaciones. En este sentido, es de notar la decisión sobre reparaciones en el caso Lubanga, y su desarrollo de los principios en torno a reparaciones, que incluyen la implementación de las mismas sin discriminación, y el principio de que las mismas deberán preservar la dignidad de las víctimas así como su privacidad, entre otros principios.

Finalmente, con relación a las reparaciones, no podemos dejar de mencionar el establecimiento del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, cuyo mandato de reparaciones pero también de asistencia permite extender su alcance no solo a victimas sino también a comunidades afectadas, algo que se pudo presenciar con la activación de su mandato de asistencia para las comunidades afectadas en la República Centroafricana por crímenes cometidos por tropas del MLC, más allá de la absolución de su jefe, Jean Pierre Bemba.

Ahora bien, en estos 20 años, la Corte ha alcanzado logros importantes pero también desafíos ineludibles, que nos deben llevar a un ejercicio de lecciones aprendidas. A la fecha, la Corte ha concluido seis casos (tres condenas y tres absoluciones), ha emitido 37 órdenes de detención, y nueve solicitudes de comparecencia. Adicionalmente, actualmente existen 11 investigaciones abiertas, y 10 situaciones bajo Examen Preliminar (incluyendo dos en la región latinoamericana: en Colombia y en Venezuela). La jurisprudencia de la Corte, a la fecha, ha arrojado resultados mixtos: algunas decisiones han brindado resultados destacables, como los casos Lubanga y Al Mahdi, pero otras han sido objeto de importantes críticas, como la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de abril de 2019 de no autorizar la apertura de una investigación en Afganistán, sobre la base del criterio de “interés de la justicia”, o la decisión de la Sala de Apelaciones de junio de 2018, donde se decide absolver a Jean Pierre Bemba a partir del analizar de los elementos de la responsabilidad de mando, entre otros argumentos.

La decisión en el caso de Lubanga brindó luces importantes para el esclarecimiento de los elementos de los crímenes de reclutamiento y alistamientos de niños y niñas soldados, y su utilización para las hostilidades, donde la Corte estableció un interesante análisis sobre el concepto de participación “activa” en las hostilidades, alcanzando a aquellos o aquellas con roles también indirectos. Por su parte, en el caso contra Al Fati Al-Mahdi, la CPI tuvo la primera oportunidad de juzgar un caso relativo a destrucción de bienes culturales como crimen de guerra. Finalmente, en el caso contra Bosco Ntaganda, tanto en las decisiones sobre confirmación de cargos como en la reciente decisión de condena en primera instancia, la Corte afirmó la prohibición de violación sexual y esclavitud sexual frente a niños y niñas soldados por parte de miembros del mismo grupo armado, tomando una oportunidad dorada para pronunciarse sobre una realidad latente en el teatro de las hostilidades: la violencia inter-filas.

Los Exámenes Preliminares también han captado la atención de quienes seguimos los desarrollos de la Corte. Se han dado importantes críticas a la extensión de los mismos: a pesar de la ausencia de un plazo dentro del propio Estatuto, la duración extensa del Examen Preliminar en Afganistán le jugó en contra a la Fiscalía en la decisión de la Sala de Apelaciones de denegar la apertura de investigación. El Examen Preliminar en Colombia también lleva unos 15 años de apertura, con el parámetro interesante de contextualizarse en el marco de un Acuerdo de Paz sin precedente, y a la espera de los desarrollos concretos en la Jurisdicción Especial para la Paz que pueda operativizar el principio de complementariedad. Finalmente, para la región latinoamericana, el Examen Preliminar abierto en febrero de 2018 en Venezuela también ha sido objeto de mucha atención, sobre todo tras presenciarse la primera remisión inter-estatal de una situación en la historia de la Corte, cuando en septiembre de 2018 6 países americanos solicitaron a la Fiscalía abrir una investigación (actualmente, el examen preliminar continúa su curso).

Finalmente, entre los desafíos podemos señalar tanto desafíos de índole política como jurídica. En primer lugar, cabe superar la percepción de que se está ante una Corte occidental. La Fiscal Bensouda lo ha repetido a menudo: el criterio geográfico no es un criterio de apertura o selección de investigaciones, pero es una realidad que de las 11 situaciones bajo investigación, 10 están en Africa. Se puede apreciar una mayor diversidad geográfica en los Exámenes Preliminares. Pero también se debe destacar que de esas once investigaciones, cinco han sido auto-remitidas, y dos han venido remitidas por el Consejo de Seguridad. Otro desafío para la Corte continúa siendo la no universalidad. Si bien 122 Estados Partes hoy son miembros de la Corte, aún contamos con la ausencia de grandes potencias; con regiones muy sub-representadas (donde destaca Asia y el Medio Oriente); y con dos denuncias del Estatuto (Burundi y Filipinas). Los nuevos ataques a la Corte, donde se deben mencionar los ataques recientes por parte de la administración del Presidente Trump, también son motivos de preocupación, y resulta urgente que los Estados Miembros rechacen tajantemente las acciones y esfuerzos por deslegitimizar y debilitar a la Corte por razones políticas. Finalmente, los desafíos aun latentes en materia de cooperación de los Estados siguen afectando el desarrollo de las investigaciones, con un número aún importante de órdenes de arresto sin ejecutar, con pocos acuerdos de cooperación suscritos, y con un presupuesto insuficiente para la Corte.

Además de los desafíos políticos, también han habido desafíos jurídicos ad-intra: a nivel jurisprudencial, hemos presenciado decisiones cuyo razonamiento judicial ha sido desde cuestionado hasta duramente criticado, y que ha puesto la lupa sobre la necesidad de que los Estados nominen a los y las mejores candidatos/as para los puestos judiciales. La Fiscalía tampoco ha estado exenta de críticas, e importantes propuestas y reformas han sido planteadas al interior de la misma para poder preparar las investigaciones y procesos de una manera más óptima.

Frente a todo ello, queda entonces la pregunta de cómo conmemorar este aniversario, y qué medidas en concreto tomar. Son varias las respuestas que se pueden esbozar. La principal, sin duda, es reafirmar que los valores detrás del Estatuto son valores que vale la pena seguir defendiendo. Queda además, considerar que las críticas a la Corte sean tomadas en cuenta y ofrezcan una oportunidad de reflexión y acción que conduzcan a un verdadero fortalecimiento, y no un debilitamiento, del sistema instaurado por el Estatuto de Roma. Así, son más que bienvenidas las crecientes voces por adoptar un proceso de reforma holístico e integral de la Corte, y de los distintos órganos de la misma. Ello brindará, finalmente, la oportunidad para ir perfeccionando un sistema que aún dista de llegar a su máximo potencial, pero que sigue ofreciendo para miles de víctimas alrededor del mundo una esperanza única en su larga lucha por la justicia.

* Michelle Reyes Milk es Coordinadora Regional para las Américas en la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), y Profesora Ordinaria de Derecho Internacional (Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, y Derecho Internacional Humanitario) en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Todas las opiniones vertidas en la presente nota son propias de la autora, y no comprometen ni a la CCPI, ni a la PUCP.

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