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Verdad, justicia y reparación
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¿Dónde está Daniel? Los efectos de la militarización en México
Desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decidiera optar por una estrategia de recuperación de espacios públicos y seguridad comunitaria basada en la actividad militar, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la pregunta permanece: ¿es constitucionalmente válido el despliegue de fuerzas militares para atender funciones estrictamente relacionadas a la seguridad ciudadana?
Por CMDPDH
5 de octubre, 2015
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Por: Nayomi Aoyama (@NayomiAoyama)

Hace ya dos años, Daniel Ramos Alfaro de 21 años de edad salió de la comunidad de Betania en el estado de Michoacán rumbo al poblado de Nuevo San Martín, luego de terminar una de las cosas que más llenaban de alegría su vida: instruir a jóvenes y capacitarlos para que pudieran impartir educación en las comunidades más vulnerables.

Me imagino a Daniel sonriente, feliz, satisfecho por haber podido contribuir un poco a mejorar su país, sin importar tener que caminar dos horas hasta el siguiente poblado, si lo hacía para poder ayudar. Lamentablemente, Daniel salió de Betania, pero jamás llegó a su destino y, desde entonces, una niebla de impunidad ha rodeado su desaparición.

El pasado viernes 2 de octubre se cumplieron dos años de la desaparición de Daniel y este mismo día finalizó la visita in loco a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo por objetivo observar en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. En las observaciones preliminares presentadas el viernes, la CIDH declaró que consideraba indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de las tareas de policía civil a elementos de las fuerzas armadas. Asimismo asentó que:

La militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad.

La militarización de la seguridad ciudadana ha sido uno de los debates jurídicos más importantes de los últimos diez años. Desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decidiera optar por una estrategia de recuperación de espacios públicos y seguridad comunitaria basada en la actividad militar, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la pregunta permanece: ¿es constitucionalmente válido el despliegue de fuerzas militares para atender funciones estrictamente relacionadas a la seguridad ciudadana?

El artículo 129 de la Constitución Política establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Este precepto constitucional es claro al impedir que en tiempo de paz las autoridades lleven a cabo funciones de seguridad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó los alcances de este artículo y determinó que de forma excepcional era posible la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, siempre que estas actividades fueran solicitadas y dirigidas por una autoridad civil con estricto apego al respeto a los derechos humanos.

Ahora bien, el despliegue de las fuerzas armadas que se ha dado a lo largo del país desde 2006, remotamente ha cumplido con las condicionantes establecidas por la Suprema Corte. Los operativos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional han sobrepasado las facultades constitucionalmente establecidas. Se han convertido en operativos autónomos, sin la participación y, mucho menos, dirección de una autoridad civil. Los patrullajes militares en estados como Guerrero, Michoacán y Veracruz se han convertido en la cotidianidad más que en una medida excepcional. Los elementos militares no son fuerzas auxiliares de las policías, si no actúan como la fuerza principal de combate a la delincuencia organizada.

La misma Suprema Corte de Justicia ha señalado que: por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo.

Y como bien señaló la CIDH en sus observaciones preliminares, el resultado de este inconstitucional despliegue militar ha sido el aumento a las violaciones a los derechos humanos. Entre estas violaciones destaca el alarmante despunte de casos de desapariciones forzadas a manos de elementos castrenses que se han dado en los últimos años.

Daniel se desempeñaba como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán. El día de su desaparición, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arribaron a la comunidad donde él se encontraba, como parte de un operativo especial con el objetivo de erradicar plantíos de enervantes en la zona.

Diversos testimonios señalan a los integrantes de las fuerzas armadas como responsables de su desaparición. Sin embargo, las deficiencias en la investigación no han permitido que los hechos sean esclarecidos.

El retiro de las fuerzas militares de las labores de seguridad pública es el primer paso para garantizar la disminución de casos como el de Daniel Ramos. No podemos continuar viviendo en las consecuencias de una estrategia de seguridad fallida e inconstitucional.

A dos años de espera, de silencio, sufrimiento, e impunidad, te seguimos esperando, Daniel.

 

*Nayomi Aoyama es abogada de la @CMDPDH.

 

 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México. 02 de octubre de 2015. 

Marcos Pablo MOLOEZNIK El proceso de militarización de la seguridad.

Registro No. 192080. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XI, Abril de 2000. Página: 549. Tesis: P./J. 38/2000. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).

Tesis: P./J. 36/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Jurisprudencoa. EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDADPÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES.

Tesis: P./J. 35/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época           19208. Pleno. Tomo XI, Abril de 2000. Pag. 557. Jurisprudencia (Constitucional). SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

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