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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Dos años de destrucción y abandono estatal
El inicio del gobierno de AMLO ha estado marcado por el retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, y por la tendencia en la perpetración, desde las instituciones del Estado, de crímenes atroces y violaciones graves a derechos humanos con la misma intensidad que su antecesor en la Presidencia.
Por Víctor A. Del Pozo R.
26 de noviembre, 2020
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Estamos a pocos días de que se cumplan dos años de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la Presidencia de la República. Es indiscutible que ha sido un periodo marcado por claroscuros, promesas incumplidas, discursos estigmatizantes y criminalizantes, abandono absoluto de las víctimas y de la agenda de derechos humanos, así como por la destrucción y cooptación de instituciones clave.

A dos años, el panorama luce más oscuro que nunca. Como expondremos en este blog, el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo ha estado marcado por el retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, sino que también ha sido marcado por una incontrovertible tendencia en la perpetración, desde las instituciones del Estado, de crímenes atroces y violaciones graves a derechos humanos con la misma intensidad que su antecesor en la Presidencia.

Los actos y omisiones de la autodenominada transformación anticipan un escenario particularmente desafiante para la defensa y promoción de los derechos humanos, en donde tan solo un par de meses han bastado para evidenciar que no hay posibilidades reales de que el Estado impulse o refuerce mecanismos ordinarios o extraordinarios de memoria, verdad, justicia o reparación. Por el contrario, la reciente operación de Estado para liberar al exsecretario de la Defensa Nacional revela la vigencia irrefutable del pacto de impunidad y nos da una muestra apenas visible del enorme poder del Ejército en México.

La violencia que no cesa, la impunidad que no se acaba

Si bien nadie podía esperar que la crisis mexicana de macrocriminalidad y violencia extrema se acabara con la llegada del nuevo sexenio, la realidad es que una de las grandes promesas de la autodenominada transformación fue que el Gobierno abandonaría las prácticas de violencia orquestada desde el Estado.

El propio presidente declaró que durante su gobierno “no habrá represión, no se va a perseguir a nadie, no habrá torturas, hasta ahora no ha habido, y no queremos que haya masacres como existía hace poco porque en Presidencia predominaba la actitud autoritaria”. Con la misma contundencia, en su Segundo Informe de Gobierno el Presidente afirmó que “ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres”. Desafortunadamente, los datos revelan un escenario muy alejado de las promesas del mandatario.

Recientemente, se publicaron los datos correspondientes al 2019 de la Political Terror Scale (PTS),1 en donde se evaluó la situación de terror político que viven diversos países conforme a una escala que va del 1 (menor nivel de terror) al 5 (mayor nivel de terror político). Dicha escala toma como base los reportes anuales de derechos humanos que publican Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de Estados Unidos de América.

Los codificadores de la PTS encontraron que, en 2019, las formas más atroces de violencia estatal (ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura) fueron una parte común de la vida en México, en un contexto en el que las violaciones a derechos civiles y políticos se han expandido a una gran cantidad de la población mexicana.

Al observar los valores que la PTS ha asignado a la situación de México en los últimos años, se puede notar que los niveles de terror político que ejerce el Estado mexicano se han mantenido idénticos entre 2016 y 2019, años en que se ha mantenido una tendencia consistente y preocupantemente alta de terror político y violencia orquestada y perpetrada por el Estado.

Si bien la información de la PTS arroja que no ha habido una variación significativa en los niveles de violencia perpetrada por el Estado desde hace una década, ciertamente también revela que el nuevo gobierno (que llegó al poder con una campaña basada en un discurso de cambio en la política de drogas y la política de seguridad) únicamente ha replicado las prácticas de terror político de sus antecesores.

Así, es indiscutible que la autodenominada transformación ha perpetrado violaciones graves a derechos humanos, por lo menos, con la misma intensidad que lo hizo el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto en la última mitad de su sexenio. De esta manera, los datos de la PTS revelan que el terror y la violencia ejercida desde las instituciones del Estado mexicano no solo no ha acabado, sino que ha mantenido su gravedad e intensidad.

Si bien se podría pensar que los resultados plasmados en la PTS son consecuencia de los crímenes atroces que diariamente cometen actores no estatales, la escala únicamente mide la violencia que perpetra el Estado a través de sus distintas agencias de gobierno (Ejército, Marina, policías, agentes fronterizos, etcétera). El propio libro de códigos (codebook) de la PTS establece que si, del análisis de los insumos con los que se determinan los niveles de terror político, no se pueden atribuir violaciones al Estado, aunque haya violencia no se computa para efectos de la asignación del valor en la escala.

La PTS incluso solicita a sus codificadores que le den el beneficio de la duda al Estado. Si un codificador duda sobre si asignar a un Estado un número mayor o un número menor en la escala de terror político, el codebook indica que en ese caso al Estado se le asignará el número menor.

Por resultar ilustrativo, aquí podemos observar algunos de los hallazgos más relevantes de los reportes sobre la situación de derechos humanos en México durante el 2019, mismos que son la fuente de información de la PTS:

  • Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (Human Rights Watch, HRW)
  • Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. (HRW)
  • Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. (HRW)
  • El arresto y la detención arbitraria seguían siendo generalizados y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos. (Amnistía Internacional, Amnesty)
  • Las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los responsables gozaban de una impunidad casi absoluta. (Amnesty)
  • La violencia de género contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada. Las autoridades no investigaban esos delitos y los responsables rara vez comparecían ante la justicia. (Amnesty)
  • Entre las cuestiones más relevantes de derechos humanos se incluyen informes sobre la participación de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales y grupos armados ilegales en ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales en algunas cárceles; impunidad por la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; violencia dirigida a personas con discapacidad y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. (Departamento de Estado de Estados Unidos de América, US State)
  • Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron ejecuciones extrajudiciales, a menudo con impunidad. (US State)

Así, es evidente que el gobierno de la autodenominada transformación no se ha abstenido de cometer crímenes atroces durante el primer año evaluado de su gobierno. Si bien todavía no han sido sistematizados los datos de 2020, la evidencia disponible sugiere que el panorama no es distinto, pues algunas de las situaciones que fueron señaladas como de mayor preocupación en los informes de 2019 (ataques a la prensa y a sociedad civil, violencia perpetrada por fuerzas de seguridad, militarización de la seguridad pública, torturas, ejecuciones y desapariciones) siguen siendo una práctica común, a lo que se deberán sumar las consecuencias del abandono desde el Estado hacia las víctimas.

El abandono de las víctimas y el pacto de impunidad

El actual gobierno llegó al poder con la promesa de crear mecanismos de justicia transicional para garantizar verdad, justicia y reparación a los cientos de miles de víctimas que ha dejado la crisis mexicana de derechos humanos. Al mismo tiempo, en un discurso que parecía arrojar intenciones de dar garantías de no repetición para alcanzar la paz y la reconciliación, el actual mandatario prometió un retiro gradual del Ejército, así como cambios en la política de drogas.

A escasos días de que se cumplan dos años de que asumiera el poder el actual titular del Poder Ejecutivo federal, con mucha preocupación observamos que hoy nos encontramos en una situación crítica en la que el Estado ha dejado en el abandono absoluto a las víctimas de violaciones a derechos humanos y ha emprendido un camino claro y decidido hacia la consolidación criminal del pacto de impunidad, en un contexto en el que el Ejército ha adquirido más poder (constitucionalizado) que nunca.

Si bien sería irrazonable decir que México vivía una mejor situación de derechos humanos en sexenios anteriores, resulta particularmente preocupante el hecho de que durante estos dos años de gobierno no solo se han mantenido los mismos niveles de terror político y violencia atroz perpetrada desde el Estado, sino que a ello se le ha sumado la destrucción y cooptación de instituciones clave para el control del poder y la rendición de cuentas.

Las políticas de lealtad al proyecto de transformación han cooptado a las presidencias de los dos tribunales constitucionales de nuestro país y a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha dejado sin recursos suficientes a instituciones prioritarias y se frustró la capacidad de acción de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

A ello se le suma la extinción del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, situación que ya ha comenzado a generar afectaciones graves a las víctimas que recibían medidas de asistencia. A pesar de que las autoridades señalaron que la extinción de fideicomisos no afectaría la disponibilidad de recursos, la evidencia apunta lo contrario.

La frustración de la esperanza

Sin duda, la antesala del segundo aniversario de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador estará marcada por la reciente operación de Estado para liberar al señor Salvador Cienfuegos. Esta liberación revela la vigencia irrefutable de un pacto de impunidad que, aunque siempre supimos que existía, ahora revela con toda contundencia su poder para rebasar fronteras, partidos e ideologías, así como su capacidad para generar presión a los más altos niveles de gobierno en México y en el país considerado como el más poderoso del mundo.

El hecho de que el Presidente de la República haya puesto como justificación central de sus acciones el que “está de por medio el prestigio de una secretaría fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, y no es cualquier cosa”, aun cuando eso supone que el caso quede en la impunidad y que se evite descubrir evidencia que podría dar base para una acusación por crímenes de lesa humanidad, revela que las prioridades del actual gobierno no están con la memoria, la verdad o la justicia.

Al haber autorizado que se destinaran todos los recursos diplomáticos necesarios para ejercer presión sobre el Gobierno de Estados Unidos, con tal de que el exsecretario de la Defensa fuera liberado, pone punto final a cualquier esperanza en la posibilidad de que el Gobierno de la transformación impulsara o colaborara en procesos nacionales o internacionales de memoria, verdad, justicia y reparación integral.

Con sus actos, el Presidente manda un mensaje claro de que no podremos aspirar a obtener justicia por la responsabilidad de altos mandos del Ejército en el futuro próximo, ni en México ni en el extranjero, con lo que también se frustrará o dificultará la posibilidad de acudir a tribunales de otros países bajo la figura de jurisdicción universal, pues queda claro que el Estado va a desplegar su maquinaria diplomática para proteger a altos funcionarios castrenses de este u otros partidos.

Hoy el gobierno manda un mensaje incontrovertible de que, nuevamente, las víctimas tendrán que esperar a que un cambio verdadero llegue, a que el tan anhelado nunca más se materialice. Hoy se rompe la esperanza de justicia y verdad, y se frustra toda posibilidad de que el Gobierno impulse mecanismos de justicia transicional. Mientras tanto, a medida que los tiempos oscurecen y el terror político se expande, desde las organizaciones de derechos humanos seguiremos acompañando la incansable lucha de las víctimas, caminaremos junto a ellas, continuaremos exigiendo verdad, justicia y reparación para los crímenes atroces de este y otros gobiernos, seguiremos impulsando -desde abajo- que la justicia se siente entre nosotres, hasta que la dignidad se haga costumbre.

* Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez es Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y abogado en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

 

1 Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed Wood, Peter Haschke, Daniel Arnon, Attilio Pisanò, Gray Barrett, and Baekkwan Park. 2020. The Political Terror Scale 1976-2019. Date Retrieved, from the Political Terror Scale website.

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