close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El bienestar del alma y el Estado de derecho
El cumplimiento de una norma por parte de gobernantes y gobernados no basta para garantizar el Estado de derecho.
Por Lucía Chávez
9 de septiembre, 2019
Comparte

El domingo pasado Andrés Manuel López Obrador entregó su primer informe de gobierno. En materia de seguridad y justicia el presidente celebró que existe un verdadero Estado de derecho en México. El presidente dijo que “existe YA un auténtico Estado de derecho” y lo explica así: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nada”. Sus palabras me recordaron a Platón “en aquella otra … donde la ley sea señora de los gobernantes y los gobernantes siervos de esa ley, veo realizada su salvación y todos los bienes que otorgan los dioses a las ciudades” (Platón, Las Leyes). Después, sin embargo, me recordaron que esa misma doctrina, más apegada al derecho racional, se usó para proteger al Estado liberal y brindar cierta seguridad y certeza al poder económico; es una consigna que busca consolidar una idea de Estado sin importar el contenido del derecho, sino únicamente la obediencia a la ley.

Más allá de la crítica obvia de que en este país la ley no se cumple, es importante señalar que bajo estas interpretaciones estrictamente formales de la ley y, en ocasiones, carentes de toda racionalidad, se afianzaron diversas dictaduras y regímenes totalitarios el siglo pasado y se cometieron serios abusos contra los derechos humanos. En el Perú de Fujimori, la legislación sobre el delito de traición a la patria (Decreto Ley No. 25659) permitió que durante el conflicto armado interno se cometieran detenciones arbitrarias, mismas que se hicieron pasar como legales y que iban acompañadas de tortura. En la dictadura en Argentina, el sistema ilegal convivió y se apoyó en un sistema represivo, como lo fue la Ley 20.840, la cual prohibía la libertad de expresión de postulados ideológicos y la participación política so pena de ir a prisión. Otro ejemplo del caso argentino son las leyes laborales que permitían despidos de personas “subversivas” (Schwartz A. 2007).

En este sentido, es importante hacer notar que el cumplimiento de una norma por parte de gobernantes y gobernados no basta para garantizar el Estado de derecho. Las normas deben de ser, al menos, democráticas y coherentes con los principios constitucionales y estar alineadas con los derechos humanos. Las Naciones Unidas (2004) han reconocido que el Estado de Derecho se refiere a que tanto gobernantes como gobernados están sometidos a leyes promulgadas públicamente, las cuales se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Además, estas leyes tienen un contenido compatible con las normas y los principios internacionales de derechos humanos y no son arbitrarias. De ahí se desprende el tema del riesgo que conlleva atentar contra la independencia del poder judicial o contra la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República. Las independencias y autonomías tienen una razón de ser: el Estado de derecho.

Pueden existir normas que se cumplen, pero su origen es la arbitrariedad; las normas son arbitrarias cuando no son democráticas –es decir, no se dictan bajo las formalidades que exige el proceso legislativo– y cuando no cumplen con el contenido estricto de los derechos humanos o son contrarias a ellos. En México podemos mencionar varios ejemplos recientes; el primero es la prisión preventiva oficiosa, la cual viola el principio de presunción de inocencia; otro es el pernicioso artículo quinto transitorio de la reforma constitucional sobre Guardia Nacional que permite emplear militares en tareas de seguridad pública sin controles ni supervisiones; también tenemos a la Ley de Uso de la Fuerza, que se podría emplear para reprimir la protesta social; finalmente, están las normas que criminalizan la migración. Todas estas leyes son un riesgo para la seguridad de las y los ciudadanos y perpetúan la política criminal y violatoria de derechos humanos de administraciones pasadas.

En suma, no basta con que el Estado respete el derecho, sino que debe de existir un derecho con un determinado contenido. Además, es indispensable que ese derecho sea creado de forma participativa, por lo cual varias organizaciones hemos exigido lo que se denomina “parlamento abierto”, esto es, que nuestros legisladores escuchen lo que tenemos que decir, que legislen de manera informada y con base en evidencia. La democracia no solo es el voto en las elecciones; es todo lo anterior.

El objetivo del nuevo Gobierno, como bien se mencionó en el informe, es acabar con la corrupción y la impunidad. El reto es enorme, ya que en el país permanecen normas arbitrarias y violatorias de derechos humanos, que incluso se amplían y guardan rango constitucional. Asimismo, continúan las masacres, los enfrentamientos y las desapariciones. En México NO existe un verdadero Estado de derecho, contrario a lo que afirma Andrés Manuel.

Datos de la CMDPDH indican que existen más de: 20 mil denuncias de tortura, 40 mil personas desaparecidas y 200 mil asesinadas en el contexto de la fallida estrategia de Guerra contra las Drogas. Esto significa miles de víctimas que no gozan de Estado de Derecho, ni de bienestar material, ni mucho menos “bienestar del alma”: algunas de ellas siguen en la cárcel por delitos que no cometieron o están desaparecidas. Otras forman parte de los cuerpos sin identificar en las más de 3 mil fosas clandestinas halladas; o bien, fueron asesinadas y las hicieron pasar como abatidas y logros de la Guerra. Estas víctimas tienen familias y un núcleo social que también se convierten en víctimas del miedo, no vaya a ser que “les pase a ellos”. ¿Bienestar del alma? Miles de mexicanos quieren que les regresen el alma.

El propio Andrés Manuel refirió que la estrategia de seguridad, militar y policial “dejó muertos, desaparecidos, lesionados”; “una crisis en derechos humanos” en donde el ejército reprimió al pueblo; “se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada”, pero mencionó “ya no se permiten redadas… ni masacres, ni la desaparición de personas”. Andrés Manuel quiere dibujar una realidad diferente, en donde declara la existencia de un Estado de derecho, en donde niños no son decapitados con balas y ofrece la felicidad del alma como ficha de cambio frente a una realidad atroz.

La estrategia de un “nuevo régimen” debe de ser limpiar la casa sin esconder debajo de la cama el polvo. El Gobierno no puede pretender hacer un “borrón y cuenta nueva”, sin antes depurar las instituciones –incluyendo a las Fuerzas Armadas– y atender aquellos crímenes que administraciones pasadas dejaron a su paso; debe de cooperar con las investigaciones independientes y con el procesamiento y castigo a los altos mandos responsables de cometerlos. Todo esto bajo leyes claras, participativas y que respeten los derechos humanos.

Andrés Manuel – lo dijo en su discurso y lo ha repetido– no tiene derecho a fallar. Su administración debe crear las oportunidades para que existan la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas, y no puede sacrificar esos temas en pro de una paz ficticia. Las víctimas tienen derecho a que se les regrese al menos un poco de bienestar al alma que durante décadas les han arrebatado.

* Lucía Chávez (@LucyChavezV) es Coordinadora del área de Investigación de la @CMDPDH.

 

Referencias

Schwartz, Alejandra Giselle (2007) Las leyes de la dictadura. Normativa de la exclusión. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario General. (3 de agosto de 2004) S/2004/616.

Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional del Perú. Decreto Ley No. 25659 Regulan el delito de traición a la patria.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.