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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El caso Cienfuegos: el ajedrez de la impunidad
La respuesta del presidente, y la negociación de la Cancillería en el caso Cienfuegos, nos dan un aviso sobre la influencia desmedida de los militares en la política interior y exterior.
Por CMDPDH
23 de noviembre, 2020
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Todo el mundo sabe que los buenos perdieron”.

Leonard Cohen

 

Los defensores del ejército han salido a exponer la supuesta incongruencia de quienes en su momento criticaron la detención del General Cienfuegos en Estados Unidos, a falta de una investigación criminal del exsecretario de la Defensa Nacional en México. Esa incongruencia no existe. Quienes criticamos la impunidad del ejército apuntamos la pasividad de la Fiscalía General de la República, y ahora vemos con escepticismo la posibilidad de que exista un proceso de investigación serio, encaminado a asegurar la rendición de cuentas y la verdad de los hechos.

Una jugada para defender a los militares 

Los pactos militares siempre han existido, no son nada nuevo. Son acuerdos políticos informarles para asociarse, a través de los cuales las élites castrenses influyen en la institucionalidad del Estado, más allá de sus competencias legales. Estos pactos suelen escapar del escrutinio público y operar en completa opacidad, marcados por el secreto. Quienes defendemos los derechos humanos, conocemos bien el impacto de estos pactos de impunidad. Tenemos claro que, a pesar de las evidencias, en la práctica, para el sistema de justicia los militares de alto rango son intocables.

Es posible que no exista mejor ejemplo en la memoria, que la historia de altos mandos como Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro, procesados en la justicia militar por narcotráfico pero por una investigación que nació de las relaciones de poder al interior de la SEDENA, donde el tema de las desapariciones en Guerrero en la década de los setenta tan sólo fue una simulación de justicia para los hechos de la llamada Guerra Sucia. Por supuesto, todos los implicados quedaron impunes, porque juzgar a un militar de rango medio o alto solo depende de quienes dentro de la institución castrense tengan el poder; no tiene relación con la legalidad y menos con el cumplimiento de las leyes civiles. Cuando llegó Felipe Calderón a la presidencia los militares tuvieron más presencia en el país. Así, los cargos contra Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro se retiraron y las condecoraciones se hicieron presentes, porque justo de eso se trata: a los gobiernos en México no les han importado los derechos humanos, sino la imagen del ejército.

La respuesta del presidente, y la negociación de la Cancillería en el caso Cienfuegos, nos dan un aviso sobre la influencia desmedida de los militares en la política interior y exterior. Ante la detención de Cienfuegos, fue el mismo presidente quien se convirtió “el vocero del caso”1 y por supuesto, en todo momento ha intentado defender al Ejército Mexicano, poniendo en duda la veracidad de las investigaciones de la DEA. Sin embargo, sus declaraciones defienden algo más que al General,  y son la apología de su estrategia de seguridad, donde solo se ha simulado un poder civil a través de la Guardia Nacional, cuando en realidad la seguridad pública continúa siendo operada por personal militar, dándole respaldo constitucional a la militarización. Lo anterior se fundamenta en las propias declaraciones del presidente al decir que “está de por medio el prestigio de las fuerzas armadas”2, aunque el militar en retiro fuera el estandarte de la represión en la administración de Peña Nieto. Lo que desconocemos es si Cienfuegos tendrá un trato similar al de Lozoya y se finja que se le procesa y más bien se le otorgue un trato privilegiado en México, para no “afectar a la institución”. Posiblemente Cienfuegos permita fincarle más cargos a Peña Nieto, ¿será que juzgar a un expresidente es más fácil que a un exsecretario de la Defensa?

Las dudas sobre si el General Cienfuegos enfrentará o no un proceso, e incluso poder llegar a una sentencia condenatoria en México, se basan principalmente en la vieja militarización  de la entidad investigadora, es decir la FGR, que desde finales de la década de los noventa, con el gobierno de Ernesto Zedillo, comenzó a operar con militares3 en cargos estratégicos en la entonces Procuraduría General de la República. Desde esa época los militares han tenido cargos de poder,4 que han ido desde el Procurador General de la República, que en 2000 lo ostentó el General de Brigada Rafael Macedo de la Concha, hasta cargos importantes en unidades de investigación y encargados de temas de operación e inteligencia5. Y es que aunque el  gobierno en el poder haya cambiado y tengamos una supuesta fiscalía “autónoma”, no ha habido ninguna operación de “purga” para desmilitarizar a la Fiscalía, entonces, ¿la Fiscalía es la institución que va a investigar a uno de los militares más poderosos de la historia?6 ¿Removerá el fiscal Gertz Manero a los militares que tiene en mandos altos, medios y bajos, que controlan áreas estratégicas en FGR para así garantizar la debida diligencia e imparcialidad en las investigaciones?

La capacidad y la voluntad  de la FGR para investigar son centrales en nuestro argumento, debido a que como se dio a conocer los primeros días de noviembre, la Fiscalía en México ni siquiera contaba con una línea de investigación acerca de los nexos de Cienfuegos con el crimen organizado. Si bien la FGR, al parecer, no tenía una investigación en su contra, es importante resaltar que desde 2007 se ha tenido evidencia que demuestra la participación del General Cienfuegos -y de otros mandos militares y civiles- en la violación sistemática de derechos humanos7. El General Cienguegos está involucrado, ya sea directamente o por su responsabilidada en la cadena de mando, en la tortura, asesinato y/o desaparición forzada de por los menos 1438  personas, todo esto documentado en 21 recomendaciones de la CNDH.9 Además de esto, ha sido acusado de entorpecer las investigaciones para esclarecer el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la terrible matanza de Tlatlaya en junio del 201410.

El sistema de justicia en México ha demostrado su debilidad en repetidas ocasiones, por lo cual es factible considerar que en caso de que la fiscalía investigue y tenga un expediente sólido, todavía faltaría superar la corrupción, las redes de poder en el sistema judicial y la falta de protección a víctimas, testigos, operadores y auxiliares del sistema de justicia -recordemos el reciente asesinato del juez federal Uriel Ortíz-, entonces no será tarea fácil para juezas o jueces dictar sentencia condenatoria a un militar de ese rango a quien hasta el presidente, que ha señalado a la administración peñista por corrupta y traidora a la patria, ha defendido.

Con la entrega de Estados Unidos del General Cienfuegos al gobierno mexicano se consolidan pactos entre las élites político-económicas, gobierno y ejército, porque muchos estarán azuzados e inquietos por las investigaciones que haga la FGR, misma que ahora tendrá los ojos de cada una de las entidades que defienden y promueven derechos humanos, porque queremos justicia para las víctimas que por tantos años han expuesto los crímenes que tanto Cienfuegos y otros militares han cometido y sobre los cuales no ha existido investigación, mucho menos enjuiciamiento. Esto no es nuevo, se sabe que las élites siempre pactan por simpatía o por intereses políticos. Por ejemplo, en Guatemala con un bagaje plagado de militares en todas las esferas de la sociedad, durante la guerra (conflicto armado interno), la élite empresarial procuró al ejército guatemalteco apoyo, no solo económico, sino también político. Esto para poder tener el control de la población que “se sublevaba”. Esto no ha cambiado, los pactos con militares persisten, para corromper, para ejercer control, para infundir temor y sobre todo para capturar espacios.

La torre del Ejecutivo, defendiendo al rey

En este momento nadie puede dudar del “exitoso” manejo diplomático por parte de la cancillería mexicana. Está claro que la capacidad de negociación del gobierno y en particular de Marcelo Ebrad permitió ser tajantes con la DEA y defender, más que la soberanía, la imagen del ejército mexicano, aunque con ello se corre el riesgo de que se reafirme la imagen de México como país permisivo con el narcotráfico, y no solo por la falta de investigaciones y detenciones, sino por los índices de criminalidad  y violencia en el país.

A pesar de lo criticable que pudiera llegar a ser la actuación del gobierno estadounidense en la detención de Cienfuegos por no haber solicitado la cooperación del gobierno mexicano, era  hasta cierto punto entendible que el gobierno de Estados Unidos no quisiera dar información a México,  por el proceso de militarización en el país y sobre todo por la corrupción y colusión de las autoridades con el crimen organizado. El informe sobre la situación de los derechos humanos en México 2019 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció que en casos de privación arbitraria de la vida “los grupos criminales organizados estuvieron implicados en numerosos asesinatos, actuando con impunidad y a veces asociados con funcionarios federales, estatales, locales y de seguridad corruptos”. Sobre casos de desaparición, el informe menciona “(h)ubo informes de desapariciones forzadas por grupos de crimen organizado, a veces con acusaciones de colusión estatal.”11

La colusión de autoridades con el crimen es evidente, principalmente en la ausencia de procesos penales realizados contra los capos de los carteles y los funcionarios de altos mandos involucrados con ellos. De hecho, los juicios que se han realizado han sido llevados a cabo, en su mayoría,  por el gobierno de Estados Unidos, siendo el primer caso importante el de los Arellano Félix, capos del cártel de Tijuana durante las últimas décadas del siglo pasado. Ramón y Benjamín Arellano Félix, fueron juzgados en la corte del Distrito Sur de California, sin embargo fueron dejados en libertad, para volver a ser apresados en el 2002 por autoridades mexicanas y extraditados a Estados Unidos en el 2011 y procesados en la Corte de Distrito de San Diego12.  Como antecedente de la colusión del crimen organizado con autoridades de alto nivel podemos referir los arrestos de Edgar Veitya, exfiscal de Nayarit, y de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, también en los Estados Unidos. Por supuesto, en este caso el gobierno de México no defendió a García Luna, ni dudó de las investigaciones estadounidenses, porque probablemente le era conveniente para terminar de desmantelar la Policía Federal y legitimar una Guardia Nacional con ADN militar.

Tal vez algunos mexicanos guardaban la esperanza que al menos en otro país se obtendría justicia, amén del delito por el que se le juzgara a Cienfuegos. Lo que queda en tela de juicio es si en verdad al gobierno de México le interesa investigar al crimen organizado y por supuesto, las violaciones a derechos humanos cometidas, o al menos, ordenadas, toleradas y/o encubiertas por el General, y si el actual gobierno aplicará sus políticas de cero tolerancia a la corrupción en contra de militares. Porque si investigarlo por narcotráfico daña a la institución castrense ¿entonces investigarlo por violaciones a derechos humanos sería un tema irrelevante?

La mañana del 18 de noviembre el presidente aseguró que estaban mal quienes pensaban que se podía hacer justicia en otro país pero en México no, que no eran los tiempos de antes13, sin embargo las cifras y el estado de la justicia en México no han mostrado una mejoría, pero claro, será bastante reconfortante equivocarnos y ver a Cienfuegos juzgado por violaciones a los derechos humanos y claro, si es el caso, por narcotráfico y/o lavado de dinero, esperemos que por el contrario no termine condecorado y pase a la historia como una ¨víctima” cuando en cientos de caso ha sido el victimario. La FGR tiene en su poder una brasa caliente, porque estos pactos militares tienen tentáculos largos pues muchas élites no permitirán ser incluidas en las investigaciones.

@CMDPDH

 

 

 

1 Martínez, Fabiola, 10 de octubre 2020   Por delicadeza del tema, seré  vocero del caso Cienfuegos:AMLO. Periódico Milenio. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre 2020

2 Animal político, 18 de noviembre 2020 Cien fuegos llegará libre a México, en su caso se juega el prestigio del Ejército: AMLO. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre 2020

3  Proceso, 28 de mayo 2002. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre.

4 Artz, Sigrid (2003) La militarización de la Procuraduría General de la República, riesgos para la democracia Mexicana Fundación Rafael Preciado. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre.

5 Azuela, Maite, 22 de octubre de 2020. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre

6 Aristegui Noticias, 18 de noviembre de 2002. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre

7 Vergara, Rosalía. Proceso 16/10/202 Salvador Cienfuegos, el encubridor de delitos de lesa humanidad. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre de 2020

8 Análisis a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

9 Ídem.

10 Pradilla, Alberto, 17 de octubre, 2020, Más Allá De Tlatlaya Y Ayotzinapa: El Historial Militar Que Dejó Cienfuegos, Animal Político. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre.

11 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Informe de derechos humanos, México 2019. Disponible aquí.

12 US Department of Justice, (2011) Former Leader of the Arellano-Felix Organization Extradited from Mexico to United States to Face Charges. Disponible aquí. Recuperado el 18  de noviembre.

13 Conferencia Matutina de AMLO, 18 de noviembre de 2020. Disponible aquí. Recuperado 18 de noviembre de 2020.

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