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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El Congreso va por una PGR 2.0
Lo que podemos concluir de la experiencia en el litigio de casos es que a la FGR -y parece que también al presidente- le incomoda una Ley Orgánica progresista que, correctamente implementada, sería una herramienta para proteger los derechos de las víctimas para llevar a los responsables a la justicia.
Por Lucía Chávez
29 de marzo, 2021
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En diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En esta Ley contribuyeron víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos, así como integrantes de distintas fuerzas políticas, incluida la actual legislatura de Morena. A partir de la entrada en vigor de la Ley, el 18 de diciembre de 2018 se declaró la autonomía constitucional de la FGR, en cumplimiento de la reforma constitucional de 2014 en la materia.

El proceso de creación la Ley Orgánica de la FGR concluyó con un transitorio Décimo Tercero, que indica que, transcurrido un año a partir del nombramiento del Fiscal, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, este realizaría una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la FGR. La convocatoria debería garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizaría y propondría las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la República.

El 1 de marzo las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado realizaron a un “Foro virtual” para discutir una nueva Ley de la FGR, sin las características de un Parlamento Abierto (ver aquí las características de un Parlamento Abierto), sin un diagnóstico previo, ya con una regresiva propuesta de Ley en el escritorio e incumpliendo totalmente con la metodología planteada en la Ley Orgánica vigente que ellas y ellos mismos votaron.

El incumplimiento de la Ley Orgánica no es nuevo. Si atendemos al avance de los casos que se sustancian en la FGR vemos que ha sido solamente un gran gasto el cambiar el nombre de la institución, pero en el fondo sigue siendo el mismo dinosaurio que sostiene un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder y en contra de los derechos de las víctimas del delito en este país.

Lo que podemos concluir de la experiencia en el litigio de casos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es que a la FGR -y parece que también al presidente- le incomoda una Ley Orgánica progresista que, correctamente implementada, sería una herramienta para proteger los derechos de las víctimas para llevar a los responsables a la justicia. Es decir, la FGR cuenta con una Ley Orgánica eficaz, pero no tienen voluntad política para poder llevar a la justicia a los más altos responsables de cometer graves crímenes, que en México, históricamente, no se investigan.

En la Comisión Mexicana, por ejemplo, no hemos logrado aún que por un algún caso de graves violaciones a derechos humanos se sancione a alguna persona por su participación directa o por ordenar, tolerar u ocultar los crímenes. Lo que sabemos también es que del universo de casos que sí se denuncian sobre el delito de desaparición o tortura, menos del 1% llega a tener una sanción penal para los responsables. Y, cuando hay una sentencia, es porque desde la investigación solo se consideraron a los que directamente cometieron el delito, más no a los que ordenaron, toleraron, ocultaron o no denunciaron los hechos.

Una de las cosas que desde la Comisión Mexicana hemos impulsado es la investigación de fenómenos criminales y no de caso por caso. La Ley de la Fiscalía, contrario a la ley orgánica vigente, al no partir de un diagnóstico, no considera la existencia de “fenómenos criminales” sino solo reconoce que existen “casos”. La violencia que vivimos en México responde a fenómenos criminales, no a una cuestión de caso por caso. Por ejemplo, el caso Radilla Pacheco lo acompañamos junto con AFADEM desde hace 20 años. Pero incluso con una sentencia de la Corte Interamericana no ha habido voluntad política ni existe la capacidad técnica más que para inventar una historia en donde los responsables de los cientos de desapariciones en Guerrero eran solo dos personas, y que ningún alto mando civil o militar conocía de estos hechos en un país tan centralizado como el de los años 70. En este caso, que es tan paradigmático en el país, seguimos esperando que llegue la justicia después de más de 40 años y teniendo una sentencia, que tiene incluso el carácter de cosa juzgada.

Otra situación que complejiza el funcionamiento de la FGR es que se ha encargado, por años, de la persecución de delitos sin víctima, como los temas de narcotráfico. En lugar de concentrar esfuerzos en la emergencia humanitaria que se vive en el país en donde las desapariciones, las torturas y las masacres siguen cometiéndose, bajo patones de actuación que nos hace concluir que son delitos generalizados, sistemáticos y que obedecen a una política de que se cometan, y que muchas veces están vinculados con casos de gran corrupción.

La fiscalía y el Congreso, con esta nueva Ley que se discute, no parten de un análisis efectivo de la realidad, pretenden reconstruir la retrógrada PGR; puede ser que así conviene a sus intereses dado la continuidad de los crímenes atroces que siguen ocurriendo, y la responsabilidad ahora, de las autoridades actuales en las masacres, desapariciones, torturas, ejecuciones.

Te invitamos a consultar los siguientes materiales:

¿2° año de justicia y autonomía de la FGR? Elaborado por el colectivo Contra la Impunidemia.

Entre la Brutalidad y la Impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018).

@CMDPDH

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