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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El crimen organizado como perpetrador de desapariciones, visto desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Existe un claro conocimiento por parte del estado que hay grupos del crimen organizado que cometen desapariciones y otras atrocidades. La impunidad crónica que permanece en el país es considerada un factor clave que incentiva y perpetúa la comisión de tales actos.
Por CMDPDH
19 de abril, 2021
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Las desapariciones en México hoy en día son cometidas tanto por agentes del estado como por actores no-estatales, principalmente grupos del crimen organizado. Dado que bajo el DIDH solamente estados pueden ser responsables por cometer violaciones a derechos humanos, es importante considerar el alcance de la responsabilidad internacional del estado frente a desapariciones cometidas por grupos del crimen organizado.

Lene Guercke, investigadora doctoral, KU Leuven ([email protected]).

 

Siguiendo las definiciones de la desaparición forzada contenidas en instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del 1994 y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada del 2006, solamente actores estatales, u actores privados actuando con ‘la autorización, el apoyo o la aquiescencia’ de algún actor estatal1, pueden cometer desapariciones forzadas. Por lo tanto, en un contexto como el de la llamada ‘guerra contra las drogas’ en México, donde han desaparecido más de 70 mil personas2 en un contexto de violencia producto tanto de luchas entre grupos del crimen organizado, así como de la política de militarización de la seguridad pública implementada por el estado, no todas las desapariciones se pueden considerar forzadas. Esto se refleja también en la legislación mexicana, pues la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, como ya lo señala su nombre, crea dos tipos penales: la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.

Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), esta situación plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la responsabilidad del estado mexicano en relación con desapariciones cometidas por miembros del crimen organizado?

Esta pregunta es importante por dos razones: por la realidad de la situación en México y por la competencia de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Primero, si bien se puede decir que una gran parte de las desapariciones en México son cometidas o por agentes del estado o por grupos del crimen organizado, también es cierto que prevalecen altos niveles de corrupción en todo el país, y a veces es difícil trazar líneas divisorias claras entre el ‘estado’ y el ‘crimen’. Así lo demostraron claramente tanto el caso de Ayotzinapa del 2014, como la masacre de Piedras Negras y Allende en 2011. Segundo, considerando que bajo el DIDH actualmente solo los estados pueden ser responsables por violaciones a derechos humanos, el alcance de la responsabilidad del estado sigue siendo clave para el acceso a la justicia para víctimas de desapariciones cometidas por grupos del crimen organizado. Asimismo, es importante para determinar en qué medida el estado tiene obligaciones de reparar.

Cuando se trata de establecer la responsabilidad internacional de un estado por daños causados por actores no-estatales, el análisis jurídico es complejo debido a que abarca el (in)cumplimiento de las obligaciones ‘positivas’ del estado. En el caso de las desapariciones, hay dos ‘niveles’ de responsabilidad que un estado puede incurrir: primero, si un estado no responde a la desaparición y toma las medidas debidas para buscar a la persona desaparecida, investigar el acto criminal y llevar a juicio a los perpetradores, es responsable por no proteger a los derechos de la persona desaparecida. Así lo ha establecido la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero3 y en otros casos que involucran a actores no-estatales.4

Segundo, un estado puede incurrir en responsabilidad por no prevenir la desaparición. Este nivel de responsabilidad es más difícil de determinar, dado que las obligaciones de prevención en un caso específico son obligaciones de debida diligencia. Es decir, los estados deben tomar medidas razonables para evitar un daño, cuyo alcance depende del contexto de cada caso y del conocimiento del estado de un riesgo a los derechos de una persona. La jurisprudencia existente, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), no es clara en cuanto al nivel de conocimiento necesario para que un estado tenga que tomar medidas de prevención en un caso en particular.

El acercamiento más común se basa en determinar si el estado tuvo conocimiento de un riesgo para la víctima individual en un dado caso. Este acercamiento basado en la víctima resulta en un razonamiento que es especialmente predominante en la jurisprudencia de la CoIDH y bajo el cual la falta de tomar medidas generales de prevención, si bien crea un ambiente ‘favorable’ para la comisión de crímenes, no automáticamente conlleva la responsabilidad internacional del estado.5 Ello se puede considerar problemático ante contextos donde existen y persisten problemas estructurales que posibilitan e incentivan la comisión de crímenes a manos de actores no-estatales en un primer lugar.6 Ese es el caso en México, donde la impunidad cuasi-absoluta y la corrupción generalizada son dos ejemplos de tales problemas estructurales.7

Sin embargo, existe también otro acercamiento para determinar la obligación de un estado de tomar medidas de prevención que se basa en el conocimiento del origen de un riesgo, aunque sea un riesgo general. Este acercamiento ha sido más utilizado por el Tribunal Europeo, por ejemplo, en casos de liberación anticipada de prisioneros8, o en relación con desastres ambientales9 o accidentes.10 El razonamiento en estos casos es que el estado tenía conocimiento de un riesgo general para la sociedad, o para una comunidad, contra el cual podría haber tomado medidas razonables.11

Regresando a las desapariciones cometidas por el crimen organizado, un análisis sobre la responsabilidad del estado por la falta de prevenir tales actos debería enfocarse en el origen del riesgo y no en la víctima individual. Ello por tres razones: primero, el crimen organizado no es cualquier ‘particular’ que actúa sin que las autoridades supieran de su existencia, o de los tipos de crímenes que perpetra y que pueden significar un riesgo al derecho a la vida; segundo, el estado mismo jugó un rol en la creación del riesgo que representan los grupos del crimen organizado al no tomar medidas apropiadas para reducir el poder de estos grupos y al no combatir la corrupción, lo cual podría aumentar su deber de responder a dicho riesgo12; finalmente, los estados tienen obligaciones específicas bajo el derecho internacional de tomar medidas en contra del crimen organizado transnacional y de la corrupción.13 Si bien estas obligaciones no tienen como objetivo la protección de los derechos humanos, demuestran que no sería una exigencia desproporcionada o exagerada que un estado cumpla con ellos.14

Al no enfocarse en el origen del riesgo, el análisis de la responsabilidad del estado permanecería en la falta de respuesta a desapariciones. Ello distorsionaría la realidad, pues sugeriría que un estado no viola su deber de proteger los derechos humanos al no tomar medidas efectivas para reducir un riesgo conocido al derecho a la vida, la integridad y la libertad de las personas. El contexto actual de la desaparición en México lo demuestra claramente: existe un claro conocimiento por parte del estado que hay grupos del crimen organizado que cometen desapariciones y otras atrocidades. Además, la impunidad crónica que permanece en el país es considerada un factor clave que incentiva y perpetúa la comisión de tales actos. Por tanto, un análisis de la responsabilidad del estado debería considerar y reflejar las acciones y omisiones de este que permiten la comisión de crímenes por parte de grupos del crimen organizado y por ende representan una falta del deber de protección.

@CMDPDH

 

Esta entrada se basa en los argumentos desarrollados en el siguiente artículo: Lene Guercke, ‘State Responsibility for a Failure to Prevent Violations of the Right to Life by Organised Criminal Groups: Disappearances in Mexico’, Human Rights Law Review 21, no. 2 (1 June 2021): 329–57. La investigación ha sido financiada por el Consejo Europeo de Investigación bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Número de acuerdo: 677955).

 

 

1 Artículo II Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, 9 de junio 1994; Artículo 2 Convención Internacional Para La Protección de Todas Las Personas Contra Las Desapariciones Forzadas, 20 diciembre 2006, 1726 U.N.T.S. 3.

2 Comisión Nacional de Búsqueda, ‘Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas, corte al 13 de julio 2020’, gob.mx, 13 de julio 2020.

3 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

4 Estos casos involucraron desapariciones, tortura sexual, esclavitud, y asesinatos a manos de actores no-estatales. Véanse, por ejemplo: Corte IDH. Caso de Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Sentencia del 19 de mayo de 2014; Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016; Corte IDH. Caso de López Soto y otros Vs. Venezuela. Sentencia del 26 de septiembre de 2018.

5 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párrafos 280-2.

6 Víctor Abramovich, ‘Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos’, Anuario de Derechos Humanos 6 (2010): 167–82; Franz Christian Ebert and Romina I. Sijniensky, ‘Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Rights Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention?’, Human Rights Law Review 15, no. 2 (1 June 2015): 343–68. Disponible aquí.

7 Open Society Justice Initiative, ‘Corrupción que Mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad’ (Nueva York: Open Society Foundations, 2018).

8 TEDH. Mastromatteo v. Italy, Aplicación 37703/97 (24 de octubre de 2002); TEDH. Maiorano and Others v. Italy, Aplicación 28634/06 (15 de diciembre de 2009); TEDH. Choreftakis and Choreftaki v Greece, Aplicación 46846/08 (17 de enero de 2012).

9 TEDH. Budayeva and Others v Russia, Aplicaciones 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 y 15343/02 (20 Marzo 2018).

10 TEDH. Öneryildiz v. Turkey, Aplicación 48939/99 (30 de noviembre de 2004).

11 La Corte Interamericana ha tomado un acercamiento de esa naturaleza en el caso de la masacre de Pueblo Bello. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006.

12 Abramovich, ‘Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos’, 174; Jimena Reyes, ‘State Capture through Corruption: Can Human Rights Help?’, American Journal of International Law 113 (ed 2019): 333–34. Disponible aquí.

13 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 15 de noviembre 2000, 2225 U.N.T.S. 209, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 31 de octubre 2003, 2349 U.N.T.S. 41

14 El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha tomado una postura similar al sugerir que las medidas de prevención de la desaparición forzada en caso de migrantes deberían incluir medidas en contra de grupos criminales de trata o tráfico de personas. Véase: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ‘Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las desapariciones forzadas en el contexto de la migración’ (A/HRC/36/39/Add.2, 28 de julio de 2017). Párrafos 65-6.

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