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Verdad, justicia y reparación
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El derecho a defender derechos humanos en Guanajuato
En Guanajuato, partidos como el PAN consideran innecesario aprobar una iniciativa para proteger a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, por considerar que el caso de Karla Silva es coyuntural y que el Convenio firmado con la Federación en el marco de la Ley Federal de Protección es suficiente para proteger a personas defensoras y periodistas, lo cual es absolutamente falso.
Por CMDPDH
8 de diciembre, 2014
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Por: Raymundo Sandoval (@ray_sandoval)

El 5 de junio del presente año la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Guanajuato presentó la iniciativa de Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para Guanajuato (Ley de protección) que propone la coordinación entre los Ayuntamientos, las instancias estatales y municipales con el Gobierno Estatal.

Tres meses después, el 04 de septiembre la periodista de El Heraldo de León en Silao, Karla Silva, es agredida por tres desconocidos bajo la instrucción del Director de Seguridad Pública del Municipio de Silao. Las reacciones de la ONU-DH, la UNESCO y la CIDH no se hicieron esperar y cada una de estas instancias exigió se respetara la libertad de expresión y se hiciera justicia desde los estándares más altos de protección.

Del mismo modo, la respuesta de las y los periodistas en Guanajuato fue condenar la agresión; se generó un movimiento de periodistas que presionó de tal manera a las autoridades que entre el 12 y el 24 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato detuvo a los autores materiales de la agresión: tres golpeadores y el Coordinador Operativo de Seguridad Pública Municipal. El Director de la policía municipal sigue prófugo y Karla sigue en riesgo.

En un trabajo relativamente rápido para sus propios cánones de actuación, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió el 21 de noviembre una recomendación al Municipio de Silao por considerar que violó el derecho a la libertad de expresión de Karla al ser omiso en sus obligaciones.

La recomendación ha sido criticada por no cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que concierne a la publicidad de la Recomendación, la reparación del daño y las medidas de no repetición (Ver: Los Derechos Humanos en Guanajuato: El caso de Karla Silva)

Uno de los compromisos del Legislativo Local fue el de impulsar la iniciativa de Ley que permanecía en la congeladora y que crearía eventualmente el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, “para que estos casos no vuelvan a suceder”.

La iniciativa es una copia de la Ley Federal para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Ver: 10 reflexiones sobre la Ley de Protección en Guanajuato) propuesta sin que se haya generado un proceso de reflexión y diagnóstico sobre la realidad local.

Para analizar la iniciativa después de sacarla de la congeladora, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local la sometió a un proceso de consulta y convocó a una mesa de trabajo para analizar su contenido. La primera mesa de discusión se llevó a cabo el pasado 05 de diciembre.

En la mesa de análisis se presentaron 9300 firmas recabadas a través de la plataforma change.org www.change.org/proteccionperiodistas; (Ver: “Boletín de prensa Activistas de 9 países suscriben la campaña en favor de la Ley para la Protección en Guanajuato”).

Resalta también que consejeros del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo Federal de Protección) enviaron una misiva al Congreso de Guanajuato en la que se expresa su apoyo a la iniciativa y se muestran interesados en darle seguimiento.

La organización Article 19 también ha hecho llegar observaciones a la iniciativa de Ley, (Ver las observaciones) entre las que resaltan:

  • La necesidad de que la Ley se proponga desde el consenso con organizaciones civiles y se garantice la participación ciudadana;
  • Se logre la capacidad técnica del Mecanismo con prontitud;
  • Garantizar que exista consentimiento de las personas defensoras y periodistas que son beneficiarias de medidas de protección;
  • Se sancione a quienes incumplan las medidas solicitadas por el Mecanismo;
  • Que el Fondo para las medidas de protección se rija bajo el principio de máxima publicidad, garantizando el derecho a la información.

Incluso en su numeral 14, Article 19 hace su propia evaluación del Mecanismo Federal y alerta sobre la necesidad de profundizar en esos errores y evitarlos en el Mecanismo Estatal de eventual creación.

Tal como lo relata el propio Congreso del Estado, en la mesa participaron instancias públicas estatales, tales como la Consejería General Jurídica del Estado, la PDHEG, la Procuraduría General de Justicia del Estado Guanajuato y asesoras de los grupos parlamentarios representados en el Congreso Local.

Desde el documento de trabajo preparado para la mesa de trabajo quedó claro cuál sería el núcleo de las discusiones: el PAN no considera que sea necesario aprobar una iniciativa para proteger a personas defensoras y a periodistas; afirman que el caso de Karla Silva es coyuntural y que el Convenio firmado con la Federación en el marco de la Ley Federal de Protección es suficiente para proteger a personas defensoras y periodistas, lo cual es absolutamente falso. Pregunto: ¿si el Gobierno Estatal tenía ya firmado el Convenio con la Federación para atender los casos que conozca el Mecanismo Federal de Protección, por qué sucedieron las agresiones a Karla Silva?

Si bien la mesa sirvió para conocer las posturas de los diferentes grupos parlamentarios y de las instituciones estatales, el resultado es prácticamente nulo.

Finalmente quisiera señalar que el Congreso del Estado tiene varios pendientes después de esta mesa de trabajo:

  • Hacer un análisis comparado de las iniciativas similares en las entidades federativas;
  • Tomar como referente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo mismo que el derecho internacional de los derechos humanos;
  • Revisar el Convenio de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Guanajuato para develar la afirmación de que “no hace falta el mecanismo”;
  • Incorporar las observaciones realizadas por Artículo 19;
  • Iniciar, incluso en su modalidad de diagnóstico general
  • Solicitar en caso de que sea necesario, asistencia técnica por parte de organismos nacionales e internacionales para elaborar una política integral en materia de protección a periodistas y personas defensoras.

Estamos ante la posibilidad de aprobar una Legislación que considere que las defensoras, los defensores y periodistas son claves para el desarrollo de la entidad. El Legislativo tiene que responder antes esta posibilidad.

 

* Raymundo Sandoval es Docente e investigador en derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana León y Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM

 

 

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