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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El Estado mexicano se contradice ante el desplazamiento interno forzado
Resulta de gran importancia que la CNDH haga un llamado al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno en el país y exhorte a garantizar la debida protección de las víctimas que lo padecen.
Por CMDPDH
4 de julio, 2016
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Por: Brenda Pérez (@dabrenperez), Montserrat Castillo (@m_illoillo) y Mariana Peguero Moreno (@PegueroMariana

En diversas ocasiones hemos señalado nuestra preocupación ante la ausencia del reconocimiento del desplazamiento interno forzado por parte del Estado mexicano y con ello, la omisión que existe para implementar las acciones pertinentes para mejorar la calidad de vida de la población en esta situación. Por tal razón, y con la finalidad de seguir abonando en el análisis de esta problemática, nos resulta importante retomar los principales hallazgos que encontramos en el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, presentado de manera pública el pasado 11 de mayo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Dicho informe tiene gran importancia al ser el primero que es emitido por un órgano del Estado Mexicano que aborda la problemática y ofrece una aproximación cuantitativa y cualitativa del fenómeno y la realidad que enfrentan sus víctimas.

Así, dentro de los principales hallazgos que encontramos en dicho informe, fueron las preocupantes respuestas oficiales que desde los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) recibió el órgano nacional al realizar las diferentes solicitudes de información las cuales plantean graves contradicciones.

Las respuestas más alarmantes son las provenientes de la federación, jurisdicción que ha sido renuente en reconocer y atender de manera integral el fenómeno del desplazamiento interno en México. Así, las respuestas que analizaremos a continuación provienen de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Reconocimiento gubernamental de la problemática

En el escrito de información remitida por la UDDH-SEGOB193 se realiza un análisis sobre la definición de las causas del DFI, según los Principios Rectores, para concluir que en México “no se acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento”, agregando que “si bien existe movilidad por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado.

La cita anterior constituye el párrafo primero del apartado sobre “Información proporcionada por autoridades federales” presente en el Informe Especial de la CNDH.

Ahora bien, respecto a la infundada respuesta otorgada por la SEGOB; llama la atención el desconocimiento (o apariencia de éste) conceptual y teórico del fenómeno de desplazamiento interno, toda vez que, en primer lugar, la existencia o no del reconocimiento del fenómeno de desplazamiento interno no desvincula o desobliga a las autoridades mexicanas en atenderlos y repararlas.

En términos jurídicos, en ninguna parte del mundo es una condición sine qua non que exista un reconocimiento oficial del fenómeno de desplazamiento interno para que las víctimas puedan ser efectivamente atendidas. Lo anterior es tan evidente, que la jurisprudencia de la Corte IDH-vinculante y obligatoria para el Estado mexicano- ha dispuesto literalmente que en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que vulnera o se ponen en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación ha sido entendida como una condición de facto de desprotección.

Así, el hecho de que exista un reconocimiento por parte de las autoridades federales sobre el fenómeno de desplazamiento ayuda a la construcción de políticas públicas y mecanismos integrales de atención, pero bajo ningún concepto es argumento fundamentado y válido para que las víctimas no reciban atención.

Respecto a que si bien existe movilidad por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado; advertimos en primer lugar la manipulación en la respuesta, toda vez que no existe movilidad alguna por violencia que no sea forzada. De esta forma, es importante notar que los principales elementos constitutivos del desplazamiento -como su mismo nombre lo refiere- no son las causas que lo generan sino que éste se desarrolla dentro de las fronteras internas de un país, así como que éste es involuntario y forzado; por lo tanto, la responsabilidad de brindar protección y atención a la población que se encuentra en esta situación recae sobre el Estado.

La respuesta gubernamental nos obliga a plantear varios cuestionamientos: ¿es correcta la interpretación de los Principios Rectores ─ instrumento jurídico internacional que identifica y reconoce los derechos inherentes a las personas internamente desplazadas─ para justificar la negativa de la existencia del desplazamiento interno forzado en nuestro país; o por el contrario, nos encontramos frente a un Estado con una deficiente capacidad interpretativa; o peor aún, un Estado con la capacidad de tergiversar la normativa internacional frente a una problemática que reúsa atender –por incapacidad o falta de voluntad política-? O quizá, la determinante para el no reconocimiento de la existencia del fenómeno y sus miles de víctimas sea en realidad, la negativa de un reconocimiento integral de la situación de crisis de seguridad, violencia y violaciones de derechos humanos en México; de no ser así, nos lleva entonces a preguntarnos, ¿Qué otros elementos le permitirían al Estado mexicano la acreditación de la existencia del desplazamiento interno forzado?

En caso de que nos adentráramos en la definición proporcionada por los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado de la ONU, particularmente en las causas reconocidas como catalizadoras del desplazamiento interno forzado, nos percataríamos en que éste puede ser también provocado por conflictos armados, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que incluso el término en particular que forma parte de ésta definición del desplazamiento, además indica que la lista de causales que generan el desplazamiento no es exhaustiva y que pueden existir otras causas de desplazamiento no mencionadas en dicha definición pero que afectan de manera directa la vida de personas, tales como los desalojos forzados causados por proyectos de desarrollo a gran escala (presas hidroeléctricas, aeropuertos, vías de comunicación, etc.), y otras formas de violencia menos directas.

Es decir, más allá de contrargumentar que existe o no violencia generalizada, subrayamos que ésta no es la única causal, y por tanto, resulta infundado e irrelevante que se alegue la existencia o no de ésta para negar o reconocer la existencia del fenómeno.

Por otra parte, en relación a las respuestas proporcionadas por la CEAV, y de igual forma que la CNDH, advertimos fuertes contradicciones entre lo reconocido oficialmente por el Pleno de Comisionados de la CEAV (mediante un acuerdo por mayoría de los comisionados en el que el desplazamiento interno fue reconocido como un hecho victimizante autónomo) y lo que en términos fácticos ocurre, que aunque algunas víctimas han señalado que sufren desplazamiento interno, lo previo no ha generado que la CEAV los registre como tal.

Por lo anterior, la CMDPDH se suma a la preocupación de la CNDH de que la CEAV está revictimizando a los desplazados internos ya que para que éstos accedan oficialmente al registro y a los servicios de atención, deben tener un reconocimiento en su calidad de víctimas del delito o tener un reconocimiento por parte de algún órgano de protección de derechos humanos que reconozca que son víctimas de violaciones a derechos humanos, como en este caso sería ser víctima de desplazamiento interno forzado.

Dicha situación provoca por un lado, la revictimización en la población desplazada que quiere acceder a los servicios de atención proporcionados por la CEAV, y por otro lado, desconoce la propia normativa de la Ley General de Víctimas, pues los propios comisionados de la CEAV tienen la facultad y poder para realizar reconocimientos autónomos de la calidad de víctima, al margen de que existan o no reconocimiento por parte de los ministerios públicos, jueces u órganos de protección de derechos humanos.

Es decir, esto nos lleva a preguntarnos que si bien, en nuestro país existe un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual tiene un Programa Nacional y una institución autónoma encargada de hacer valer este Programa, así como los derechos de las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ¿Cuál es, entonces, si no la atención a las víctimas, la función de estos organismos a los que las mismas –debido a una serie de candados burocráticos- no logran acceder?

Conclusiones

La negativa ante el reconocimiento formal de la problemática, así como el actuar gubernamental frente al desplazamiento interno forzado, nos invita a pensar que nos encontramos frente a un fenómeno que conlleva un doble discurso gubernamental.

Como organización acompañante y especialista en la problemática del desplazamiento interno forzado en México, hemos observado este doble discurso por parte del Estado mexicano hacia el fenómeno y sus víctimas desde que el gran incremento del mismo nos llevó a su estudio y acompañamiento. Durante varios años hemos atestiguado el cúmulo de evidencias que se le han presentado al gobierno mexicano y su renuencia a validarlas de manera efectiva. Por lo tanto, resulta de gran importancia que la principal institución gubernamental de protección de los derechos humanos haga un llamado al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno en el país y exhorte a garantizar la debida protección de las víctimas que lo padecen. Reiteramos que la problemática tiene una necesidad urgente de respuesta y que el Estado mexicano tiene la obligación de atender a al menos 287 mil 358 personas víctimas de la misma, que ante su omisión hoy se encuentran en condiciones de absoluta vulnerabilidad.

De no asumir la responsabilidad para atender a estas víctimas, ya no podríamos hablar de un Estado que no cuenta con los elementos necesarios para justificar su accionar; resultaría por más evidente que nos encontramos frente a un Estado con una capacidad impresionante de omisión voluntaria que elige perpetrar una política de revictimización hacia la población vulnerada de manera previa -entre otras causas- por la política de seguridad que ha decidido implementar de manera continuada.

 

* Brenda Pérez es Directora del Área de Desplazamiento Interno Forzado,  Montserrat Castillo es investigadora en el Área de Desplazamiento Interno Forzado y Mariana Peguero Moreno es abogada, todas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

 

Notas:

(1) CNDH, Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, Pág 85.

(2) Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Párr. 177.

(3) Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, Introducción: Alcance y finalidad, párr. 2. Disponible aquí.

(4) Acuerdo del Pleno de fecha 29 de julio de 2014, reconoció que el desplazamiento forzado interno es una violación de derechos humanos al reconocer que “la situación de desplazamiento interno focalizado debe considerarse como un hecho victimizante autónomo que requiere ser atendido con un enfoque diferencial y especializado”.

(5) Los artículos 101 y 110 de la LGV disponen que no será necesaria la valoración de los hechos de la declaración de la víctima si se cuenta con sentencias condenatorias de autoridades jurisdiccionales, recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias de la CNDH o el reconocimiento de la calidad de víctima que un ministerio público pueda realizar. La interpretación armónica de dichos artículos conforme al espíritu de lo enmarcado en la LGV, se advierte que la CEAV es un órgano que motu proprio puede determinar la calidad de víctima sin que resulte una condición sine qua non las determinaciones que los órganos -CIDH, CNDH, ministerio público, decisiones jurisdiccionales- puedan realizar.

 

Información complementaria:

CNDH: Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México

Informe IDMC 2016: Informe global sobre las personas internamente desplazadas por conflicto y violencia

Informe CIDH 2015: Informe de la situación de Derechos Humanos en México.

 

 

CNDH, 2016. Pág 85

Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Párr. 177.

Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, Introducción: Alcance y finalidad, párr. 2. Disponible aquí.

Acuerdo del Pleno de fecha 29 de julio de 2014, reconoció que el desplazamiento forzado interno es una violación de derechos humanos al reconocer que “la situación de desplazamiento interno focalizado debe considerarse como un hecho victimizante autónomo que requiere ser atendido con un enfoque diferencial y especializado”.

Los artículos 101 y 110 de la LGV disponen que no será necesaria la valoración de los hechos de la declaración de la víctima si se cuenta con sentencias condenatorias de autoridades jurisdiccionales, recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias de la CNDH o el reconocimiento de la calidad de víctima que un ministerio público pueda realizar. La interpretación armónica de dichos artículos conforme al espíritu de lo enmarcado en la LGV, se advierte que la CEAV es un órgano que motu proprio puede determinar la calidad de víctima sin que resulte una condición sine qua non las determinaciones que los órganos -CIDH, CNDH, ministerio público, decisiones jurisdiccionales- puedan realizar.

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