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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El fenómeno de las fosas clandestinas en México
La actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece que “se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”. No obstante, a la fecha las cifras de impunidad y violencia siguen creciendo.
Por CMDPDH
1 de julio, 2019
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El drástico y continuo aumento en los hallazgos de fosas clandestinas en el país se vuelve cada vez más evidente y doloroso si pensamos en los miles de víctimas y familiares que se esconden detrás de las alarmantes cifras. De acuerdo a las respuestas obtenidas por medio de solicitudes de información a procuradurías y fiscalías estatales, 24 entidades de la república reportaron tener registro de mil 606 fosas clandestinas con 2 mil 320 cuerpos, 169 osamentas y 548 restos o fragmentos de personas. El estado de Tamaulipas cuenta con el mayor número de fosas, seguido de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.

Este fenómeno tiene además efectos en la sociedad en su conjunto, al generar terror y exponer la impunidad con la que agentes estatales y no estatales cometen estos crímenes, además de evidenciar la incapacidad del Estado para hacerles frente.

A pesar de que la actual administración ha confirmado en reiteradas ocasiones la existencia de una crisis de derechos humanos, impunidad y violencia en el país, no se puede evitar pensar en el tremendo reto que representará brindar verdad, justicia y reparación para las familias de los más de 40 mil desaparecidos.

La actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece que “se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder, y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos”. No obstante, a la fecha las cifras de impunidad y violencia siguen creciendo (1).

De 2006 a 2018, la Fiscalía General de la República reportó haber iniciado mil 144 investigaciones penales (960 averiguaciones previas y 184 carpetas de investigación) por el delito de desaparición forzada de personas (2). De este número de investigaciones la FGR informó que sólo 19 averiguaciones previas han sido consignadas, es decir menos del 2%. Igualmente, a la fecha se han dictado únicamente 30 sentencias condenatorias y 12 sentencias absolutorias en relación a 13 causas penales (3) .

Aunque el número de sentencias por desaparición forzada ha aumentado en los últimos años, es evidente que la cifra de personas sentenciadas no atiende al número de víctimas que existen por este delito y lo mismo sucede con el número de investigaciones penales a nivel federal y estatal. Aunque se cuente con suficientes pruebas y testigos, la ausencia de tanto de personal como de voluntad política no permite investigar y enjuiciar de manera eficaz a los culpables. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se menciona, en relación a la impunidad por congestión judicial, que mientras México cuenta con 4 jueces por cada 100 mil habitantes, el promedio global de jueces por cada 100 mil habitantes es de 17.

Al tema de impunidad se suma también el tema de la transparencia. Hacen falta datos duros claros y confiables que permitan dimensionar la magnitud real del problema. Actualmente las cifras que se han obtenido respecto al número de fosas, cuerpos y restos encontrados en ocasiones son contradictorias e incompletas. Aunado a esto subsisten aún obstáculos en el acceso a la información que complican la generación de información que facilite la creación de iniciativas que efectivamente atiendan las necesidades de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria de las víctimas.

Ante este desolador panorama, no queda más que exigir al gobierno que ponga a disposición todos los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios que permitan hacer una correcta documentación e investigación científica de los casos, además de asegurar la adecuada identificación y una digna devolución y entrega de los cuerpos y restos a los familiares.

Hasta ahora parecería que se cuenta con la voluntad política de la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer frente a la problemática, sin embargo, queda por verse si los recursos que actualmente tienen a disposición serán suficientes para brindar certidumbre sobre el paradero de las víctimas. Urge generar Registros confiables, exhaustivos, actualizados y accesibles – tanto de personas desaparecidas, como de fosas clandestinas – que permitan un análisis de contexto adecuado y faciliten la elaboración de un diagnóstico certero.

@CMDPDH

 

(1) De 2006 a 2018, la CNDH registró un total de 380 quejas por desaparición forzada de las cuales, el 49% señala a la SEDENA como autoridad responsable, seguida de SEMAR (30%), la Policía Federal (13%) y la Procuraduría General de la República (11%).

CNDH. Solicitud de información folio: 3510000022419. Fecha de respuesta: 03 de abril de 2019.

(2) FGR. Solicitud de información folio: 0001700092419. Fecha de respuesta: 02 de abril de 2019.

(3) CJF. Solicitud de información folio: 0320000203919. Fecha de respuesta: 03 de junio de 2019. Causas penales: 159/2005; 179/2006; 20/2005; 28/2012; 257/2012; 104/2013; 41/2013; 87/2011; 255/2013; 19/2013; 26/2013; 101/2013; 22/2013.

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