¿El Mecanismo de Protección necesita una nueva ley?
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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El Mecanismo de Protección tiene enormes deficiencias; pero, ¿es necesaria una nueva ley?
La actual ley, aun con todas las deficiencias que tiene, no solo no ha sido cumplida, sino que incluso ha sido abiertamente violada por las autoridades del Mecanismo de Protección en más de una ocasión.
Por CMDPDH
26 de enero, 2022
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Es indiscutible que en México las personas defensoras de derechos humanos enfrentan un contexto de enorme riesgo. Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han señalado hasta el cansancio que México es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos e, incluso, distintos organismos internacionales (tanto del régimen interamericano como del universal) han hecho llamados reiterados y consistentes para que México atienda con diligencia y urgencia esta situación. Este contexto de enorme riesgo, que parece haber aumentado en los últimos años, se vuelve más alarmante cuando vemos que México es uno de los pocos países del mundo que tienen una política pública, una serie de leyes, reglamentos, y distintas instituciones que están específicamente diseñadas para atender (si bien reactivamente) a esta situación de riesgo.

¿Cómo podemos explicar que, aun con un andamiaje institucional y normativo tan específico, la situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos siga siendo tan alarmante, e incluso se haya agravado? Si bien la respuesta se puede abordar desde muchos ángulos, es importante partir de la premisa de que la crisis de derechos humanos ha superado, por mucho, las capacidades institucionales del Estado. Sin embargo, este enfoque que le apuesta a señalar que nada se puede solucionar si no se atiende a la causa estructural, puede tener el efecto indeseado de desdibujar la indiscutible responsabilidad que han tenido las instituciones de gobierno que tienen algún mandato relacionado con la atención a personas defensoras de derechos humanos (CNDH, SEGOB, CEAV, FGR, etcétera).

Por ello, si bien es cierto que la situación de riesgo que viven las defensoras de derechos humanos y periodistas no se puede explicar solamente con la falta de debida diligencia de una sola institución, es igual de cierto que la incompetencia de una sola institución ha puesto en enorme riesgo la vida e integridad de personas que se encuentran en riesgo y; por lo tanto, no deja de ser importante nombrar sus fallas y exigir que –sin grandilocuencias, ni discursos vacíos– se trabaje en atender los compromisos que ya se tienen, antes de apostarle a una reforma de gran calado.

Las pretensiones reformistas

Recientemente, el propio Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Mecanismo de Protección) se autodiagnosticó (tras una orden presidencial) con la necesidad de apostarle a un fortalecimiento normativo, que deberá pasar necesariamente por la creación de una Ley General. En una elocuente respuesta a esta propuesta, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección elevó un cuestionamiento fundamental: ¿por qué necesitamos una nueva ley, cuando la actual no ha sido cumplida a cabalidad?

Desde la CMDPDH nos parece que el cuestionamiento hecho por el Consejo Consultivo es de extrema relevancia. Compartimos el diagnóstico de que la actual ley, aun con todas las deficiencias que tiene, no solo no ha sido cumplida, sino que incluso ha sido abiertamente violada por las autoridades del Mecanismo de Protección en más de una ocasión. Por ello, dedicaremos este espacio a ilustrar algunas de las dificultades que hemos experimentado en nuestro trabajo ante el Mecanismo de Protección federal, que nada tienen que ver con la actual redacción de la ley ni con la distribución de competencias, y que apuntan a que las autoridades del Mecanismo de Protección operan bajo una visión política que es incompatible con la naturaleza del mandato que tienen y que, por ello, las deficiencias del Mecanismo no van a ser resueltas con una nueva ley.

Las acciones y omisiones del Mecanismo

Tras la oleada de asesinatos a periodistas que se está viviendo en México, la periodista Carmen Morán reveló en El País que un reportero solicitó ayuda al Mecanismo de Protección tras haber sufrido el allanamiento de su casa y el robo de su material de trabajo. En el reportaje se revela que, a pesar del riesgo que implica el hecho de que alguien que te quiere hacer daño ya sabe en dónde vives y que esa persona ya perpetró un primer ataque en tu contra, el Mecanismo no concedió medidas de protección sino hasta nueve meses después. A pesar de la gravedad de la situación, el reportaje revela que el periodista solo recibió un botón de asistencia que, cuando se presiona, enlaza al call center de una empresa privada. Nueve meses de omisión, ante una situación de riesgo extrema, que se puede resumir en las palabras expresadas por el propio periodista: “En todo ese tiempo, si hubieran querido matarme ya lo habrían hecho”.

Esta situación no es aislada. En noviembre de 2021, la CMDPDH emitió un comunicado en donde se denunció que un grupo de víctimas solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección (en la vía extraordinaria) desde julio de 2021. Esta solicitud es particularmente relevante para ilustrar el hecho de que el Mecanismo suele violar su propia ley, pues pasaron más de cuatro meses sin que se atendiera la solicitud de las víctimas. Si el Mecanismo estuviera decidido a cumplir a cabalidad con lo que ya dice el texto de su ley y su reglamento habrían emitido medidas de protección tan solo tres horas después de recibir la solicitud, y las habrían implementado en las nueve horas posteriores a su emisión. Sin embargo, no fue sino hasta que se presentó un juicio de amparo en noviembre (en donde el Mecanismo hizo todas las maromas posibles para evitar ser notificado de la demanda) para que, mágicamente, el Mecanismo recordara sus pendientes en el caso pues, pocos días después de la presentación de la demanda, ordenó la inscripción de las defensoras. Por supuesto, este acto se hizo únicamente para que se sobreseyera el juicio de amparo pues, prácticamente dos meses después, el Mecanismo no ha ordenado la implementación de medidas de protección y ni siquiera se ha realizado un estudio para evaluar el riesgo de las víctimas. Esta situación muestra que la simulación y el fraude que comete el Mecanismo a su propia ley, no podrá ser subsanado con una nueva norma.

Sumado a lo anterior, personal del Mecanismo de Protección le pidió a las víctimas que rellenaran una serie de formatos como condición indispensable para tramitar su solicitud de inscripción, a pesar de que este requisito simplemente no existe ni en la ley, ni en el reglamento que regula el actuar del Mecanismo de Protección. De esta forma, es claro que el Mecanismo ha logrado establecer barreras a la entrada, sumamente burocráticas, que ignoran la naturaleza de las medidas urgentes, aun cuando no están previstas o autorizadas por la ley que ya existe. En este contexto, no deja de ser preocupante que las mismas autoridades que han tolerado o autorizado este actuar ilegal sean las que lleven la batuta de la reforma propuesta al Mecanismo.

Retiro arbitrario de medidas de protección

Lograr que el Mecanismo de Protección inscriba a una defensora o periodista, y que le conceda medidas de seguridad, suele ser un proceso largo, tedioso y extremadamente burocrático. Sin embargo, parece ser más complicado lograr que estas medidas de protección se mantengan durante el tiempo que sea necesario para evitarle un daño a las víctimas, pues pareciera que el Mecanismo de Protección –ante su incapacidad institucional para atender toda su lista de espera– tiene una urgencia preocupante por retirar las medidas de protección a la menor provocación.

A inicios de 2021, un grupo de defensoras acompañadas por la CMDPDH se enfrentaron a una situación de riesgo extremo que puso en enorme riesgo su vida e integridad. En tanto ya eran beneficiarias de medidas de protección del Mecanismo, se solicitó a dicha institución que ampliara las medidas de protección para atender a esta nueva situación de riesgo extremo. La respuesta del Mecanismo de Protección ante esta solicitud no solamente omitió conceder las medidas adicionales solicitadas, sino que culminó en una sesión de la Junta de Gobierno en donde (por unanimidad) se decidió retirar todas las medidas de protección con las que ya contaban las defensoras. Esto es, ante una solicitud para obtener medidas adicionales de protección a las que ya se tenían –en un actuar que genera un efecto inhibidor entre las personas beneficiarias– el Mecanismo decidió dejar a las personas defensoras en una situación peor a la que ya tenían antes, pues les quitó todas sus medidas de protección.

En ese contexto, fue muy preocupante la calidad técnica de las evaluaciones de riesgo que sustentaron el retiro de las medidas de protección, el nulo estándar probatorio, y el hecho de que el Mecanismo haya decidido revertir la carga de la prueba a las víctimas. En esencia, la Junta de Gobierno aprobó retirar las medidas de protección con base en un plan de protección que diagnosticó que quizá la situación de riesgo de las personas defensoras podría ya no deberse a su actividad de defensa de derechos humanos. El Mecanismo no aportó ninguna prueba, y el acto de autoridad estuvo viciado de una falta absoluta de fundamentación y motivación.

Naturalmente, frente a esta situación se presentó un juicio de amparo en donde se obtuvo una suspensión de plano (por riesgo objetivo y razonable a la vida de los quejosos). La respuesta reiterada del Mecanismo de Protección durante el litigio fue que las personas defensoras no merecían continuar incorporadas al Mecanismo porque se podrían afectar las finanzas del Estado. Es decir, el Mecanismo de Protección prefirió dejar a un grupo de personas defensoras de derechos humanos en riesgo de morir, antes de tener que gastar dinero en su protección.

Durante el trámite de la demanda, las personas defensoras sufrieron un ataque que nuevamente puso en riesgo su vida e integridad, lo cual evidenció que el Mecanismo incurrió en un grave error al retirar las medidas de protección. Por todo ello, en diciembre de 2021 un Juzgado de Distrito emitió una sentencia que ampara a las víctimas; sin embargo, es irrazonable que las personas que se ven afectadas por las arbitrariedades del Mecanismo de Protección tengan que acudir a un medio de defensa tan complejo y costoso como lo es el amparo, más aun cuando los bienes jurídicos que están en riesgo son la vida y la integridad.

Opacidad y restricción de derechos 

Como mencionamos en apartados anteriores, el Mecanismo ha encontrado la forma de superar los alegados obstáculos que le impone su propia ley para impulsar cambios en los procesos que regulan la concesión o retiro de medidas de protección. Recientemente, a un defensor de derechos humanos acompañado por la CMDPDH le fueron retiradas las medidas de protección con las que ya contaba. Durante la sesión de la Junta de Gobierno, personal del Mecanismo de Protección alegó que el retiro de medidas se debía, esencialmente, a que la persona defensora de derechos humanos también tiene la calidad de servidor público y que, en consecuencia, un Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección en 2018 permitía revisar y revocar las medidas de protección que tenían las defensoras de derechos humanos que se convirtieron en funcionarias del Estado.

Tras una exhaustiva búsqueda, jamás encontramos el Acuerdo con el cual la Junta de Gobierno fundamentó el retiro de las medidas de protección. Así, es particularmente preocupante que los derechos de las personas defensoras y periodistas estén supeditados a la existencia de acuerdos secretos, que autorizan a restringir derechos constitucionales, en donde las posibilidades de emprender una defensa para que se declare la inconstitucionalidad de dichos acuerdos se dificulta pues ni siquiera son acuerdos públicos.

Conclusiones

Es claro que el Mecanismo de Protección tiene enormes deficiencias. Sin embargo, creemos que estas deficiencias no son normativas, o al menos no exclusivamente normativas. Parafraseando lo que mencionó Graciela Rodríguez en la presentación del informe Sin reparación no hay justicia: tenemos un entramado normativo complicado y deficiente que, interpretado de conformidad con los principios que establece la propia Ley y la Constitución, podría funcionar suficientemente bien. El problema, naturalmente, está en que quienes suelen realizar la interpretación de las leyes suelen ser las propias autoridades que las aplican (el liderazgo y el personal técnico del Mecanismo de Protección), y es ahí cuando comienzan a surgir voces desde que sugieren la necesidad de modificar las leyes. Sin embargo, parece que el problema no está ahí, no está en el texto de la ley. La experiencia nos ha demostrado que las leyes bien hechas, y las leyes mal hechas, se aplican mal prácticamente de manera indistinta, más aún cuando se trata de temas tan delicados como violaciones a derechos humanos que implican un gasto para el Estado.

Si bien no pretenderíamos tener la solución frente a la situación por la que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos, consideramos que el Mecanismo de Protección debe de asumir su responsabilidad en la crisis de derechos humanos y actuar en consecuencia para fortalecer sus dinámicas internas y resolver las deficiencias que sí son parte de su ámbito de competencias. El Mecanismo, con o sin una ley nueva, sigue teniendo el enorme reto de convertirse en una institución competente, que sea capaz de simplemente cumplir con lo que ya dice la ley, y que tenga la voluntad y la capacidad para atender las situaciones de riesgo de las personas defensoras y periodistas en los plazos, estándares de calidad y criterios que su propia ley y la jurisprudencia del sistema interamericano establecen. Hasta que eso no pase, la reforma al Mecanismo no dejará de mostrarse como un acto más de simulación.

@CMDPDH

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