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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El Papa en México y “lo que le está pasando a nuestra casa”
Por CMDPDH
8 de febrero, 2016
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Por: Olga Guzmán Vergara (@OlGuz)

“Necesitamos una solidaridad universal nueva”.

Carta encíclica Laudato Sí del Papa Francisco

 

“Sobre el Cuidado de la Casa Común” es la carta encíclica Laudato Si’ del papa Francisco en la que el sumo Pontífice hace un llamado urgente a proteger la casa que compartimos toda la familia humana ante las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental y la exclusión social. En dicha encíclica, el Obispo de Roma advierte la lamentable respuesta ante los esfuerzos para hacer frente a la crisis ambiental y social que vivimos, los cuales suelen ser frustrados “no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás”.

La estridente postura del sumo pontífice respecto a temas como la migración, la lucha contra la pobreza, el cuidado al medio ambiente, el multilateralismo y el sistema económico actual, ha generado gran expectativa en cuanto a su próxima visita a México. Particularmente, se tiene un gran interés por la manera en que se espera se pronunciará respecto a los principales problemas que aquejan a México, pero sobre todo, los que se refieren a la violencia generalizada que ha azotado a nuestro país en los últimos 10 años.

En su discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo aniversario, el Pontífice se refirió al fenómeno del narcotráfico como un tipo de guerra que “silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas”. Advirtió que la guerra contra el narcotráfico ha sido una guerra pobremente combatida y que ha permitido la diversificación de otros delitos, como la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la explotación infantil y otras formas de corrupción.

La corrupción, ha sido uno de los temas en los que más ha mostrado preocupación el máximo jerarca de la iglesia católica. En la carta encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace un llamado a los países a que controlen la corrupción y analicen, lo que llama “el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población”, como una acción prioritaria para la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes. Asimismo, en su discurso pronunciado ante la ONU, afirmó que la corrupción “ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones”.

Para el sociólogo en religiones, Bernardo Barranco (@Bernar2Barranco), dentro de la escala de los pecados, el de mayor envergadura para el pontífice es la corrupción, dado que ésta conlleva una impunidad sistémica. “El corruptor se protege en el sistema, mientras que el pecador puede redimirse. El corrupto lleva pan sucio a su casa y los hijos del corrupto político tienen hambre, pero no de comida, sino de dignidad”.

Es así que, dado el carácter de la visita del Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano a México, diversas organizaciones de derechos humanos que trabajamos en México manifestamos nuestra inquietud, a través de una carta abierta, para que el Pontífice incluyera en la agenda de sus encuentros oficiales la grave situación que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos.

En ella le hicimos notar que el año pasado, después de haber visitado México el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive el país y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante.

Hicimos de su conocimiento que tan solo de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, 1,273 corresponden a denuncias contra militares. De igual forma, se tienen oficialmente contabilizados 27,638 casos de desaparición de personas, muchos de los cuales han sido cometidos por funcionarios públicos en el contexto de la actual política de seguridad. A estos casos recientes se deben sumar los 797 casos documentados de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia que no han sido esclarecidos ni sancionados.

Asimismo, le manifestamos que en lo que va de la presente administración -sólo por nombrar algunos ejemplos- 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos militares en el Estado de México; 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero fueron desaparecidos forzadamente sin que a la fecha se cuente con investigaciones concluyentes ni satisfactorias sobre la suerte y paradero de las víctimas, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal de los responsables; 17 periodistas han sido asesinados por su labor periodística y el año pasado México ocupó el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia al registrar 1,218 asesinatos homofóbicos entre 1995 y 2014, habiéndose registrado 247 homicidios contra personas LGBTTT en lo que va del sexenio.

Advertimos que en Michoacán, entidad que el Pontífice visitará, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado.

En el Estado de México, entidad que también visitará, se han registrado niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Pese a la falta de cifras específicas disponibles sobre la violencia que padecen las mujeres en la entidad, en 2014 se registraron 27 feminicidios en once municipios del estado y en 2015, hasta el mes de agosto, se registraron 19. En Ecatepec, uno de los municipios con los índices de violencia más preocupantes, en 2014 se encontraron 7,000 restos óseos en un canal de aproximadamente 19 kilómetros; 16 cadáveres correspondieron a mujeres.

De manera similar, en Chihuahua, uno de los estados que más ha resultado afectado por la violencia generada por la guerra contra las drogas, 2,361 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 20 años. Hasta el momento, no existen sentencias significativas que envíen un mensaje a la sociedad que esos delitos no son aceptables en México. Así mismo, se han hecho evidentes desplazamientos forzados de familias enteras obligadas a huir de sus hogares de origen. En Ciudad Juárez y sus alrededores, se estima que 254,426 personas dejaron sus hogares a causa de la violencia en el periodo de 2007 a 2011; el 41% de ellas cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Pese a la falta de una cuantificación y dimensión por parte del Estado mexicano de esta tragedia de carácter humanitario, en el transcurso del 2015 se registraron en el estado 3 eventos de desplazamiento forzado de al menos 560 familias que decidieron abandonar sus hogares a causa de la fuerte prevalencia de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, así como de violaciones a derechos humanos.

Le alertamos que el desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un problema que afecta de manera preocupante a todo el país, con una estimación de 287,358 personas desplazadas al interior de la República, sin que exista política o institución alguna que dé respuesta a las víctimas para garantizar de manera integral sus derechos humanos.

En Chiapas, desde el conflicto armado interno en el estado en 1994, se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. Aunado a esto, los altos índices de extrema pobreza y marginación en la entidad, han sido utilizados como un instrumento de represión y manipulación por parte del Gobierno del estado, el cual, sin una política pública integral, ha implementado medidas paliativas para lucrar con la pobreza de la población e incentivar estructuras clientelares y serviles a favor de su partido político.

Asimismo, como parte de los diálogos que sostendrá en encuentros oficiales en relación al cuidado del medio ambiente, la paz y la seguridad, le solicitamos a que en su agenda no se omitan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio, recursos naturales, así como a decidir sobre sus formas de organización. Se trata de derechos que son sistemáticamente vulnerados en las entidades que visitará, y que a lo largo y ancho del país afecta a cientos de comunidades, producto de una política económica basada en el extractivismo que se ha visto materializada en las llamadas “reformas estructurales” del presidente Enrique Peña Nieto. Los megaproyectos basados en la minería, agroindustria, represas, entre otros, sumados a la corrupción endémica en la que se priorizan los negocios de los gobernantes y sus aliados empresariales, han impulsado estrategias de despojo, así como de intimidación y criminalización contra las comunidades y las personas que las defienden.

Por otro lado, le hicimos saber que la población migrante en tránsito y solicitante de asilo ha sido por demás vulnerada en sus derechos por parte de autoridades y funcionarios que participan en eventos de detención o por parte de grupos del crimen organizado en complicidad con las autoridades. Las denuncias que organizaciones de migrantes venían haciendo desde el 2004, culminaron con la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas en el 2010, seguida de la aparición de fosas clandestinas en los estados de Tamaulipas y Durango en abril del 2011 y posteriormente el hallazgo de 49 torsos de cuerpos humanos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Esto, sumado a los más de 20,000 casos de secuestro documentados por 10 albergues de migrantes en el 2009 en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pese a diversos señalamientos en los últimos 6 años por parte de organismos internacionales sobre el carácter generalizado de la violencia e impunidad, y la falta de garantías para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la postura del Gobierno mexicano, particularmente en la presente administración, ha consistido en minimizar y señalar los casos de graves violaciones a derechos humanos como hechos aislados. Además, se han emprendido o tolerado campañas de desprestigio en contra de las y los titulares de mecanismos internacionales de derechos humanos, como se hizo en contra del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, quien evidenció el carácter generalizado de la tortura en México, del Comité de Naciones Unidas en contra la Desaparición Forzada de Personas o en contra del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa, el cual, por si fuera poco, ha auxiliado a enderezar el rumbo de las investigaciones de la Procuraduría General de la República en torno a la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Guerrero.

Asimismo advertimos que la política de invitación abierta y permanente a mecanismos internacionales de derechos humanos que había mantenido México, está en franco retroceso ante la evidente dilación y falta de respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar las fechas de las visitas al país de los Relatores de la situación de las y los defensores de derechos humanos y de desplazamiento interno forzado, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.

De igual manera, profundamente preocupadas, le hicimos saber que el Estado mexicano se niega a aceptar la responsabilidad que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Por el contrario, hicimos de su conocimiento el fortalecimiento de la presencia de las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública, funciones propias de la policía civil tal como lo ordena la Constitución Mexicana.

Para nosotras es muy importante, dado el altísimo número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que la agenda del papa Francisco considere a esas víctimas, muchas de las cuales requieren del reconocimiento y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado mexicano.

Las organizaciones que suscribimos la carta, reconocimos la labor de la Santa Sede en la promoción del derecho humanitario internacional, así como por la defensa de la dignidad humana durante los conflictos armados y en tiempos de paz, por lo que pedimos que, no solo su mensaje espiritual, sino su solidaridad internacional hacia las víctimas, ayudará a que no se pierda fe en la paz y la justicia en nuestro país.

 

* Olga Guzmán Vergara es Directora de incidencia nacional e internacional de la @CMDPDH

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