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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El papel de México frente a la crisis de la CIDH
La actual crisis financiera que enfrenta la CIDH es la evidencia más clara de la falta de voluntad política para reconocer y enfrentar los profundos problemas del hemisferio en la consolidación del Estado de derecho, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el respeto a los derechos humanos.
Por CMDPDH
30 de mayo, 2016
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Por: Nancy López y Olga Guzmán

La existencia de organismos internacionales de protección de derechos humanos significa, per se, un fracaso de la capacidad de los Estados de resolver situaciones que en primer lugar son de competencia interna. También son expresiones de la voluntad de los Estados de que entes internacionales, independientes, imparciales y legítimos, les acompañen en la construcción y fortalecimiento de sus capacidades internas, así como en la vigilancia del respeto y garantía de los derechos humanos que éstos han reconocido.

El incremento anual progresivo de peticiones en el sistema interamericano es una prueba contundente del fracaso de la mayoría de los Estados americanos en su intento de proveer acceso a las millones de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La reciente desgracia por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da en una coyuntura de visible incomodidad entre algunos Estados americanos ante las resoluciones de casos individuales, visitas in loco, medidas cautelares e informes temáticos y sobre países a los que ha llegado la CIDH en los últimos años.

Pese a haber sido una construcción misma de los Estados del hemisferio bajo el espíritu de cooperación y promoción de los derechos humanos, pocos son los que se han resistido a los embates que han intentado socavar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Basta con recordar la reacción desmedida de Brasil en 2011, la cual resultó en el retiro de su embajador ante la OEA y la suspensión de financiamiento a la CIDH ante las medidas cautelares ordenadas a favor de comunidades indígenas en el caso Bello Monte, las cuales ordenaron la suspensión inmediata de una obra hidroeléctrica.

O la intención de Ecuador por debilitar a la Relatoría para la Libertad de Expresión; o la más reciente protagonizada por México después de la presentación del informe “Situación de derechos humanos en México” en marzo pasado, en la que el Gobierno mexicano desacreditara dicho informe al considerarlo infundado y no correspondiente con la realidad, aunado a la campaña de desprestigio que toleraron las autoridades mexicanas contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

Es así que la actual crisis financiera que enfrenta la CIDH no es solo el reflejo del debilitamiento de la misma al que han contribuido Estados de la región, a través en ocasiones de reacciones insensatas, sino que es la evidencia más clara de la falta de voluntad política para reconocer y enfrentar decididamente los profundos problemas que del hemisferio en la consolidación del Estado de derecho, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el respeto a los derechos humanos.

Lamentablemente, la situación actual de la CIDH no hace justicia a la importante labor de protección de derechos humanos que ha llevado en la región; al importante desarrollo jurisprudencial y de estándares en diversos temas y problemas de la región; a la reivindicación de movimientos sociales y a la generación de memoria histórica y colectiva ante los abusos cometidos en los procesos dictatoriales y conflictos armados del Cono Sur y de Centroamérica; a su incansable labor hacia el combate a la impunidad y la búsqueda de la verdad, justicia y reparación a víctimas.

Por si fuera poco, el actual escenario regional es por demás complejo. Brasil enfrenta una de las más preocupantes crisis en los últimos años en sus instituciones democráticas y una potencial degradación de los derechos sociales para las y los habitantes del país; México atraviesa una severa crisis de derechos humanos caracterizada por los cientos y miles de personas desaparecidas, ejecutadas y desplazadas, que sigue perpetuándose por los altos índices de impunidad, y existe una creciente tendencia de los Estados de la región a delegar tareas de seguridad y orden a las fuerzas militares e incluso a instaurar estados de excepción para hacer frente a los índices de criminalidad o incluso a la protesta social, por mencionar algunos ejemplos.

No obstante, en medio de los preocupantes desafíos en la región en materia de derechos humanos, los gobiernos del hemisferio continúan en el letargo, ensimismados en su retórica llena de justificación e indiferencia que sigue generando miles de víctimas.

El gobierno mexicano, en su política exterior caracterizada recientemente por el discurso excesivo, el autoelogio, la simulación y descalificación, quizás se vea como uno de los más beneficiados de que la CIDH tenga que sufrir una notable pérdida de capacidad humana. No obstante, sería un sinsentido que el Gobierno mexicano espere a que se reduzca al 40% la capacidad de análisis de las peticiones y que por lo tanto se retrase la determinación de 824 peticiones recibidas tan sólo en 2015, mismas que en ese mismo año nos colocó como el país con más peticiones enviadas al sistema interamericano.

El peligro de que la CIDH desaparezca sin duda no es cosa menor, ni es un asunto que deba parecernos lejano a quienes vivimos en la región, dado que nos enfrentamos a la posibilidad de perder la única vía de reclamar acceso a la justicia, cuando la justicia de nuestros Estados no nos ha protegido. Este organismo internacional ha dado sobradas muestras de neutralidad, en la que por igual ha recibido casos que involucran a niñas, niños, personas indígenas, policías, exmilitares, jueces y cualquier persona, inocente o culpable que haya sido víctima del Estado, es decir, cualquiera de nosotros siempre ha tenido las puertas abiertas a dicho sistema.

El Estado mexicano tampoco podrá negar que muchos de los avances en materia de derechos humanos de los cuales ahora puede presumir a nivel internacional (como la reforma constitucional de derechos humanos, la Ley General de Víctimas y los criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) son de inspiración interamericana. La igualmente valiosa construcción de criterios de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha permitido que integrantes del poder judicial de la federación comiencen a entender el valor del debido proceso, de la participación de las víctimas en los procesos judiciales, de interpretar conforme al criterio que resulte más favorable a la persona, entre otros. ¿Cuántas de estas cosas tendríamos sin las sentencias de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Cabrera y Montiel, Inés y Valentina?

En este contexto, la pregunta que se le ha hecho a la cancillería mexicana es si debiera acudir al rescate de la CIDH. No obstante, el punto principal de la discusión debería centrarse en la forma de fortalecer y seguir haciendo sostenible el trabajo de la CIDH; en que este organismo cuente con los recursos suficientes para asegurarse que estará a la altura para cumplir con sus obligaciones convencionales, en la obligación ineludible que tienen los Estados de asegurar su funcionamiento como creadores del mismo y destinatarios de sus decisiones. Desde que firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados americanos son responsables de que la CIDH pueda cumplir con su labor.

La obligación de México no es ser el salvador de la CIDH, sino aportar lo correspondiente a la carga generada al sistema interamericano por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales; es ser congruente con los millones de pesos y las miles de horas que se invierten en la CIDH para resolver los casos en los que el Estado mexicano ha sido omiso. Es el afrontar financieramente la determinación de las 2,539 peticiones provenientes del país pendientes de resolución ante la CIDH.

El costo para México por no prevenir, sancionar, investigar y reparar a víctimas de violaciones a derechos humanos, de manera adecuada y diligente, puede ser muy alto. Tan solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 1mil 465 millones de pesos por la atención de 9,980 casos en el 2015. Mientras tanto, el Gobierno mexicano aportó a la CIDH en el mismo año 370 mil dólares (6 millones 290 pesos aproximadamente); cantidad que no corresponde con su compromiso por la protección y respeto de los derechos humanos en el hemisferio y que termina dejando una deuda pendiente con miles de víctimas de México y la región.

 

*Nancy López es Directora de Defensa y Olga Guzmán es Directora de Incidencia de la @CMDPDH.

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