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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El primer juicio contra una fifí y el origen del discurso de AMLO
El "nuevo" lenguaje oficial de los "fifís" (corruptos), el pueblo (bueno), los conservadores y los intelectuales orgánicos no son simples ocurrencias, sino que articulan una propuesta de régimen político y orden social con parámetros definidos.
Por CMDPDH
8 de abril, 2019
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Por: Rodolfo Franco Franco (@francopolis)

Hay algo más en el discurso presidencial que megalomanía y autoritarismo, AMLO habla desde una tradición marxista que puede rastrearse. Anclar el discurso de Andrés Manuel a la tradición marxista tiene la utilidad de desplazar la crítica ad hominem (que va de la locura a la incapacidad) y ponderar seriamente los riesgos que encierra la apuesta transformadora de Morena; ni el socialismo del siglo XXI ni la era posneoliberal que el presidente ha inaugurado pueden entenderse sin esta herencia ideológica. El “nuevo” lenguaje oficial de los “fifís” (corruptos), el pueblo (bueno), los conservadores y los intelectuales orgánicos no son simples ocurrencias, sino que articulan una propuesta de régimen político y orden social con parámetros definidos, así como referentes históricos para comprender sus implicaciones prácticas en materia de justicia, derechos humanos e institucionalidad democrática.

Hablando desde esa tradición, la retórica presidencial ha acuñado categorías que se adaptan a los prejuicios/realidades que estructuran el orden social en México. Las declaraciones del 8 de marzo pasado y las constantes referencias a la posibilidad someter a consulta los derechos de las mujeres y otros grupos; la pretensión de que es él quien decide respetar derechos como la libertad de expresión o participación ciudadana—sin advertir que está obligado a ello y no tiene elección, son una colección de corolarios de la tradición que informa su proceder político. Así, para AMLO, el régimen neoliberal atomizó las luchas sociales, inspirando una falsa conciencia entre movimientos con causas particulares (gremiales como él las llama), como el feminismo, los derechos humanos o el ambientalismo; todos sacrificaron la voluntad general del pueblo y fueron funcionales al status quo. Ergo, todos son culpables de la corrupción neoliberal.

Hasta ahora, las llamadas de atención y la crítica se han centrado, acertadamente, en el clima público que esta retórica genera y el entorno de riesgo para activistas, disidentes, periodistas y otros actores críticos del gobierno. Sin embargo, la arenga mañanera diaria tiene un propósito más profundo. En última instancia, capturar la imaginación pública es instrumental para permitir reorganizar el orden institucional, dotar a los órganos del Estado de propósitos y valores distintos a los que habían dominado la “era neoliberal”. El presidente entiende su mayoría electoral como un cheque en blanco para sustituir la vieja “institucionalidad corrupta” con normas, instituciones y leyes que reflejen el ethos de la nueva mayoría dominante. Las luchas por los derechos humanos, las causas ambientalistas o feministas deben dar paso a los verdaderos intereses del pueblo y dejar de ser instrumentos de dominación ideológica de las élites neoliberales.

Esta visión no es sólo una perspectiva teórica, Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista Soviético en 1983, planteó que las críticas por violaciones de derechos humanos contra la URSS “eran alegatos hipócritas de la propaganda burguesa,… el humanismo y democracia reales… significan el gobierno de la mayoría del pueblo trabajador”. A diferencia del pensamiento liberal que asume la necesidad de una justicia objetiva y neutral para la construcción del orden político y legal basado en derechos inalienables, el marxismo ve en esta retórica la expresión de la hegemonía de clase.

En otras palabras, la tradición desde la que nos habla Andrés Manuel no reconoce límites al poder Estatal basados en derechos universales e inalienables de las personas frente a las necesidades políticas de la transformación dirigida por el pueblo; de tal suerte que es posible pensar que los derechos se sometan a consulta o se deroguen en función de la voluntad general, y que el orden legal/institucional esté al servicio de neutralizar las expresiones de valores políticos que no reflejen la voluntad del pueblo. Los conservadores/”fifís” de hoy se asemejan a quienes los bolcheviques catalogaron como “enemigos de clase”, y es esa noción la que dará lugar a los juicios de Moscú en 1936, que eliminaron de la disidencia contra Stalin en la URSS.

El primer juicio contra una enemiga de clase sucedió a poco más de un mes de la toma efectiva del poder por parte de los bolcheviques, el 10 de diciembre de 1917, y fue en contra de una mujer. La condesa Sofía Panina había sido acusada de malversar 93,000 rublos del ministerio de educación. Hasta antes de la revolución de febrero de 1917 la condesa se había ganado el cariño de la clase trabajadora en Petersburgo por la labor filantrópica que realizaba manteniendo un centro comunitario que proveía servicios de educación para la los y las trabajadoras, servicios de guardería y un lugar para la reunión y organización del movimiento obrero, durante los últimos años del régimen zarista. Las declaraciones de los participantes en el juicio de Panina son sorprendentes en la medida que muestran cómo el ánimo público informa la construcción de una concepción nueva de justicia que terminará dominando la institucionalidad soviética.

En su intervención inicial Ivan P. Zukov, presidente del panel de siete jueces, señaló: “juzgaremos severamente a todos aquellos quienes vayan en contra de la voluntad del pueblo… pero aquellos inocentes frente a la voluntad revolucionaria del pueblo” encontrarán en el tribunal a su defensor más confiable”. Aún más contundente fue el testimonio del testigo de cargo Naumov, quien llamó a los jueces (7 hombres bolcheviques) a no considerar a la condesa como un individuo sino como un “enemigo de clase”: “En el nombre de los millones de oprimidos, les llamo a actuar. Si en nuestro camino está un individuo noble, lo lamentamos mucho, peor para ella”. Panina simbolizaba todo lo opuesto a la Revolución: un título nobiliario, riqueza heredada, filantropía a la noblesse obligue y liberalismo burgués. El juicio de Panina se basó en señalar una identidad de clase que demandaba sanción legal, más allá de su papel como aliada de la causa trabajadora o el hecho del que se le acusó.

De forma muy similar, desde el púlpito presidencial, Andrés Manuel entrega a las colaboradoras del viejo régimen —feministas, defensoras de derechos humanos, periodistas o activistas— a un público que tiene poca simpatía, con toda razón, por el pasado de corrupción y abuso que pavimentó el camino de la victoria electoral de Morena. En este ejercicio, AMLO se encarga siempre de recordar que estos conservadores sirvieron al poder corrupto que él destronó. No obstante, el presidente olvida que el sendero por el que accedió al poder fue abierto por los intereses particulares legítimos de los ciudadanos que, organizados, desnudaron las prácticas voraces de corrupción de una élite cleptocrática y sanguinaria. Los movimientos de víctimas y las OSC han mantenido viva la lucha por la justicia, a pesar de los intereses políticos por preservar el pacto de impunidad. Han sido los intelectuales y la prensa quienes en toda su diversidad de posiciones —incluso de clase—e xpusieron la barbarie de la guerra en México y la corrupción.

El presidente ha planteado una estrategia en la que está en juego la definición misma de la relación Estado-ciudadano; el origen y naturaleza de los derechos de las personas, la ley y las instituciones. El juicio de Panina es sólo un ejemplo del poder del discurso público para sustituir las categorías relevantes e insertarlas en el entramado legal/institucional. No están solamente en juego una nominación a la Suprema Corte o la independencia de una Comisión Reguladora. Están en riesgo valores fundamentales como el pluralismo y la posibilidad misma de vivir una ciudadanía activa que no le deba nada al poder; o que sean los hechos los que definan la responsabilidad penal de una persona frente a una acusación legal y no la etiqueta de “fifí” o conservador. Lo que está en disputa es la sutil diferencia entre aceptar que los derechos son una concesión del Estado o, por el contrario, defender que los derechos son inherentes e inalienables. Peligran las condiciones que hacen posibles las prácticas de rendición de cuentas y demanda social que han puesto a las élites políticas de este país de rodillas, y que han beneficiado el presidente.

Urge cambiar la perspectiva. Mientras el presidente sale todos los días a predicar cómo es el mundo, a señalar a los buenos y los malos en una gran narrativa, la crítica es ad hominem y por asunto. Tildar al presidente de irracional o esquizofrénico significa restarle seriedad al reto político que plantea la voluntad transformadora de este gobierno. No habrá resistencia u oposición posible si no se esgrime una opción a la visión del mundo de AMLO. No se trata tampoco de recrear una batalla civilizatoria añeja o usar la etiqueta marxista como herramienta del miedo. La realidad es contundente, la desigualdad e injusticia materiales no pueden soslayarse. No obstante, si el neoliberalismo no puede desprenderse de la pestilencia del darwinismo social que lo impregna, el posneoliberalismo no puede separarse de la brutalidad y miseria que mostró socialismo realmente existente. Es apremiante articular la narrativa socialmente relevante sobre un mundo deseable en el que la justicia social no venga al costo de libertades e instituciones que permiten levantar la voz, limitar el poder y demandar una multiplicidad de reivindicaciones, más allá de las que aprueba el presidente.

 

* Rodolfo Franco Franco es Coordinador de Desarrollo Institucional de la @CMDPDH.

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