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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El profundo descuido del sistema penitenciario en México
Lo que sucede dentro de los centros de reclusión de México ya no es un secreto a voces. El autogobierno, la violencia, la corrupción, el hacinamiento, la tortura, son solo algunos de los males que promueve nuestro tipo de prisión; esa institución totalitaria y punitiva que contiene y excluye a las y los transgresores del consenso social para castigarlos y “corregirlos”.
Por CMDPDH
15 de febrero, 2016
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Por: Olga Guzmán Vergara (@OlGuz)

El pasado 10 de febrero las primeras planas de los medios noticiosos del país reportaban que en el Centro Preventivo de Reinserción de Topo Chico, en Nuevo León, se había producido un motín, desencadenado por un enfrentamiento entre dos grupos delictivos, el cual terminó en la muerte de 49 de las personas internas del Centro, así como en 12 heridos.

Este grave incidente se suma al historial de agravios que han vivido las personas privadas de libertad en centros de reclusión mexicanos y que ponen de manifiesto la ineficacia, tanto de la administración penitenciaria del país, como del mismo propósito en la imposición de la pena de prisión en nuestro actual sistema de justicia.

Los datos estadísticos reflejan que la administración del sistema penitenciario mexicano resulta inoperante al no disponer de suficientes espacios físicos con instalaciones apropiadas para albergar al número de personas que actualmente se encuentra en reclusión, y al no contar con el personal penitenciario adecuadamente capacitado y con condiciones laborales dignas para atender a la población que se encuentra bajo su custodia.

Actualmente 247,488 personas se encuentran privadas de libertad en centros de reclusión del país aún cuando la capacidad de los 389 centros penitenciarios es para 208,905 personas.

Naturalmente, frente a esta realidad, lo que sucede dentro de los centros de reclusión ya no es un secreto a voces. El autogobierno, la violencia, la corrupción, el hacinamiento, la tortura, son solo algunos de los males que promueve nuestro tipo de prisión; esa institución totalitaria y punitiva que contiene y excluye a las y los transgresores del consenso social para castigarlos y “corregirlos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre los derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, dejó claro que los Estados deben garantizar los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia y asegurar que las condiciones de reclusión en las que éstas se encuentran sean acordes con el respeto a la dignidad inherente de todo ser humano.

No obstante, dados los desafíos que enfrentan las prisiones para garantizar condiciones de convivencia dignas, seguras y promotoras de integración social, vale la pena preguntarse, cuál está siendo el verdadero propósito de la pena de prisión en nuestro sistema de justicia, y si en verdad, el problema nace en el sistema penitenciario o proviene del sistema de justicia penal.

Durante siglos, se ha afirmado que el castigo es una respuesta justificada y necesaria ante acciones que afectan el orden social. Algunas teorías han defendido al castigo como una forma de disuadir a potenciales infractores de delitos y evitar la reincidencia de los mismos (teoría de disuasión). Otras, conciben la finalidad de la pena como el recurso principal por el cual se coacciona a las personas infractoras de un delito de pagar por los mismos, es decir, devolver el mal causado por un mal proporcional (teoría de la retribución). O aquella que tomó auge durante el siglo XX en Estados Unidos que concibe al encierro (prisión) como la única pena que previene la comisión de futuros delitos (teoría de la incapacitación). La teoría dominante durante la década de los setenta en el sistema de justicia penal norteamericano, postuló que la pena de prisión debía tener el objetivo de readaptar, reeducar o reinsertar a las personas infractoras con el fin de que éstas sean productivas en la sociedad una vez rehabilitadas (teoría de la rehabilitación o readaptación).

De la mano de las tendencias ideológicas y reformistas internacionales que comenzaron a conceptualizar sistemas penitenciarios más humanos a finales del siglo XX, en México, la enmienda al Artículo 18 derivada de la Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia Penal que modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2008, implicó el reconocimiento de la dignidad y del respeto a los derechos humanos de las personas en prisión.

El vigente artículo 18 prevé el establecimiento de un nuevo paradigma en cuanto al sistema de ejecución de sanciones penales, al suprimir el concepto de readaptación social, el cual se fundamentaba en una concepción psicológica en el que las personas privadas de la libertad se consideran desadaptadas, desviadas -incluso enfermas- para sustituirlo por el de reinserción social, el cual, más que un cambio conceptual, implica el reconocimiento explícito del Estado respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que están bajo su custodia.

Pese a este importante cambio de paradigma, una vez más nos encontramos frente a la inmensa brecha entre la narrativa institucional -y constitucional- y su verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas.

Lo que ocurrió en el penal de Topo Chico el pasado miércoles, no es solo el último reflejo de un simple descuido institucional, sino de una crisis en el sistema penitenciario del país que no ha querido ser vista como una agenda prioritaria para revertir la cadena de males de nuestro sistema de justicia penal.

Las advertencias estaban ya declaradas. Tanto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su Informe 3/2015, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura en su último informe sobre su misión a México, derivado de sendas visitas al penal de Topo Chico, advirtieron que las condiciones de hacinamiento en el Centro eran preocupantes, que se cometían actos que violentaban el derecho a la integridad personal – como en el área denominada “canina” en donde se observó a internos encadenados con grilletes de pies y manos – y que el autogobierno constituía uno de sus principales problemas del penal.

Ante ingente desafío, tanto la Ley Nacional de Ejecución Penal, como la Ley General contra la Tortura, cuyas iniciativas se encuentran actualmente en discusión en el ámbito legislativo, deben responder a la crisis institucional que enfrenta el país para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, dentro y fuera de los centros penitenciarios, así como para eliminar la discrecionalidad que la autoridad penitenciaria ha ejercido durante años y que ha mantenido a las prisiones en el terreno de la opacidad.

Mientras sigan sin aceptarse e implementarse los diagnósticos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que han advertido sobre la grave situación que padecen los centros de reclusión en nuestro país; mientras las personas privadas de libertad en centros de reclusión no dejen de ser objetos de tratamiento para, en su lugar, ser sujetos de derechos; y en tanto el uso de la prisión siga siendo la pena dominante en nuestro sistema de justicia, más episodios como los de Topo Chico nos esperan en el porvenir.

 

* Olga Guzmán es Directora de incidencia nacional e internacional de la @CMDPDH

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