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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El silencio del Ejército mexicano: símbolo de impunidad y repetición
¿Cómo garantizará el presidente que ante violaciones a derechos humanos por parte del Ejército mexicano no sigan en el total silencio, reconozcan su responsabilidad, y pidan disculpas por todos los años que han violado a mujeres, comunidades, y por su actuar arbitrario?
Por CMDPDH
1 de junio, 2020
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“…El gobierno me ha tenido enferma todos estos años y a estas alturas ya me debe la vida que me ha ido quitando poco a poco al negar mi existencia y mi palabra”.

(Palabras de Ana, Beatriz y Celia, “hermanas González”).

 

Han pasado 26 años desde que integrantes del ejército mexicano ultrajaron la dignidad, integridad, honra y cuerpos de Ana, Beatriz y Celia González Pérez (“hermanas González”), mujeres indígenas tseltales, originarias del municipio de Altamirano en el Estado de Chiapas.

El 4 de junio de 1994, Ana Beatriz y Celia sufrieron múltiples violaciones a sus derechos humanos en manos de integrantes del ejército mexicano. Las hermanas González, junto con su madre Delia, fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria por un grupo de militares, para interrogarlas sobre su supuesta pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco del conflicto armado. Las cuatro mujeres indígenas fueron separadas y privadas arbitrariamente de su libertad. Posteriormente fueron llevadas a un cuarto para interrogarlas. Allí sufrieron amenazas, golpes y tortura sexual en reiteradas ocasiones por parte de militares.

Debido a las omisiones de las autoridades del Estado mexicano para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas a las hermanas González y su madre, el caso fue sometido el 16 de enero de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que emitió el 4 de abril de 2001 su Informe de Fondo N° 53/01 declarando la responsabilidad internacional del Estado por diversas violaciones a los derechos humanos de las hermanas González y su madre Delia.

Al respecto, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado mexicano: 1) Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz, Celia y su madre Delia y, 2) repararlas adecuadamente.

Una petición importante que las hermanas González Pérez habían solicitado durante todos los años transcurridos en su lucha por la justicia -y que corresponde con su derecho a la reparación- había sido que, desde su cosmovisión, se respetara y se hiciera efectiva una forma de reparación, que es cuando la persona daña a otra le debe ofrecer una disculpa; por ello las hermanas González habían solicitado como un acto principal que el Ejército mexicano les ofreciera disculpas públicas por las violaciones perpetradas en su contra.

Desde diciembre de 2018, con la llegada del actual gobierno de México, éste afirmó haber implementado una política de reconocimiento de sus responsabilidades internacionales, generando actos públicos de disculpas a víctimas de violaciones a derechos humanos en diversos casos; como: i) Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ejecutados a manos del ejército mexicano, quienes irrumpieron arbitrariamente en las instalaciones de la universidad privada; ii) Lydia Cacho, periodista mexicana, detenida arbitrariamente y torturada en represalia por sus publicaciones que fueron incómodas para un gobernador; iii) Martha Camacho, activista mexicana que por sus ideales políticos y ser militante de la “Liga Comunista 23 de septiembre”, estando embarazada, fue detenida por militares de manera arbitraria en compañía de su esposo, militares que la torturaron y obligaron a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo, cuyo cuerpo fue desaparecido, aunado a que tuvo que dar a luz en condiciones infrahumanas; iv) Tierra Blanca, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz detuvieron arbitrariamente a cinco adolescentes, y luego los entregaron al crimen organizado, posteriormente fueron ejecutados; v) Lorena González, víctima de detención arbitraria y violaciones al debido proceso, producto de la política de fabricación de culpables.

Estos actos de disculpas públicas tienen algo en común y es que, en los casos donde hubo participación de integrantes del ejército mexicano, en ninguno existió una disculpa por parte de dicha institución. Por ejemplo, en el acto de disculpas públicas en el caso “Liga comunista 23 de septiembre” al requerir la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en dicho acto, la Secretaría respondió que no se encontraban obligados a acudir a dicho acto, puesto que no existían sentencias penales que los señalaran como responsables.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que en el caso existe una Recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que los señala como autoridad responsable de violaciones a derechos humanos y, por consiguiente, es recomendada para dar cumplimiento a la reparación integral en favor de las víctimas.

En el caso de las hermanas González, el 18 de octubre de 2019 en Ocosingo, Chiapas, el gobierno federal reconoció su responsabilidad ante las hermanas González y su madre por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano, en medio de un contexto de represión en contra de los pueblos indígenas en Chiapas. Sin embargo, el acto se llevó a cabo sin la presencia de ningún representante de la SEDENA; pese a las exigencias de las hermanas y del pueblo tseltal para que representantes estuvieran en el acto, nunca llegaron.

Celia González Pérez, una de las hermanas que al momento de los hechos tenía 16 años, dijo que “los que en realidad cometieron el daño, no vinieron. Lo que queremos es una justicia verdadera; yo quiero exigir justicia, que nos pidan perdón público los militares”. Para las hermanas González Pérez no parece lógico que quien ofreciera disculpas públicas fuera una mujer -en este caso, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió al acto de disculpas públicas- ya que la violación sexual que cometieron en su contra fue realizada por hombres militares, y eso debía reconocerse.

Además, las hermanas González han manifestado que desde que ocurrieron los hechos ellas y su madre se sienten enfermas del alma, y que el hecho de que el Ejército les ofrezca disculpas constituye una especie de medicamento que ellas necesitan para aliviar un poco su enfermedad.

Los hechos que ocurrieron en su contra hace 26 años no sólo las afectaron física y psicológicamente, también originó la ruptura de las comunidades, familia y amistades con las hermanas, toda vez que les generó estigmatización, revictimización y falta de credibilidad a su palabra. Por tanto, el hecho de que la autoridad que cometió las violaciones ofreciera las disculpas públicas era de suma importancia para poder sentirse un poco reparadas.

El caso de las hermanas González constituye uno de los primeros casos en México en el que unas mujeres indígenas se atrevieron a alzar la voz y denunciar la tortura sexual que había sido cometida en su contra por parte del Ejército mexicano, a pesar de haber sido amenazadas para no hacerlo.

La violencia sexual que sufrieron las hermanas González a manos de militares es un claro ejemplo de la permisividad con la que pueden actuar los militares; es un acto que realizan porque saben que no serán castigados por ello, porque se saben protegidos y porque seguramente no serán ellos quienes darán la cara con las víctimas por sus violaciones.

Por tanto es lamentable que después de 26 años y con la reciente institucionalización de la militarización que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado en México, las hermanas González y su madre tendrán que seguir siendo obligadas a convivir con aquellos militares que representan a la institución que les marcó la vida para siempre.

El presidente declaró en una de sus conferencias matutinas que “si hay alguna violación a los derechos humanos de parte del Ejército en tareas de seguridad pública se rectificará”, y le preguntamos ¿de qué manera se rectificará? ¿Cómo garantizará que ante violaciones a derechos humanos por parte del Ejército mexicano no sigan en el total silencio, reconozcan su responsabilidad y pidan disculpas por todos los años que han violado a mujeres, comunidades, y por su actuar arbitrario?

El silencio del Ejército mexicano ha perpetuado la impunidad de las violaciones a derechos humanos en México; ha revictimizado a las víctimas y ha dejado un claro mensaje que por sus indebidas actuaciones no serán ellos quienes den la cara, lo que nos coloca en total riesgo de repetición.

@CMDPDH

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