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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Elementos a considerar para una Ley General sobre el Desplazamiento Interno
En nuestro país el sistema de justicia y los mecanismos de derechos humanos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, han sido renuentes a ofrecer recursos legales adecuados para proteger a las víctimas que se desplazan de manera forzada a su interior, así como para garantizar sus derechos.
Por CMDPDH
23 de noviembre, 2015
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México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de los setenta, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa (entre católicos y minorías de indígenas protestantes), conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales. En los años noventa, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el ejército mexicano y las policías locales desplazando a miles de personas. En particular, en 1994, el conflicto Zapatista en Chiapas originó un desplazamiento sin precedentes en el país y se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado en esta entidad.

El diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en 2004, menciona que las cifras generales estimadas para ese año, a pesar de la ausencia de una estadística oficial, varían entre los 3 mil y 60 mil desplazados, citando como causas los “conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio mexicano”. Ante esta situación, el gobierno incluyó la problemática del desplazamiento interno en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2008.

El fenómeno del desplazamiento interno forzado en México se ha incrementado bajo el escenario de inseguridad y violencia que atraviesa el país, principalmente desde diciembre de 2006, como consecuencia de la estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado puesta en marcha por el ex Presidente Felipe Calderón. En este escenario, los enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado y la situación de violencia generalizada enmarcada en un contexto de corrupción e impunidad han sido las causas del desplazamiento forzado reciente.

El Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) establece que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlos, han sido la causa del desplazamiento de decenas de miles de personas, y sitúa la cifra global del país en 281,400 personas internamente desplazadas. Hay evidencia de que en 14 de los 32 estados de la República (43%), en los últimos años han tenido lugar 141 eventos de desplazamiento masivo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 18 de agosto del 2014 su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México”, en el cual, además de describir a México como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, aborda la movilidad humana a nivel interno subrayando que el contexto de violencia generalizada exacerbada en diversas zonas de México ha sido el causante del desplazamiento forzado de miles de personas en los últimos años, y denuncia la tendencia de las autoridades a minimizar el fenómeno asumiéndolo como “una incómoda consecuencia de la situación de violencia” o bajo el argumento de que los movimientos de poblaciones internas responden a motivaciones económicas.

Asimismo, de acuerdo con las observaciones preliminares presentadas el 2 de octubre de 2015 de la Visita in Loco realizada por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, se diagnosticó que el país enfrenta una grave crisis de derechos humanos, resaltando el desplazamiento interno forzado como otra de las graves violaciones a derechos humanos que han generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México durante los últimos años, impactando de manera más aguda a pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. En dichas observaciones, la CIDH manifestó su preocupación ante la falta de reconocimiento y cuantificación del fenómeno por parte de las autoridades, así como la ausencia de un diagnóstico integral sobre esta problemática y de una política integral para su prevención y la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados internos.

Tan sólo en 2014 y hasta febrero del 2015, 9,024 personas se desplazaron como consecuencia de 23 movimientos de ésta naturaleza en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Chiapas y Veracruz. Algunos de estos desplazamientos masivos afectaron a más de 250 familias simultáneamente. Únicamente se identificaron seis movimientos en los cuales algunas personas y comunidades que se habían desplazado entre 2008 y 2014 en Guerrero, Chiapas y Coahuila regresaron a su lugar de origen durante 2014, sumando un total de 2,488 retornados.

Las personas internamente desplazadas se encuentran actualmente en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno.

La salida del lugar de origen implica la desintegración del tejido social de las comunidades, así como la desestructuración de las unidades familiares y la ruptura de sus procesos comunitarios y sociales, además de la desarticulación de las redes laborales estables. En el reasentamiento, la población desplazada se encuentra por lo general en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, precariedad e incluso indigencia y está expuesta a nuevos riesgos. Esta condición impide la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos humanos tales como: el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación, al empleo, a una vida familiar y cultural digna. Uno de los factores que aumenta la vulnerabilidad de estas personas es su invisibilidad y su falta de reconocimiento jurídico como víctimas de desplazamiento forzado, entendida como una violación a múltiples derechos humanos internacional y constitucionalmente reconocidos.

La mayor parte del desplazamiento interno forzado que tiene lugar en el país es un desplazamiento invisible, gota a gota, que pocas veces es registrado por organismos institucionales y se mimetiza con las migraciones intraurbanas y rurales-urbanas, lo cual tiene como consecuencia que la magnitud del fenómeno esté subestimada, y que las víctimas sean poco identificables

En México desde el año 1998 a la fecha se han presentado diversas iniciativas legislativas y puntos de cuerdo exponiendo la necesidad de legislar en la materia. Dichas solicitudes contemplan desde la creación y el diseño de leyes generales, federales y estales, como reformas a leyes nacionales existentes tales como reformas a la Ley General de Población, Ley General de Educación, Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Ley de Migración, reforma a los artículos 4, 19, 29 y 73 Constitucionales; así como la conformación de un marco jurídico, un registro nacional de población y la implementación de una política pública para su reconocimiento, prevención, atención y protección.

Desafortunadamente en nuestro país el sistema de justicia y los mecanismos de derechos humanos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, han sido renuentes a ofrecer recursos legales adecuados para proteger a las víctimas que se desplazan de manera forzada a su interior, así como para garantizar sus derechos.

Las respuestas existentes se han dado de manera fragmentada y el reconocimiento oficial del fenómeno como una consecuencia de la política de seguridad ha sido tímido y por funcionarios de nivel medio. Como ejemplo de esto, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población y en conferencia de prensa, Patricia Chemor, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) dio a conocer que 6 de cada 10 mexicanos (6.4%) decidieron dejar su estado de origen por razones de inseguridad pública y violencia.

A esto se suma la inexistencia de un diagnóstico oficial que dimensione el problema y que haga uso de herramientas precisas que sólo recursos gubernamentales pueden proveer.

En la actualidad, la ausencia de leyes, políticas e instituciones para atender a las víctimas de manera integral tiene como consecuencia que las personas internamente desplazadas sean re-victimizadas múltiples veces al luchar por la garantía de su derecho a la no discriminación, a la circulación y residencia, a la personalidad jurídica, a la libertad e integridad personal, a sus garantías procesales y protección judicial, a la vida digna, a la propiedad, a la unidad familiar, a la vivienda digna y adecuada, a la educación, salud y acceso al trabajo.

Por lo tanto, para abordar el fenómeno de manera integral, se requiere de una Ley General que tenga como propósito crear un marco conceptual y garante de los derechos de las personas que por causas diversas causas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, que precise una definición y establezca tanto los derechos de la población internamente desplazada como la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su superación.

Los elementos generales que deben abordarse en un marco regulatorio nacional son:

  • Adoptar una definición consistente como la planteada en los Principios Rectores: “todas aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
  • Reconocimiento de la naturaleza reactiva y preventiva del desplazamiento interno forzado, incluyendo el elemento del “temor fundado” como motivo del desplazamiento.
  • Reconocimiento del desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante. De forma paralela a la promulgación de la Ley General de Desplazamiento Forzado interno, se requiere reformar las fracciones I, III y IV del artículo 2 de la Ley General de Víctimas a efecto de que se contemple a los desplazados internos forzados como víctimas y se promuevan las medidas tutelares que debe tomar el Estado para su protección.
  • Proveer las medidas de protección necesarias a la población vulnerable que se encuentra en situación de desplazamiento interno forzado. La Ley General debe ser construida con base en una perspectiva de género y de protección de los Derechos Humanos, con especial atención a grupos de población vulnerable, con la finalidad de coadyuvar a la erradicación de prácticas discriminatorias y revictimizantes.
  • Proveer medidas que cubran las tres fases del desplazamiento forzoso. Construcción de un Protocolo de Atención que contemple la participación de todos los niveles de gobierno e instituciones gubernamentales.
  • Proveer medidas para aumentar la conciencia de la existencia y naturaleza del desplazamiento interno por la fuerza y proveer entrenamiento enfocado sobre los derechos de las personas internamente despalzadas.
  • Construcción de un diagnóstico sobre la situación de desplazamiento interno forzado a nivel nacional Establecer sistemas para la recolección y protección de información relevante.
  • Designar un punto focal institucional para las cuestiones de desplazamiento interno forzoso a nivel nacional y, cuando sea apropiado, a nivel subnacional.
  • Investir a una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o con la autoridad y responsabilidad de monitorear y reportar sobre el respeto y la protección de los derechos de los desplazamientos internos forzosos.
  • Asegurar la consulta y participación de los desplazados internos por la fuerza en todas las cuestiones que los afectan durante todas las fases del desplazamiento, y proveer suficiente información en tales cuestiones para permitirles tomar una decisión voluntaria e informada sobre su futuro.
  • Proveer la designación de los recursos humanos y financieros necesarios.
  • Proveer la base legal necesaria para la cooperación con socios humanitarios nacionales e internacionales, incluidas las disposiciones para facilitar la entrada inmediata de personal y bienes humanitarios.

 

@CMDPDH

 

Estas causas se identifican en la definición utilizada por la OACNUDH en este documento, la cual se basa en la definición establecida en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y en “las categorías y circunstancias particulares observadas en México”

 

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