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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Entre militares y policías especiales: el mando de la seguridad pública en Coahuila
Aunque las fuerzas especiales creadas en Coahuila entre 2009 y 2012 fueron descontinuadas en 2016 tras una serie de escándalos por casos de violaciones de derechos humanos, la estrategia de seguridad ha continuado sin mayores cambios.
Por Natalia Sánchez Carranza
15 de noviembre, 2021
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Sabemos que la militarización está relacionada con más violencia y violaciones de derechos humanos. Varias organizaciones –entre ellas la CMDPDH– han documentado cómo la llamada Guerra Contra las Drogas, impulsada en el año 2006, intensificó la crisis de derechos humanos en México. Esta estrategia consistió en una profunda militarización de la seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, que involucró el despliegue de las Fuerzas Armadas por el territorio nacional a la par de un proceso de militarización interna de las policías de todos los niveles. Uno de los mecanismos a través de los cuáles se ha llevado a cabo este proceso es la designación de militares en cargos de liderazgo dentro de las instituciones de seguridad. La militarización de la seguridad pública en el país es algo que persiste hasta la fecha, e incluso se ha intensificado con el involucramiento de las fuerzas militares en otros sectores de la vida gubernamental, como salud y obra pública.

¿Qué pasa cuando militares llevan el mando de las policías? La policía es una institución altamente jerarquizada: los mandos ejercen el poder de la toma de decisiones sobre sus subordinados, que están entrenados para seguir órdenes. En este sentido, los mandos de la policía tienen un papel importante en cómo se comporta la policía como institución y cada uno de las y los oficiales que la conforman. Por lo tanto, el carácter del mando afecta cómo se relaciona la policía con su comunidad y las violaciones de derechos humanos que comete.

El caso de Coahuila: militares al mando y creación de policías especiales

En el 2006, Coahuila se enfrentaba a niveles de violencia sin precedentes por la presencia del Cártel de los Zetas en el territorio, el cual era conocido por ser el más violento 1. En respuesta a la violencia en el estado, el entonces gobernador Humberto Moreira implementó una estrategia de seguridad denominada “Modelo Coahuila”. Este modelo consistió en asignar mandos militares en retiro o con licencia al frente de las policías de ciertos municipios y de las instituciones de seguridad estatales.

Los mandos militares se concentraron principalmente en los municipios más poblados del estado. El Modelo Coahuila involucró también la designación de mandos militares en las instituciones de seguridad a nivel estatal, un nuevo esquema de entrenamiento para los elementos policiales, un incremento importante del personal y adquisición de armamento.

En línea con la estrategia, en el 2009 fue creado un nuevo cuerpo policiaco especial denominado Grupo de Reacción Inmediata (GRI) con el objetivo de disminuir la inseguridad y combatir el crimen organizado en el estado. El GRI se conformaba de alrededor de 60 oficiales que recibieron entrenamiento intensivo impartido por un experto excombatiente del ejército español entrenado en tácticas terroristas urbanas, manejo de explosivos y armas largas.2 Esta organización fue la primera de varias fuerzas especiales altamente militarizadas creadas en el estado sin un marco o fundamento legal claro que justificara su creación, organización o funciones específicas.

En el 2011 se creó bajo la misma lógica el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE). Los elementos seleccionados para conformar el GATE recibieron un entrenamiento intensivo impartido por exsoldados de una unidad élite de las Fuerzas Armadas mexicanas y de militares de España e Israel.3 En el 2012 se crearon también el Grupo Élite y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas (GROM) –el primero operaba en Monclova y los municipios colindantes, mientras que el segundo se concentraba en Saltillo y la región Sureste del estado. Aunque cada fuerza especial tenía su propia estructura y organización interna, respondían al GATE como fuerza central, el cuál era dirigido por la Comisión Estatal de Seguridad, que estaba conformada por miembros de las Fuerzas Armadas.

En suma, la estrategia de militarización no sólo incluyó la designación de personal castrense en posiciones de poder a nivel estatal y municipal, sino también la formación de al menos cuatro cuerpos de seguridad altamente capacitados y armados. Mientras que el crimen organizado resistía y respondía con aún más violencia, los coahuilenses vivieron en un estado de terror en el que los enfrentamientos ocurrían en cualquier lugar y a cualquier hora del día. El nivel de violencia llegó a su pico máximo en el 2013, volviéndose uno de los estados más inseguros de México.

Sin embargo, la estrategia de seguridad ha continuado sin mayores cambios. Aunque las fuerzas especiales creadas en Coahuila entre 2009 y 2012 fueron descontinuadas en 2016 tras una serie de escándalos por casos de violaciones de derechos humanos, en realidad sólo fueron sustituidas por una nueva organización centralizada llamada Fuerza Coahuila. De hecho, una parte importante de los integrantes de Fuerza Coahuila provienen precisamente de estas fuerzas especiales.4 En 2018, se creó también un nuevo cuerpo llamado Grupo de Reacción Social (GRS) que opera bajo la misma lógica que las demás fuerzas especiales creadas antes en el estado.

Menos militares, pero más policías especiales 

Desde 2010 hasta la fecha, la designación de mandos militares al frente de las policías locales se ha vuelto cada vez menos común en Coahuila. No obstante, una parte importante de los directores provienen de las fuerzas especiales, que fueron creadas sin un marco legal claro que determine sus funciones o límites en un contexto de alta violencia y que fueron entrenados para combatir al crimen organizado por militares de élite. Actualmente, mientras que sólo la policía de Saltillo –la capital del estado– está bajo mando de personal excastrense, las policías de al menos nueve municipios están bajo mandos que provienen de fuerzas especiales.

Por esto, clasifiqué los mandos provenientes de fuerzas especiales como una categoría híbrida apartada de los civiles y de los militares y examiné una posible relación con las violaciones de derechos humanos. Los resultados refieren que las policías municipales dirigidas por mandos que provienen de fuerzas especiales de Coahuila –GATES, GROM, GRI y Grupo Élite– están relacionadas con más violaciones de derechos humanos. La tasa de violaciones de derechos humanos por cada cien mil habitantes por parte de las policías con mandos provenientes de fuerzas especiales es de 18.09 por año, el de las policías con mandos militares es de 12.43 y el de las policías con mandos civiles no provenientes de las fuerzas especiales es de 6.82.

En conclusión, las policías municipales bajo mandos provenientes de las fuerzas especiales no sólo tienden a cometer más violaciones de derechos humanos que aquellas bajo mandos civiles, sino también más que aquellas bajo mandos militares. El perfil del mando militar y de la policía es un determinante clave en su relación con las violaciones de derechos humanos. En Coahuila,  militares de élite jugaron un papel importante en el entrenamiento y dirección de las diferentes policías especiales que se formaron durante un periodo de alta violencia. Más tarde, los miembros de estas fuerzas especiales habrían de ocupar las direcciones de las policías municipales del estado, llevando a la adopción de prácticas propias de la lógica aprendida en estas instituciones. En fin, la militarización de la seguridad pública se está desarrollando por mecanismos mucho más complejos que sólo la designación de personal castrense en cargos de seguridad pública. Quizás la dicotomía militar-civil ha quedado atrás, en la medida en que lo civil se ha vuelto cada vez más parecido a lo militar.

@CMDPDH 

 

 

1 “Control… Over the Entire State of Coahuila. An analysis of testimonies in trials against Zeta members in San Antonio, Austin and Del Rio, Texas”. Human Rights Clinic: The University of Texas School of Law. (Noviembre 2017).

2 “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad” Disponible aquí.

3 Idem.

4 “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad” Disponible aquí.

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