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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Ernestina Ascencio Rosario: 14 años de pacto patriarcal e impunidad
Así como en 2007 Calderón argumentó que la señora Ernestina Ascencio murió por gastritis, encubriendo al ejército, existe un temor fundado de que el actual gobierno no sancione a los militares y a las demás autoridades responsables.
Por CMDPDH
25 de febrero, 2021
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Este 25 de febrero se cumplen 14 años desde que, en Telacingo, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, mujer nahua de 73 años, fue torturada sexualmente por al menos cuatro miembros del Ejército Mexicano, muriendo como consecuencia de la tortura sexual. Desde el 2007 se tejió una red de impunidad y misoginia, encabezada por el expresidente Felipe Calderón, que sigue vigente y de la que no se han realizado investigaciones ni se han aplicado sanciones. Por esta razón, no ha sido posible implementar medidas de reparación o garantías de no repetición.

La presencia de tropas y patrullajes en la zona huasteca se puede detectar desde el año 2000, debido a movimientos sociales que luchaban por la autonomía. Sin embargo, la  militarización de la zona huasteca, junto con la militarización de todo el país, comenzó a incrementar a partir de los primeros meses del 2007 como parte de la “estrategia” de seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa, por virtud de la cual la violación de derechos humanos por parte del ejército se convirtió en la norma. Fue dentro de este contexto que, a menos de un kilómetro de la casa de Ernestina, se instaló un campamento de militares.

El 25 de febrero de 2007, la señora Ernestina fue encontrada por sus familiares en estado grave, y cuando se le preguntó qué le pasaba, respondió, “se me echaron encima los soldados, mija, me duele la cadera”. Al ser una mujer indígena monolingüe, Ernestina no hablaba español y el Estado que debía protegerla hizo lo contrario al imponer,  una vez más, su  visión colonizadora y occidental a través de prácticas de sumisión, extorsión y terrorismo para consolidar su poder “blanco” contra las pueblos indígenas, despojándolos así de su territorio y autodeterminación. La violación como arma de guerra se documentó por primera vez en México durante la invasión española en 1519, donde el primer paso fue violar a las mujeres indígenas, dañando la “pureza” de raza y la cosmovisión de los pueblos. En el caso de Ernestina, ser indígena no solo fue el “motivo” para ser torturada sexualmente, sino que también fue un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que ni los servicios de salud ni los de justicia la apoyaron con intérpretes. Esta discriminación continuó en el caso de sus familiares que, al buscar justicia, tampoco contaron con recursos lingüísticos. La situación fue todavía peor cuando el ejército simuló realizar una investigación, violentando el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso al considerar que la violación de una civil debía ser investigada por instituciones militares y no civiles.

A través de la historia, la militarización ha supuesto un riesgo para las mujeres en México y en el mundo, debido a que ésta ha tenido como estrategia milenaria la violación como arma de guerra, ya sea en conflictos formales o no reconocidos. Derivado de esto, se ha fundamentado y legitimado la identidad femenina como “símbolo-objeto”, y ha operado como un significante cultural en el que participan construcciones simbólicas como la identidad, la nacionalidad, el honor, lo femenino y lo masculino. La violación  sexual, al ser perpetrada por agentes del estado, se clasifica como tortura sexual.  Este tipo de delitos, al atacar la identidad, indemnidad, libertad e integridad personal y cultural, corresponde a una estrategia que pretende alcanzar la intimidación y destrucción social.

Regresando a los hechos desafortunados en contra la señora Ernestina, es importante recordar que en ese momento ella tenía 73 años, lo cual la ubica en el grupo de la tercera edad. Existen estereotipos que desacreditan la sexualidad de las mujeres en este rango de edad como un argumento para negar la posibilidad de abuso sexual, negando la visión de que la violación sexual es un acto de poder y no meramente de deseo sexual. El gobierno de Veracruz, encabezado por Fidel Herrera del Partido Revolucionaria Institucional, atribuyó la muerte de Ernestina a “causas naturales”, pues al ser una anciana, era natural que su ciclo de vida terminara. Sin embargo, parece más bien que la “causa natural” a la que se hizo referencia es el hecho de que, por ser mujer, la señora Ernestina fue violada, asesinada y condenada a la impunidad.

La falta de acceso a recursos económicos y materiales para cubrir las necesidades básicas también se hace presente en los casos de mujeres indígenas, quienes no solo viven en pobreza alimentaria, sino que también enfrentan pobreza de capacidades. Esto quedó de manifiesto en el caso de Ernestina, quien no pudo recibir atención médica durante un periodo de diez horas debido a la falta de centros de salud primaria o especializados en la zona.

Las mujeres indígenas enfrentan la interseccionalidad de la discriminación. La discriminación contra el mundo indígena tiene su base en un patriarcado colonialista, que no solamente somete a las mujeres, sino que a todo lo que no es blanco y occidental. Así, en la condición de mujer de la señora Ascencio, podemos ver cómo los pactos patriarcales provocan y legitiman el feminicidio. Para entender el vínculo entre el feminicidio y la impunidad, utilizaremos el concepto que aporta Celia Amorós acerca de los pactos patriarcales, a los cuales define como “las actitudes y prácticas de complicidad entre diversos individuos que se autodefinen en función de su pertenencia e identidad de grupo, donde el poder, además, se concibe como patrimonio del género masculino”. Relacionado al concepto de Amóros, resulta pertinente la definición de Feminicidio Sexual Sistémico de Julia Monárrez Fragoso, definido como la codificación de los crímenes en el cuerpo de las mujeres asesinadas por los hombres en función del sexismo y la misoginia, y que conlleva a un terrorismo de Estado donde encontramos factores que dañan la debida diligencia, dando lugar a la impunidad en el sistema de procuración de justicia.

En los procesos de militarización y de guerras -formales o de baja intensidad-  se busca lacerar el tejido social y las relaciones humanas al interior de las comunidades. En este caso, la presencia de militares en esa zona de Veracruz se justificaba con la misión de “proteger” a la población de la presencia de grupos guerrilleros. Sin embargo, el cuerpo de Ernestina Ascencio fue utilizado como campo de batalla, pues fue torturada sexualmente no solo para causar sufrimiento en su cuerpo, sino que para dejar un mensaje de poder en el cuerpo social de la comunidad. Atacar la cuna de la guerrilla o de los grupos contrarios al Estado opera también en un nivel simbólico: para desaparecer al guerrillero hay que desaparecer su cuna y su comunidad. En las declaraciones del caso, se establece que previo al feminicidio de la señora Ascencio, niñas y mujeres de las comunidades habían sido violadas por parte del ejército.  En los testimonios del caso encontramos que “sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino”.  ¿Esto era la gastritis de la que hablaba Calderón cuando afirmó que esa fue la causa de muerte de la señora Ascencio? ¿Obstaculizar la justicia y burlarse del feminicidio de una mujer indígena debe quedar impune?

En diciembre de 2020, el actual gobierno se pronunció respecto al caso a través del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, garantizando que el Gobierno de México buscaría agotar todas las líneas de investigación para garantizar la verdad y justicia . Sin embargo, las organizaciones que han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostraron su descontento con que sea nuevamente la Procuraduría de Justicia de Veracruz la que lleve a cabo las investigaciones”.

Así como en 2007 Calderón argumentó que la señora Ernestina murió por gastritis, encubriendo al ejército, existe un temor fundado de que el actual gobierno no sancione a los militares y a las demás autoridades responsables. Estas dudas tienen fundamento debido a la resistencia a juzgar a militares que ha mostrado el gobierno, además se mantiene la expectativas respecto a si se investigará y juzgará no solo a los responsables directos, sino a también a toda la línea de mando del ejército responsable de las operaciones en el lugar donde fue torturada Ernestina, así como a los integrantes del gobierno de Veracruz, a los comisionados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se alinearon a la versión del Estado, así al presidente Calderón, y demás funcionarios públicos participantes en los hechos o en obstaculizar el acceso a la justicia.

El Estado Mexicano, tiene la oportunidad de romper el pacto patriarcal y actuar de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como el de demostrar que, aunque el feminicidio de Ernestina fue realizado por militares, habrá justicia. Esta es una oportunidad histórica de garantizar el acceso a la justicia para todas las mexicanas. Esperamos que el actual gobierno cumpla su compromiso y que, ante las demandas de justicia y sanciones, el presidente no responda “ya chole”.

Revisión Editorial: Andrea Harris Heredia 

 

 

 

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