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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Es posible dejar a las personas sin protección?
Si la condición de refugiado es tan importante para proteger la vida e integridad, ¿existe alguna posibilidad de que una persona la pierda? ¿Qué sería tan grave como para justificar que el Estado deje a alguien en una situación de riesgo?
Por CMDPDH
13 de mayo, 2019
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Por: Daniela Reyes Rodríguez (@DanielaRRod)

Los últimos meses del 2018 marcaron un punto y aparte en la dinámica migratoria de nuestro país. Grupos muy grandes de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron para ingresar y transitar por México en su meta de llegar de los Estados Unidos de América. Se autodenominaron “caravanas migrantes”, se reunieron y organizaron para ser visibles y así tratar de evitar que la violencia en las rutas migratorias los alcanzara, confiando en que su fuerza se encontraba en su número.

Un rasgo que identifica, al menos a la mayoría, es la necesidad de huir de sus países de origen debido a la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico. Está plenamente documentado en medios cómo los grupos de delincuencia organizada atentan contra la vida de las personas por incumplir con los pagos del “derecho de piso”, por resistirse a participar o unirse a las pandillas, por oponerse a alguna actividad delictiva o denunciar las agresiones sufridas, entre muchas otras.

Sin afán de abundar más en el tema de las caravanas, sólo es necesario apuntar que éstas nos confrontaron con realidades en materia de migración que siempre han estado presentes, pero que nunca habían logrado ser tan visibles como ahora. Una de las más importantes es precisamente la imposibilidad de algunas personas para regresar a sus países, debido a que su vida o su integridad se encontrarían en peligro, es decir, son personas que tienen la calidad de migrantes forzados o refugiados.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, la comunidad de Estados adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un instrumento jurídico internacional que busca ofrecer protección a las personas que se encuentran fuera de su país de origen y que no pueden volver a él sin poner en peligro su vida, su integridad, su seguridad o su libertad.

México es parte de dicha convención desde el 7 de junio del 2000 y, en el marco de las obligaciones contenidas en la misma, implementó un procedimiento para reconocer la condición de refugiado de las personas que así lo soliciten. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es el órgano del Estado encargado de dar trámite a dichas solicitudes, esto supone que es la autoridad con la potestad para decidir quién puede ser o no reconocido como refugiado. (1)

El reconocimiento de la condición de refugiado en México ofrece a las personas una protección especial en contra de la deportación a su país de origen, pues con base en el principio de no devolución (2) el Estado debe evitar exponerles al peligro del que se encuentran huyendo. También permite la regularización de su situación migratoria, pues los refugiados tienen derecho a obtener la condición de estancia como residentes permanentes. Además, la persona reconocida con tal categoría tendrá la posibilidad de acceder a todos los derechos garantizados por el Estado sin ninguna restricción (educación, salud, trabajo, seguridad social, reunificación familiar, entre otros).

Así, en la realidad migratoria actual, es innegable la importancia que tiene la protección internacional ofrecida a través del reconocimiento como refugiado para salvaguardar la vida e integridad de este creciente número de personas, de distintas nacionalidades, que son víctimas de los altos niveles de violencia, criminalidad y violación masiva de derechos humanos en sus países de origen. Situaciones que, vale la pena decirlo, muchos no somos capaces de entender y apreciar en su justa medida, pues nuestros privilegios (no sólo económicos, sino de género, raza, nivel educativo, etc.) nos protegen y han evitado –afortunadamente- que muchos de nosotros nos veamos obligados a enfrentar situaciones que pongan en riesgo nuestras vidas de manera similar. Esto no significa que México se encuentre libre de violencia o pobreza, sino que en otros lugares el contexto, pese a ser igual de complicado, afecta de manera desproporcionada a las personas, dejándoles como única opción migrar a cualquier lugar donde puedan estar a salvo.

Toda esta exposición nos podría llevar a preguntarnos: si la condición de refugiado es tan importante para proteger la vida e integridad, ¿existe alguna posibilidad de que una persona la pierda? ¿Qué sería tan grave como para justificar que el Estado deje a alguien en una situación de riesgo?

Al respecto, en el ámbito nacional e internacional existen normas y criterios que regulan dicha posibilidad. Así, la cancelación de la condición de refugiado es una medida excepcional que puede ser adoptada en dos supuestos generales: primero, cuando la persona desde el principio no cumplía con los requisitos para ser reconocida como refugiada o, cumpliéndolos, debió ser aplicada una cláusula de exclusión a su caso; (3) segundo, en caso de que la persona falseara hechos, cometiera fraude u otros actos ilegales para obtener la protección.

El hecho de que se considere que la cancelación es un acto excepcional supone que la misma sólo puede iniciarse y llevarse a cabo con base en hechos fehacientes, que revistan una especial gravedad. Esta regla tiene dos objetivos muy claros: priorizar la protección de las personas y evitar que estos procedimientos sean iniciados y sustanciados de manera arbitraria por las autoridades. De esta forma, los órganos del Estado tienen que cumplir un estándar muy alto y probar fuera de toda duda que existen razones justificadas para cancelar la condición de refugiado a alguien. Además, las autoridades deben realizar un análisis que permita concluir que la cancelación es una medida proporcional para el caso concreto. Esto quiere decir que no es posible retirar la protección internacional a una persona con la mera determinación de que no cumplía los requisitos para obtenerla o lo hizo mediante un acto ilícito, sino que se debe demostrar que el error mediante el cual se le reconoció como refugiada es tan grave, que justifica dejarla desprotegida frente a las amenazas a su vida o integridad o, en su defecto, que el riesgo al que se enfrentarían es mínimo.

Todo esto debe ser determinado a través de un proceso administrativo seguido en forma de juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, que se respeten las garantías del debido proceso, principalmente en lo que se refiere al derecho de defensa y audiencia de la persona afectada, ya que si bien, la carga de la prueba la tiene la autoridad, la o el interesado debe tener la posibilidad de explicar, presentar pruebas y testimonios que acrediten la legitimidad de su reconocimiento como refugiado y que justifiquen su permanencia. Un procedimiento llevado cabo de otro modo implicaría la violación a los derechos de solicitar y recibir asilo, a las garantías del debido proceso y, probablemente, al principio de no devolución.

A la fecha, los procedimientos de cancelación en México son pocos. Sin embargo, durante el último año la CMDPDH ha asumido la representación legal de casos en donde la COMAR ha iniciado o concluido este tipo de procesos. En los mismos, se han podido identificar graves irregularidades en el ejercicio del derecho de defensa de las personas afectadas debido, principalmente, a que las mismas son obligadas a enfrentar estos procedimientos mientras se encuentran detenidos en alguna Estación Migratoria del país. Dicha situación limita severamente sus posibilidades materiales de obtener y presentar pruebas, especialmente porque las autoridades tampoco garantizan su derecho a contar con representación jurídica gratuita.

En un comunicado de prensa reciente, (4) la CMDPDH informó sobre la decisión del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México de admitir una demanda de amparo presentada en contra de una cancelación de la condición de refugiado llevada a cabo por COMAR en 2017. La misma había sido previamente desechada por un Juzgado de Distrito, el cual consideró que se había presentado de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de 15 días hábiles previstos en la Ley de Amparo.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado conocedor de la queja interpuesta determinó que, debido a las graves consecuencias para la vida y la integridad de las personas derivadas de la cancelación de la condición de refugiado, la presentación de la demanda de amparo que la controvierta puede ser presentada en cualquier momento. Además, los magistrados de dicho Tribunal determinaron que el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar detenidamente los hechos y argumentos presentados sobre la vulneración del derecho de defensa del quejoso, especialmente debido a que la persona se encontraba privada de su libertad.

Este es el primer caso de cancelación del reconocimiento de la condición de refugiado que se presenta para su análisis ante el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, el juez de Distrito que está conociendo de la causa tiene una oportunidad invaluable para establecer los criterios y estándares bajo los cuales deben llevarse a cabo estos procesos a fin de evitar arbitrariedades. Desde la CMDPDH pugnamos porque el pronunciamiento del juez reafirme la obligación de respetar de forma irrestricta las garantías del debido proceso, además de que las personas puedan permanecer en libertad mientras se decide sobre el retiro de la condición y se priorice el mantenimiento de la protección internacional de la que gozan los refugiados.

Ninguna persona es ilegal, y los refugiados sólo buscan una oportunidad para empezar de nuevo.

 

@CMDPDH

 

(1) Conforme a criterios y normas internacionales, la condición de refugiado se adquiere automáticamente cundo una persona cumple, de hecho, los elementos de la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951. Ello supone que las personas sean consideradas como refugiadas incluso antes de ser reconocidas por los Estados con dicha calidad. Sin embargo, es necesaria la declaración del Estado en cuestión, de modo que la persona pueda acceder a una situación migratoria regular y a los derechos que dicho país reconoce a sus ciudadanos.

(2) El principio de no devolución establece que una persona que enfrenta riesgos a su vida o su integridad en su país de origen no puede ser devuelta al mismo. Este principio es aplicable, por excelencia, a las personas reconocidas como refugiadas, pero también protegen a quienes son apenas solicitantes de asilo, a personas que se encuentran sujetas a un proceso de extradición o a cualquier persona que vaya a ser expulsada de un país y que corra el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes en el territorio al que se le quiere enviar.

(3) Las cláusulas de exclusión son supuestos mediante los cuales, una persona que cumple con los requisitos para ser reconocida como refugiada, es excluida de la protección, es decir, no es reconocida como tal debido a que cometió actos tan graves, que la vuelven “indigna” de ser protegida. Las cláusulas de exclusión previstas en la Convención de 1951 incluyen la realización de delitos contra la paz, delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, delitos graves comunes y la realización de actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas.

(4) CMDPDH. El Poder Judicial conocerá el primer caso de cancelación de la condición de refugiado. Disponible aquí.

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