El Estado ha fallado en su promesa de justicia para las cientos de miles de víctimas de crímenes internacionales en México. El claro ejemplo de ello es el caso Ayotzinapa. Los atroces y lamentables sucesos de septiembre de 2014 debieron marcar un antes y un después en la política de justicia y derechos humanos para las víctimas en México.

El caso Ayotzinapa es uno paradigmático que prueba, al menos, la colusión de agentes del Estado con servidores públicos, la indolencia de las autoridades para colaborar con las investigaciones penales, la falta de capacidad y voluntad de la Fiscalía General para investigar, la práctica de la tortura, los pactos de impunidad, el grave problema del tráfico de armas en el país y una fallida estrategia de seguridad en los niveles municipal, estatal y federal.

Desafortunadamente solo es el caso más mediático, pero no el único. Nos podemos remontar a los cientos de desaparecidos por el Ejército en la guerra sucia, a los desaparecidos dentro del Penal de Piedras Negras, la masacre de Allende, la masacre de Tlatlaya, las personas desaparecidas en Iguala, las desaparecidas en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, las ejecuciones de Palmarito, los secuestros, torturas y desapariciones en Nayarit, y podemos seguir con la lista de atrocidades cometidas en este y otros sexenios que suman más de 90 mil personas desaparecidas, 300 mil ejecutadas y 30 mil víctimas de tortura, en los que por acción u omisión, han ocurrido crímenes en contra de la población mexicana.

La respuesta del actual Gobierno ante la violencia no fue diferente a la de sexenios anteriores: hacer creer que vale la pena sacrificar derechos y el estado democrático en pro de la seguridad. La estrategia de seguridad vigente cada vez se aleja más de la seguridad ciudadana y se crea un estado de excepción, de facto y arbitrario, que coloca en riesgo los derechos.

Las y los mexicanos desde hace décadas nos hemos acostumbrado a refugiarnos y protegernos de quienes cometen delitos, pero también de quienes supuestamente están encargados de coordinar y ejecutar las investigaciones y proveer seguridad.

La respuesta ante la falta de confianza en las instituciones y ante la violencia ha sido la guerra, a través de la militarización de la seguridad y también de muchos sectores de gobierno, sin voltear a ver el fracaso de esos sistemas, que en la realidad, podemos calificar de autoritarios.

Creemos sin embargo, que hay una alternativa a la seguridad militarizada, que la militarización no es la respuesta. La semana pasada, senadores y senadoras de varios grupos parlamentarios, con el apoyo técnico del colectivo #SeguridadSinGuerra, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 16, 17, 19, 20, 21, 73, 107, 115, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad, procuración de justicia y policías.

La propuesta busca colocar sobre la mesa que la alternativa civil es viable y no solo eso, al contrario de la militarizada, no es lesiva a los derechos de las y los mexicanos.

El legislativo a lo largo de los últimos 15 años ha defraudado los ideales democráticos y constitucionales, colocando en la propia constitución figuras que violentan los derechos de las personas. Por ejemplo el arraigo penal, la prisión preventiva oficiosa, el concepto de delincuencia organizada y de causa urgente, que han permitido una serie de abusos contra la población civil.

La propuesta que se presentó busca regresar al control ciudadano la materia de seguridad. Tiene además como propósito la interdicción de la arbitrariedad que, bajo la justificación de figuras constitucionales, emplean agentes del Estado como medio para cometer crímenes.

La evidencia ha mostrado que la militarización no es el camino, que lo es el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la colaboración eficaz entre los órganos del gobierno y la rendición de cuentas.

Este gobierno reconoció una crisis humanitaria en México, reconoció que es un país de víctimas, que ha estado a merced de pactos de impunidad y de corrupción, por ello, debe actuar en consecuencia y generar las condiciones para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación.

@CMDPDH