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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Esterilizaciones forzadas por ser mujeres migrantes, expresión de la discriminación
Nos encontramos ante un ejemplo evidente de la extrema vulnerabilidad en la que se ha colocado a las mujeres en contexto de movilidad y la discriminación a la que han sido sometidas históricamente.
Por Yoceline Gutiérrez Montoya
13 de octubre, 2020
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A mediados de septiembre, trascendió en medios nacionales e internacionales la denuncia sobre un alto número de histerectomías practicadas a mujeres migrantes sin su consentimiento, además de prácticas de negligencia médica en el contexto de la pandemia por COVID-19 ocurridas en un centro privado de detención en el estado de Georgia, en Estados Unidos.1 Tales acusaciones están basadas en las declaraciones de una enfermera que trabajaba en el centro en cuestión, quien dijo que las mujeres le expresaron no haber entendido los motivos por los que debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero y que, durante la pandemia, se ha negado la prueba a algunas de las personas detenidas con síntomas, además de que se han inventado o alterado los registros médicos.

De igual forma, derivado de testimonios anónimos de personas detenidas, se hizo de conocimiento público que, dentro del centro, no se siguen los protocolos necesarios en casos de sospecha de contagio del virus, no se cumplen las reglas de distanciamiento social, ni se cuenta con materiales adecuados de protección contra el COVID-19. También se reportó retraso en la atención médica, lo cual, en conjunto con el resto de deficiencias, resulta sumamente grave en el contexto actual y constituye un riesgo real y, por tanto, inminente a la garantía de los derechos humanos a la salud, integridad personal, a la vida y a la no discriminación, entre otros, de las personas migrantes detenidas. Aunado a lo anterior, algunos periodistas han referido que las mujeres que habrían sido afectadas por dichas prácticas fueron deportadas.

Ahora bien, es de particular interés ahondar en el tema de los casos de las histerectomías debido a la gravedad y las múltiples violaciones a derechos que implica esta práctica, al tratarse en los hechos de una esterilización forzada y con ello la conculcación de los derechos de las mujeres en situación de movilidad humana privadas de su libertad basada en la discriminación estructural de la que han sido objeto históricamente.

Entre los derechos afectados por la práctica de esterilizaciones forzadas están el derecho a la información, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud -dentro del que se encuentra el derecho del paciente de acceder o permitir libremente, sin ningún tipo de violencia, coerción o discriminación, que un acto médico se lleve a cabo en su beneficio, luego de haber recibido la información debida y oportuna de manera previa a su decisión-, los derechos a la dignidad, a la integridad personal, a fundar una familia de acuerdo a su plan de vida, a la intimidad, la vida privada y familiar, al derecho a una vida libre de violencia, los derechos culturales, el derecho a la no discriminación y el acceso a la justicia. En algunos casos, incluso podría constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y la violación del derecho a la vida.

Es pertinente hacer la precisión respecto a que se considera forzada o involuntaria la esterilización2; cuando no ha habido un debido consentimiento informado -sin presiones, coacciones y/o violencia mental o física- de la paciente. De igual forma, de confirmarse las denuncias durante la investigación correspondiente, estaríamos también en presencia de violencia obstétrica, que es aquella ejercida por las y los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y la cual se manifiesta de distintas maneras, que van desde los malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, golpes, negación o rechazo para el acceso a servicios, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, entre otras conductas.

A lo largo de la historia han ocurrido prácticas idénticas o similares a lo referido; por ejemplo, los casos de esterilizaciones forzadas de más de dos mil mujeres -la gran mayoría de origen indígena, campesinas y en situación de pobreza- en Perú entre 1996 y 2000 que han sido objeto de observación y recomendaciones a través de los informes emitidos por diversos Comités de Naciones Unidas o en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocido como Caso I.V. Vs. Bolivia.

Así, derivado de la situación en Perú, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos han reconocido que esta práctica es gravísima y constituye una clara violación a los derechos humanos y recomendaron al Estado peruano acelerar todas las investigaciones en curso sobre la esterilización forzada, iniciar sin demora investigaciones imparciales y efectivas sobre todos los casos similares, asignar suficientes recursos económicos, humanos y técnicos a los organismos investigadores, velar porque los autores sean enjuiciados y debidamente sancionados, y dar a todas las víctimas de la esterilización forzada una reparación adecuada sin más demoras3.

Esta referencia de lo ocurrido en Perú es de suma importancia debido a que muestra una actuación sistemática de la práctica de esterilizaciones forzadas dirigidas a grupos determinados y en situación de vulnerabilidad, lo cual está directamente relacionado con la discriminación en contra de ciertos grupos de la población como son las mujeres, las mujeres indígenas y las personas en contexto de movilidad humana, cuyas condiciones se interseccionan4 y resultan en una forma específica de discriminación con una naturaleza determinada. Así, debe prestarse especial interés a la investigación de las denuncias presentadas en Estados Unidos pues, guardadas las proporciones, podríamos estar en presencia de una situación generalizada o, por lo menos, masiva.

En este orden de ideas, lo que es claro es que nos encontramos ante un ejemplo evidente de la extrema vulnerabilidad en la que se ha colocado a las mujeres en contexto de movilidad y la discriminación a la que han sido sometidas históricamente, pues la práctica de tales procedimientos en ellas no es fortuita, proviene de concepciones sobre el control y el poder que se tiene sobre ellas: mujeres, migrantes o solicitantes de refugio, privadas de su libertad a quienes específicamente se les puede dar un trato diferente al que se merece cualquier otra persona en razón de su sexo, nacionalidad o situación migratoria irregular, decidir por ellas e incluso “castigarles”, en resumen, violentar sus derechos y que queden en total impunidad.

De esta manera lo ha identificado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, al expresar que en relación con la salud reproductiva y el embarazo, las mujeres y niñas migrantes suelen experimentar problemas diferentes y más graves que la población del país, pues muchas provienen de países con servicios de salud sexual y reproductiva de mala calidad y carecen de información o con la que cuentan es errónea, por lo que, en consecuencia, las mujeres y niñas migrantes pueden estar más expuestas a actos que resulten en la violación de su derecho a la salud -incluida su salud física, mental, sexual y reproductiva- que las mujeres del país anfitrión. Esto se agrava en lo que respecta a las personas privadas de libertad a quienes deliberada y malintencionadamente se les niega atención médica apropiada o sus derechos a la salud reproductiva de acuerdo con los informes recibidos por el Relator5.

Respecto del Caso I.V., la Corte IDH se refirió a la práctica de una esterilización no consentida o involuntaria debido a que un médico privó a la señora I.V. de su función reproductiva sin su consentimiento previo, libre, pleno e informado en un hospital público durante un procedimiento de cesárea. En este caso, el Tribunal interamericano estableció y desarrolló diversos estándares en materia de derechos humanos, principalmente en torno a la obligación de obtener el consentimiento informado de las pacientes para este tipo de actos médicos y especificó que en los procesos de obtención del consentimiento informado para esterilizaciones femeninas, la obligación de brindar información consiste en un deber reforzado, debido a la naturaleza y entidad del acto mismo6.

Así, el Estado mexicano debe considerar los estándares anteriormente señalados para que, adicionalmente a la solicitud de información que realizó la representación diplomática de México en Estados Unidos sobre la posible afectación a ciudadanas mexicanas por la práctica de dichos procedimientos quirúrgicos de manera forzada, cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las autoridades deberán estar atentas a la situación e investigación de dichos casos, pronunciarse para rechazar enérgicamente todo acto contrario a los derechos de las personas, cumplir con su deber de prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el derecho a la asistencia consular, pues sería ingenuo pensar que nuestras millones de connacionales en ese país se encuentran fuera de riesgo de ser víctimas de tales conductas. De hecho, recientemente se ha tenido conocimiento de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó los casos de dos mujeres que presuntamente informaron tanto al Instituto Nacional de Migración como a servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que habrían sido víctimas de cirugías forzadas, pero dichas autoridades fueron omisas de todas sus obligaciones, lo cual es inaceptable y revictimizante.

Finalmente, es necesario llamar la atención respecto a que se han identificado otras prácticas no consentidas que se replican en el contexto migratorio -como el uso de tranquilizantes-, las cuales también ocurren en México aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de refugio, y que son claramente violatorias de derechos humanos.

@CMDPDH

 

1 Es importante señalar que si bien, el centro de detención es privado, el mismo opera bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

2 En el ámbito de los derechos humanos, los organismos internacionales y regionales utilizan terminología diversa para referirse a dicha problemática, como esterilización sin consentimiento, esterilización no consentida, esterilización involuntaria, esterilización obligatoria, esterilización forzada o forzosa y esterilización coercitiva o bajo coacción.

3 Cfr. ONU, Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú, aprobadas por el Comité en su 49º período de sesiones, Doc. CAT/C/PER/CO/5-6, 21 de enero de 2013, párr. 15; y ONU, Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú, aprobadas por el Comité en su 107º período de sesiones, Doc. CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013, párr. 13.

4 De acuerdo al Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, la interseccionalidad se entiende como la confluencia en una persona o grupo de personas de diversos factores, los cuales la(s) hacen más vulnerable(s) y agravan los riesgos de discriminación o daños que puede(n) sufrir. Así, la interseccionalidad de la discriminación no sólo describe una discriminación basada en diferentes motivos, sino que evoca un encuentro o concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación. Es decir, que en un mismo evento se produce una discriminación debido a la concurrencia de dos o más motivos prohibidos. Cfr. Corte IDH, Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párrs. 5 a 12.

5 Cfr. ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, 14º período de sesiones, Doc. A/HRC/14/30, 16 de abril de 2010, párr. 29 a 32.

6 Cfr. Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329. Derivado de la sentencia del caso, dos aspectos son de especial relevancia. El primero en cuanto a que el consentimiento del paciente es una condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo con su plan de existencia; que dicha obligación significa el establecimiento de límites a la actuación médica y la garantía de que estos límites sean adecuados y efectivos en la práctica para que nadie actúe mediante injerencias arbitrarias en la esfera de la integridad personal o privada de las personas. Lo anterior, aunado a los elementos del consentimiento: su carácter previo -lo que implica que debe ser otorgado antes de cualquier acto médico-; la libertad de la manifestación del consentimiento -debe ser brindado de manera libre, voluntaria, autónoma, sin presiones de ningún tipo, sin utilizarlo como condición para el sometimiento a otros procedimientos o beneficios, sin coerciones, amenazas o desinformación-, y debe ser pleno e informado -lo cual solo puede ocurrir después de recibir información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, y luego de haberla entendido cabalmente-. El segundo aspecto importante es que la Corte IDH también hizo referencia a la especial relación entre el médico y el paciente, la cual se caracteriza por la asimetría en el ejercicio del poder debido al conocimiento profesional especializado y del control de la información que el médico conserva y al necesario cambio de paradigma en la medicina, ya que el modelo de toma de decisiones informadas y libres se centra ahora -o debe centrarse- en un proceso participativo con el paciente y ya no en el modelo paternalista en donde el médico era quien decidía lo más conveniente para la persona que debía someterse a un tratamiento.

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