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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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¿Estrategia de abrazos? No, balazos
Los altos índices de violencia no pueden ser solo una coincidencia o una consecuencia de administraciones anteriores, sino que debemos dar cuenta de que esto sucede en el marco de una aceleración legal, presupuestaria y operativa a la militarización.
Por José Alejandro Martínez Orozco
17 de diciembre, 2019
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En este primer año de gobierno de AMLO hemos atestiguado una profundización de la militarización en tareas de seguridad pública, que cada vez toma más fuerza y control en ámbitos de carácter civil.

La creación de la Guardia Nacional (GN), institución que desde el inicio de esta administración ha sido considerada como pieza clave en el combate a la crisis de violencia e inseguridad de los últimos años, es un cuerpo policial militarizado. Pese a que, de acuerdo al artículo 4o de su ley, “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, se encuentra conformada mayoritariamente por 35,232 elementos de la policía militar, 5,584 policías navales y 15,3751 elementos de Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), cuyo despliegue aún es poco claro en sus justificaciones.2

Las tareas y funciones que se le han asignado a la GN van desde la atención a delitos de alto impacto, el huachicol, la detención de migrantes, el patrullaje de escuelas en el regreso a clases, por mencionar algunas. En línea con la creciente militarización del país, la actual discusión sobre la posibilidad de transferir funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR) como el control de actividades mercantiles, de turismo y comercio en puertos y mares, podría resultar en la cesión de otro ámbito civil a las fuerzas armadas.

En contraste con el número de tareas que se han delegado a cuerpos castrenses, su desempeño en materia de transparencia y rendición de cuentas ha dejado mucho que desear. Desde 2014, por ejemplo, la SEDENA había dejado de proporcionar información sobre civiles muertos y heridos en enfrentamientos bajo el argumento de que no es su responsabilidad generar esas estadísticas. Las información más reciente sobre el tema, presentada en el último Informe de Seguridad Pública de octubre del año en curso, ha sido duramente cuestionada por investigadores y académicos al no cumplir con los estándares internacionales en la materia.

Con la intención de generar información sobre este tema para este año, realizamos una sistematización de notas de prensa sobre enfrentamientos de la Guardia Nacional y SEDENA, en donde por lo menos se reportara una persona fallecida. A partir de los datos obtenidos creamos la siguiente gráfica:

En el recuento de los enfrentamientos, la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional se registró en aproximadamente 88 eventos, de los cuales 16 fueron en apoyo a autoridades como Policía Federal, Policía Estatal y Policía Municipal, en los que se habla de 237 civiles muertos, mientras que las bajas de autoridades son 19 hasta la fecha. Igualmente, a lo largo del país se han registrado 8 masacres que dejaron 124 muertos, en las que autoridades participaron en 5 de ellas con un saldo de 73 muertos3, lo cual nos habla de casos cada vez más violentos, pues en 5 años es el número más alto de masacres registrado.

Los altos índices de violencia no pueden ser solo una coincidencia o una consecuencia de administraciones anteriores, sino que debemos dar cuenta de que esto sucede en el marco de una aceleración legal, presupuestaria y operativa a la militarización. El 2019 apunta a ser el año en el que más masacres hubo de los últimos cinco, aunado al incremento de los índices delictivos, la desaparición de la Policía Federal y la ampliación del catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Un año en el que, desafortunadamente, se ha desviado la atención de las causas detrás de las desesperadas exigencias de la población civil.

Si de verdad existe una voluntad política por una transformación progresiva en materia de derechos humanos, debemos exigir la latente necesidad de atender también a las diversas causas de la violencia estructural que ha desembocado en los altos índices de violencia en el año.

* José Alejandro Martínez Orozco es pasante de la Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y voluntario del área de Investigación de la @CMDPDH.

 

1 SSPC, solicitud de información folio: 0002800099319. Fecha de respuesta: 18 de septiembre de 2019.

2 El más reciente Informe no contiene una explicación metodológica para la elección de los estados de despliegue de las fuerzas de seguridad pública.

3 Notas de Prensa sobre masacres con involucramiento de autoridades:

  • Redacción Aristegui Noticias (12 de Septiembre 2019). “CDHNL difunde nuevo video sobre presunta ejecución de 8 personas a manos de policías”. Aristegui noticias. Recuperado de acá.
  • Redacción El Universal (15 de Octubre 2019). “Emboscan a policías en Michoacán: 14 muertos”. El Mañana de Reynosa. Recuperado de acá.
  • Redacción Aristegui Noticias (15 de Octubre 2019). “Deja 15 muertos enfrentamiento entre grupo armado y militares en Iguala”. Aristegui noticias. Recuperado de acá.
  • Cesar Reveles (21 de Octubre 2019). Suman 13 personas fallecidas por el operativo fallido de “Culiacán”. Animal Político. Recuperado de acá.
  • Redacción Animal Político (3 diciembre 2019). Suman 23 muertos tras enfrentamiento entre civiles armados y policías en Coahuila; hay 10 detenidos. Animal Político. Recuperado de acá.
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