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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Fosas clandestinas en México: la incongruencia de las cifras oficiales
¿Cómo documentó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que 3,631 fosas clandestinas fueron encontradas en territorio nacional entre 2006 y 2019 este resultado 3,631 fosas? A fecha de hoy, la metodología utilizada no se ha hecho pública. 
Por Pablo Minondo y Natalia Báez
20 de enero, 2020
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El pasado 6 de enero, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación hizo pública información sobre el hallazgo de fosas clandestinas y la desaparición de personas en la República Mexicana. Concretamente, en una sección del documento se especifica el número de fosas clandestinas encontradas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre 2006 y 2019: 3,631 fosas. La cifra resulta aterrorizadora e inquietante. Aterrorizadora por lo exorbitante del número e inquietante por su incongruencia con otras fuentes. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Universidad Iberoamericana y Article 19, hemos publicado dos informes referentes al número de fosas clandestinas encontradas en México desde 2006 hasta 2017. Un apartado del último informe se basó en la información proveída por las fiscalías y procuradurías de cada estado de la República. De acuerdo a nuestros datos el número de fosas clandestinas ascendía a 1,606 hallazgos con 2,320 cuerpos, 169 osamentas y 584 restos o fragmentos de personas en 24 entidades del país. Antes de entrar en debate, cabe mencionar que no todas las procuradurías o fiscalías de los estados nos proporcionaron la información requerida para actualizar el informe en la segunda etapa de su elaboración. Así, en determinados casos se recurrió a otras fuentes para hacerse de los datos necesarios.

En primer lugar, resulta imperativo considerar que los datos que obtuvimos corresponden al periodo 2006-2017; es decir; recogen información hasta un punto anterior en el tiempo respecto al reporte gubernamental. Si bien es razonable esperar diferentes resultados de dos matrices de datos con diferencias sistémicas, la discrepancia entre los datos que posee la CMDPDH y aquellos publicados por SEGOB incita a pensar en algo más que una simple diferencia. Como lo mencionamos, la CNB sitúa en 3,631 el número de fosas clandestinas encontradas en la República entre 2006 y 2019, un aumento de un 126% en relación a la cifra determinada por la CMDPDH en el periodo 2006-2017: 1,606. Es decir, el número oficial supone una duplicación en la cantidad de fosas halladas a lo largo de una década en tan solo dos años. El dato también muestra discrepancias inexplicables, como en los estados de Nuevo León y Michoacán en donde los números obtenidos por la CMDPDH son mayores a los que refiere la CNB en un periodo mayor.

La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo han llegado la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a este resultado? A fecha de hoy, la metodología utilizada no se ha hecho pública.

Comparación de los datos recabados por ambos informes

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Los reconocidos economistas Daron Acemoğlu y James A. Robinson teorizan en su libro The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate of Liberty que la libertad se forja en el estrecho corredor entre un Estado fuerte y una sociedad capaz. La fortaleza del Estado se caracteriza por su capacidad para proveer bienes públicos, por poseer el monopolio de la violencia y por fomentar la legalidad. La sociedad ha de servir de contrapeso al poder del Estado. Una de las armas más poderosas que posee la sociedad para ejercer dicho contrapeso es la sociedad civil, aquella esfera donde la ciudadanía puede influir en el tratamiento que se le da a un problema público de manera totalmente despolitizada. Esa es precisamente la labor que ha desempeñado la CMDPDH con la publicación de los informes sobre fosas clandestinas. Se ha querido aportar información respecto a un problema público de manera transparente partiendo de que en México la información distribuida por el canal oficial la mayoría de las veces es incompleta, poco clara y no pública. Lo alarmante es que a pesar de que la CMDPDH trabaja con información pública obtenida mediante solicitudes de información realizadas a las fiscalías y procuradurías estatales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, las cifras presentadas en nuestro informe provienen de autoridades estatales y teóricamente son “oficiales”, estas no concuerdan con lo reportado actualmente por SEGOB. ¿Cómo se explica entonces la discordancia entre los datos publicados en el reporte gubernamental y los proveídos en nuestro informe?

La segunda edición del informe “Violencia y Terror – Hallazgos de fosas clandestinas en México 2006-2017” sirve de contrapeso hacia el reporte gubernamental y busca fomentar el diálogo para exigir una mayor transparencia y publicidad de la información a las autoridades; sin embargo, el problema de raíz sigue sin atenderse. La disponibilidad de información clara y precisa, así como el acceso tanto a la metodología utilizada como a los microdatos es un requerimiento fundamental para la generación de estrategias y políticas públicas que verdaderamente permitan atender la magnitud del problema de desaparición y hallazgos de fosas clandestinas en el territorio nacional. En tanto que la metodología no se ponga al escrutinio público, la sociedad civil dispone de las herramientas para catalogar los resultados como cuestionables y concienciar a los distintos estratos de la ciudadanía de ello. Urge empezar a ver la transparencia, la generación y el acceso a información de calidad como unos de los primeros pasos en el camino a la obtención de verdad, justicia y reparación para los miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos en México.

* Pablo Minondo es estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad del País Vasco. Actualmente colabora como pasante del área de investigación en la @CMDPDH. Natalia Báez es Politóloga Internacionalista, Investigadora de la @CMDPDH.

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