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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Hacer frente a la detención arbitraria
Las detenciones arbitrarias son una práctica muy común entre las distintas fuerzas de seguridad en México. Accionar algunos de los procedimientos nacionales e internacionales disponibles puede ser útil para hacer frente a este tipo de prácticas atroces.
Por Federico M. Rodríguez P. y Víctor A. Del Pozo R.
17 de agosto, 2020
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Este agosto recordamos el aniversario de dos casos emblemáticos de detención arbitraria acompañados por la CMDPDH. Por un lado, el 11 de agosto de 2009, Nino Colman Hoyos Henao fue detenido arbitrariamente por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: a Nino lo torturaron y acusaron de un delito que no cometió; hoy, lleva más de diez años privado injustamente de su libertad. Por otro lado, el 13 de agosto de 2002, Jorge, Mario, Sergio, Hugo, José María y Oswaldo fueron detenidos arbitrariamente, en distintos puntos de la Ciudad y Estado de México, por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala: todos fueron torturados y acusados de delitos que no cometieron; hoy, dos han recuperado su libertad, uno murió en custodia del Estado como consecuencia de las torturas sufridas, y tres llevan casi veinte años privados injustamente de su libertad.

Tristemente, las detenciones arbitrarias en México son muy comunes y su principal riesgo radica en que suelen ser el punto de partida para otras violaciones graves a derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada, y la ejecución extrajudicial. Recientemente, con el caso de Giovanni en el Estado de Jalisco, todos fuimos testigos de la serie de crímenes atroces que se suelen cometer tras una detención arbitraria. En el marco de las movilizaciones por la memoria y la justicia de ese caso, la Fiscalía General de Jalisco desplegó su aparato institucional para detener y desaparecer masivamente a manifestantes. Ese y otros casos apuntan a que el despliegue oportuno de acciones judiciales y de presión internacional puede ser útil para hacer frente a las detenciones arbitrarias y otras violaciones graves a derechos humanos.

En este contexto de detenciones arbitrarias generalizadas, que suelen ser acompañadas de torturas y desapariciones, nos permitimos hacer una breve recopilación de algunas herramientas jurídicas que pueden ser útiles para hacer frente a una detención arbitraria, así como a situaciones de detención en donde se cree que puede haber riesgo de tortura, desaparición o ejecución. Esta recopilación no representa, de ninguna manera, un consejo u orientación legal ni pretende sustituir a la opinión experta que pueda tener un profesional en algún caso concreto, sino que solo busca contribuir de alguna forma al combate de estas prácticas atroces.

El concepto de detención arbitraria 

La detención arbitraria es una práctica absolutamente prohibida. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD) ha señalado, incluso, que “la prohibición de la privación arbitraria de la libertad forma parte del derecho de los tratados y del derecho internacional consuetudinario y constituye una norma de ius cogens.” La idea de detención arbitraria se distingue de la de detención ilegal por el hecho de que el cumplimiento de las formalidades legales puede no ser suficiente para eliminar la arbitrariedad en una detención; así, una detención legal puede ser arbitraria. Un ejemplo claro de la distinción es el caso del arraigo penal: es una forma de detención legal (autorizada por la ley y la Constitución), pero también es una forma de detención arbitraria (por violar normas fundamentales de derecho internacional).

La jurisprudencia internacional ha desarrollado ampliamente el ámbito de protección de la prohibición absoluta de la detención arbitraria, al grado de que prácticamente cualquier forma de detención que no respete principios de razonabilidad, previsibilidad, legitimidad, idoneidad, necesidad o estricta proporcionalidad será arbitraria. En cualquier caso, la definición y alcance del concepto pueden variar entre los criterios del régimen interamericano y los del régimen universal de derechos humanos.1 Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que “no basta que la privación tenga una base legal, sino que ésta tiene que cumplir con un test de proporcionalidad”.

En principio, existen sólo tres supuestos autorizados por nuestras leyes para que una persona pueda ser detenida: la ejecución de una orden de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente. Legalmente, la privación de la libertad en cualquiera de esos casos podrá continuar a través de la retención ministerial, el arraigo federal, la prisión preventiva, o al estarse cumpliendo una pena o arresto administrativo; sin embargo, es posible que este tipo de retenciones también constituyan una detención arbitraria.

En muchas ocasiones, los policías intentan detener a las personas con otro tipo de órdenes judiciales. Al respecto, es importante mencionar que la orden de búsqueda, localización y presentación de un inculpado o testigo, no tiene la fuerza legal de obligar a una persona a ser detenida para lograr su comparecencia; por el contrario, esta solo autoriza a que los agentes encargados de cumplirla notifiquen (avisen) a la persona que existe una investigación en su contra, o señalarle que cuenta con el derecho u obligación de comparecer ante una autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente. Así, este tipo de orden en ningún caso es justificación legal para detener a una persona o para ponerla a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituiría una detención ilegal y arbitraria.

De igual forma, suele ser común que, tras realizar una detención ilegal y arbitraria con base en una orden de comparecencia, las autoridades busquen remediar su falta legal señalando que la detención en realidad fue realizada bajo un supuesto de flagrancia (típicamente, suelen señalar que se encontró a los detenidos en posesión de alguna sustancia que podría ser ilícita o de un arma). Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la constitucionalidad de una detención en flagrancia no depende exclusivamente de que la persona efectivamente se haya encontrado en flagrancia, sino que también debe examinarse la manera en la que se descubre o conoce la comisión de un delito flagrante. De tal suerte que “si no existe evidencia que justifique la creencia de que al momento de la detención se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito flagrante, debe decretarse la ilegalidad de la detención.”

Rutas nacionales para hacer frente a una detención arbitraria

La persona detenida tiene derecho a pedir que las autoridades que están llevando a cabo la detención se identifiquen con sus nombres, cargos e institución a la que pertenecen. De igual forma, la persona que va a ser detenida puede pedir que le sea presentada la orden que motiva la detención o, en caso de suponer flagrancia, una explicación del motivo y fundamento legal. Si no se presenta una orden o no se exponen los motivos de la detención, y se tiene temor de padecer una detención arbitraria u otra violación grave a derechos humanos, de encontrarse en un lugar público, se recomienda que la persona detenida pueda gritar su nombre completo para que los datos sean tomados por otras personas y puedan informar de lo sucedido a familiares, conocidos o a las autoridades.

Asimismo, serviría de mucho memorizar el número de identificación y tipo de vehículo en que es trasladada la persona detenida. De igual forma, tanto la detenida como las personas que presencian la detención podrán solicitar que se les informe la autoridad y el lugar al que será presentada. Todas las personas detenidas siguen siendo titulares derechos humanos; entre ellos, la detenida puede pedir que se le ponga en comunicación con algún familiar, persona de confianza o abogada o abogado para informarles sobre su detención.

Una herramienta útil para documentar este tipo de situaciones, son las fotografías o videograbaciones del momento de la detención. De no tener posibilidad de grabar un video con cámara o celular, puede ser importante tratar de identificar si existen cámaras públicas del C5 que puedan haber grabado la detención para solicitarlas a la autoridad competente. En varias situaciones, las detenciones llegan a hacerse por autoridades que no se encuentran uniformadas o que se transportan en vehículos no identificables, por lo que podría no haber certeza de si se trata de una detención o un secuestro. Se sugiere que cualquier testigo de ese tipo de hechos presente una denuncia ante alguna agencia del ministerio público o que por lo menos busque información de la detención a través de los servicios de telefónicos de asistencia e información (locatel) o al 911. Esto permite dejar el antecedente del día y la hora en que se llevó la detención y evitar la manipulación posterior de la información de lo que realmente sucedió por parte de las autoridades aprehensoras.

En caso de enterarse de la detención de un familiar o conocido, sin tener mucha información luego de lo ocurrido, se puede consultar el Sistema de Consulta del Registro Nacional de Detenciones. Este Sistema debería arrojar información sobre el arresto y lugar de detención de cualquier persona que hubiera sido detenida por una autoridad sea local o federal, en todo el territorio nacional. Una de las finalidades que busca la Ley Nacional del Registro de Detenciones y este Sistema de Consulta es, justamente, prevenir la violación a derechos humanos. Si bien el registro no garantiza por sí mismo que estas violaciones no ocurran, el sistema de consulta permite dar un seguimiento al destino de la persona detenida, estar pendiente de su situación jurídica y, con ello, tener información suficiente para actuar en consecuencia.

Ante una detención arbitraria, las personas tienen la oportunidad de presentar a través de terceros (es decir, cualquier otra persona lo puede hacer) una demanda de amparo en la que se denuncie la posible violación a los derechos humanos de la víctima, no solo por la privación de la libertad, sino también en caso de que se considere que la persona detenida esté en peligro de perder la vida, o de ser torturada, retenida ilegalmente, incomunicada, desaparecida o víctima de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Esta demanda no requiere mayor formalidad, únicamente se deberá señalar: I. El acto reclamado (los hechos que se consideran violatorios de derechos humanos); II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre la víctima. Se puede hacer mediante un escrito, incluso en línea, o a través de comparecencia (presentarte directamente) ante el Juzgado de Distrito en turno, en términos del artículo 109, en relación con el 15 y 20 de la Ley de Amparo.

Si se tiene la información de las autoridades que realizaron la detención, se recomienda señalarlas al igual que a los superiores jerárquicos o al titular de la institución que la ejecutó. Si no se conoce qué corporación la ejecutó –aun mediante la revisión al Sistema de Consulta–, se puede señalar como responsables a las o los titulares de las diversas instituciones (policías, fiscalías, Ejército, Marina, Guardia Nacional, etcétera) que se cree que pudieron realizarla.

Si bien la demanda de amparo podría no traer como consecuencia la inmediata libertad de la persona detenida, sí puede ser útil para que el Juez ordene a las autoridades responsables que se abstengan de incomunicar a la persona detenida, que le pongan inmediatamente a disposición de la autoridad competente, que no le desaparezca forzadamente o que se abstengan de cometer en su contra actos de tortura, malos tratos, inhumanos o degradantes. Muchas veces este tipo de medidas se ordenan a las pocas horas de presentada la demanda y van acompañadas de la visita de personal judicial para ubicar y ver a la persona detenida, para verificar el estado físico en que se encuentra y buscar la ratificación de la demanda.

Otra opción simultánea es la presentación de una queja ante las comisiones de derechos humanos que existen en cada uno de los Estados, si la detención la realizaron autoridades del gobierno estatal o municipal, o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si quienes la cometieron fue alguna autoridad de la federación; típicamente, esto se puede hacer por internet (busca la sección de presenta tu queja en las páginas de las comisiones). En el mismo escrito se puede solicitar la adopción de medidas cautelares para los mismos fines y será el organismo público de derechos humanos quien solicite información y pida a las autoridades responsables que se salvaguarden los derechos humanos de la persona detenida.

Rutas internacionales para hacer frente a una detención arbitraria

Frente a un contexto en el que las detenciones arbitrarias se practican de manera generalizada, en donde la evidencia nos muestra que este tipo de detenciones suelen ser seguidas por otras violaciones graves a derechos humanos, en donde la impunidad suele ser la regla, es indispensable que se intenten accionar todas las herramientas jurídicas disponibles para elevar las probabilidades de que las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas. Los procedimientos internacionales aquí señalados tienen la gran ventaja de que pueden ser activados solo rellenando un formato y enviándolo por correo electrónico; además, suelen gozar de más garantías de independencia e imparcialidad que cualquier procedimiento nacional.

La naturaleza de estas acciones es complementaria, porque no sustituyen a las acciones que se puedan (y deban) tomar ante las instituciones mexicanas. En cualquier caso, este tipo de acciones abonan mucho pues ayudan a que las autoridades mexicanas no se sientan con toda la libertad de actuar con completa arbitrariedad, pues deben rendir cuentas del caso específico ante un procedimiento internacional y ante las autoridades del gobierno federal que les solicitan información del caso.

Acción Urgente ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD), es un procedimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas que tiene un mandato amplio y diverso para hacer frente a la detención arbitraria en todo el mundo. Entre su mandato, se encuentra la posibilidad de recibir denuncias individuales y llamamientos urgentes de familiares de personas detenidas, o de las personas detenidas mismas (o sus representantes legales), por casos que podrían considerarse una detención arbitraria, con el objetivo de aclarar o llamar la atención sobre esos casos con los gobiernos involucrados.

El Grupo de Trabajo ha elaborado un procedimiento de acción urgente para los casos en que “haya denuncias suficientemente fiables de que una persona ha sido privada arbitrariamente de su libertad y de que, de proseguir, dicha privación de libertad constituiría un grave peligro para la salud, la integridad física o psicológica, o aun la vida de esa persona”. Sin embargo, el Grupo de Trabajo también podrá actuar en casos en los que “si bien no existe presuntamente dicho peligro, circunstancias especiales justifican una acción urgente”.

A diferencia del procedimiento ordinario de casos individuales, el llamamiento urgente se hace con carácter puramente humanitario, y no prejuzga la posible responsabilidad del Estado. En estos casos, el Grupo de Trabajo transmite al Gobierno (típicamente por la vía de la Cancillería) un llamamiento urgente en donde se pide que se adopten las medidas apropiadas para asegurar el respeto a distintos derechos humanos de la persona detenida. Se trata de un procedimiento que puede ser útil para generar mayor presión para lograr la liberación de una persona. Para solicitar la intervención del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU es deseable rellenar, con mucha precisión, un cuestionario que se deberá enviar completo y firmado por correo electrónico a la dirección [email protected] y [email protected].

En caso de considerar que la persona pudiera ser torturada, ejecutada, o desaparecida

Como nos muestra la evidencia en múltiples casos, las detenciones arbitrarias suelen ser seguidas por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En caso de que una persona sea arrestada, detenida o trasladada contra su voluntad, o esta sea privada de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y luego las autoridades se niegan a revelar la suerte o ubicación de esa persona o a reconocer que está privada de la libertad, se puede solicitar un llamamiento urgente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID).

El WGEID podrá enviar un llamamiento urgente cuando reciba denuncias verosímiles de que una persona ha sido arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de alguna otra forma y ha sido objeto de desaparición forzada o corre el riesgo de serlo. Este procedimiento podrá aplicarse en otras circunstancias excepcionales, cuando el Grupo de Trabajo considere que la situación así lo justifica. Esas denuncias serán transmitidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (según el propio WGEID, en un periodo de 1 a 2 días después de que se reciba el caso). Para solicitar su intervención, también se deberá llenar un cuestionario, mismo que deberá ser enviado al correo [email protected].

En caso de que consideres que la persona detenida corre el riesgo de ser torturada, o víctima de otros tratos crueles, puedes solicitar que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU transmita un llamamiento urgente. También es deseable rellenar un cuestionario, y enviarlo por correo electrónico a [email protected] y a [email protected].

Finalmente, en caso de que la persona detenida haya recibido amenazas de muerte, o que exista un temor de sufrir una ejecución con base en otras violaciones al derecho a la vida ya cometidas anteriormente, puedes también solicitar la intervención de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. También es deseable rellenar un cuestionario, y enviarlo por correo electrónico a [email protected] y a [email protected].

Consideraciones finales

Las detenciones arbitrarias son una práctica muy común entre las distintas fuerzas de seguridad en México. Accionar algunos de los procedimientos nacionales e internacionales disponibles puede ser útil para hacer frente a este tipo de prácticas atroces.

En todo escenario, será importante que una persona con conocimiento de lo sucedido pueda relatar todos los hechos, de manera escrita, de la forma más clara y precisa posible. Si tienes dudas sobre el derecho aplicable a tu solicitud, no dudes en ponerte en contacto con alguna organización de derechos humanos para solicitar asesoría legal. En cualquier caso, es indispensable entender que ninguna de las herramientas jurídicas aquí señaladas son un procedimiento mágico que va a resolver la situación; sin embargo, sí pueden resultar de mucha utilidad para evitar que se cometa una violación irreparable al derecho a la vida o la integridad personal.

* Federico Rodríguez es Licenciado en Derecho por la UNAM y Víctor Del Pozo es Licenciado en Derecho por el CIDE. Ambos son abogados en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

 

1 Para el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU una detención puede ser arbitraria cuando:

a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad (categoría I);

b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7 (igualdad ante la ley), 13 (derecho a libre circulación), 14 (derecho a buscar asilo), 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión), 19 (libertad de expresión que incluye la posibilidad de salir a las calles a exigir y luchar por alguna causa), 20 (libertad de reunión y asociación que incluye la posibilidad de salir a las calles con un grupo de personas a manifestarse) y 21 (derecho a participar en el Gobierno) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III). (También se toma en cuenta si se están respetando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión)

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

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