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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Huir de la violencia: una realidad cada vez más común entre los mexicanos
1,7 millones de personas se vieron obligadas a cambiar de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2018 —un número récord—, revelan los datos de la ENVIPE 2019.
Por Brenda Pérez y Lígia de Aquino
7 de octubre, 2019
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Circular libremente y escoger su lugar de residencia es un derecho de todas las personas. Sin embargo, para muchas, no es una realidad. Cada año, millones de familias e individuos alrededor del mundo son obligados a abandonar sus hogares de manera involuntaria. Algunos huyen de conflictos armados, otros de catástrofes, algunos más de contextos de violencia generalizada y situaciones donde se violan sus derechos humanos. Huyen para protegerse cuando quedarse representa un riesgo para su vida. Algunas personas recorren largos caminos, cruzan fronteras y atraviesan océanos, buscando refugio en otros países en donde creen que pueden estar a salvo. Otras recorren su propio país buscando sobrevivir, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento interno forzado.

En México, el desplazamiento interno forzado causado por la violencia es un fenómeno alarmante y que se ha intensificado. Desde que se desató la Guerra contra las Drogas, los enfrentamientos, la fragmentación de los carteles, las disputas territoriales entre estos y el consecuente aumento en los niveles de violencia en diversas regiones del país han generado múltiples desplazamientos forzados de individuos y hasta comunidades enteras. Muchas de estas víctimas, sin poder regresar a sus hogares ni reasentarse de manera estable, siguen padeciendo las consecuencias de haber sido desplazadas. A pesar de la gravedad de la situación, fue hasta este año que el gobierno mexicano reconoció de forma oficial la existencia del fenómeno en su territorio, tras un largo periodo de negación y omisión. 

El reconocimiento oficial se dio a partir de la publicación del libro “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México”, el cual fue presentado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con el objetivo de evidenciar y caracterizar el fenómeno a través de un análisis de carácter cuantitativo y cualitativo. Ante la ausencia de instrumentos especializados para medir y cuantificar el desplazamiento interno forzado en México, el estudio cuantitativo se realizó con base en instrumentos estadísticos preexistentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los cuales los autores del libro consideraron que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) era el que ofrecía información con mayor precisión sobre los desplazamientos de población causados por la violencia.  

La ENVIPE es el principal instrumento estadístico utilizado por el INEGI para obtener datos sobre el estado de la seguridad pública en el país. Busca identificar factores como el número de víctimas y delitos registrados cada año, los contextos en que ocurren los delitos, las características de las víctimas y la cifra oculta, es decir, aquellos delitos que no se denuncian o investigan. Además, incluye secciones para evaluar el desempeño de las autoridades y la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en su entorno. Es realizada de manera anual desde 2011, y sus resultados fueron considerados como de interés nacional por la Junta de Gobierno del INEGI, por lo que su realización y publicación son obligatorias. La pregunta de la ENVIPE que permite un acercamiento a la medición de la problemática de desplazamiento interno forzado cuestiona a las personas encuestadas si, durante el año anterior, han realizado una serie de medidas para protegerse de la delincuencia, entre las cuales se encuentra “cambiarse de vivienda o lugar de residencia”. 

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2019, publicados en septiembre, se estima que durante el 2018 un total de 1,723,857 personas, integrantes de 474,476 hogares, se vieron obligadas a cambiarse de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México, lo que corresponde a 1.4% del total de la población. Las regiones del país más afectadas por el fenómeno, esto es, las que contaron con mayor porcentaje de personas que cambiaron de lugar de residencia como medida de protección ante la delincuencia fueron la región Occidente (conformada por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) y la región Centro (conformada por la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala). 

La cifra presentada por la ENVIPE 2019 es alarmante por una serie de motivos. Para empezar, representa un récord histórico al ser la más alta jamás registrada. Desde que se empezó a realizar la encuesta, la cifra había oscilado entre 915,893 y 1,552,260, con un promedio de 1,200,000 personas afectadas al año. 

Por otro lado, el hecho de que la cifra se refiere solamente a las 1,723,857 personas que cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia durante el 2018 significa que existe una cifra oculta, referente a las personas que formaron parte de las cifras de los años anteriores y siguen en condición de desplazamiento interno forzado. Considerando que no existe un marco normativo ni programas especializados para atender a las víctimas de este fenómeno, lo que las permitiría superar la condición de desplazamiento, la cifra oculta es probablemente bastante representativa. 

Finalmente, cabe mencionar que el preocupante aumento en la cifra de personas que se vieron obligadas a mudarse para protegerse de la delincuencia no puede ser fácilmente explicado por un aumento general en los niveles de violencia. Aunque los indicadores sobre la percepción de seguridad de los ciudadanos siguen la misma tendencia de los cambios de residencia, ya que aumentó el porcentaje de personas que perciben la inseguridad como el tema que les genera mayor preocupación, así como el porcentaje de personas que cambiaron su comportamiento (por ejemplo, dejando de salir en la noche, dejando de usar joyas y dejando de llevar dinero en efectivo) por miedo a ser víctimas de algún delito, tras un breve análisis de los resultados de la ENVIPE 2019, los indicadores del nivel de violencia en gran parte se mantuvieron estables o no tuvieron cambios tan significativos. Por ejemplo, se observó que la prevalencia delictiva disminuyó, la cifra oculta se mantuvo igual y la confianza de las personas en las autoridades aumentó. 

A pesar de que la ENVIPE no fue diseñada para medir el desplazamiento interno forzado y presenta limitaciones, como por ejemplo la restricción temporal y el hecho que excluye otras causales que generan desplazamiento y no pueden ser definidas como “delincuencia”, sus resultados nos ofrecen un principio de realidad cuya estimación, incluso acotada, denuncia una situación altamente grave que exige su atención inmediata. Aunque el reciente y muy necesario reconocimiento oficial del problema por parte de las autoridades ha sido un paso crucial para evitar que las víctimas de desplazamiento interno forzado continúen en el anonimato, aún falta un largo camino por recorrer para identificar, atender y resarcir la deuda que se tiene con las cientos de miles de víctimas que año con año se acumulan en el país y siguen sin ser atendidas.

En ese sentido, urge la adopción de un marco normativo y de medidas específicas para prevenir y atender el desplazamiento interno forzado en México, que permitan que las personas internamente desplazadas por la fuerza puedan recuperar su proyecto de vida, restablecer el ejercicio de sus derechos y encontrar soluciones duraderas al desplazamiento. Para la construcción de medidas de atención que sean adecuadas y efectivas, es necesario tener mayor claridad sobre la magnitud del fenómeno, sus características, en qué lugares del territorio se presenta y las necesidades diferenciadas de las víctimas, por lo que resulta inaplazable que el gobierno mexicano elabore instrumentos especializados para diagnosticar y caracterizar el desplazamiento interno forzado en México.

@CMDPDH

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