Impunidad, la epidemia que ataca a México - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Impunidad, la epidemia que ataca a México
Hace 10 años, Jorge Antonio Parral Rabadán fue secuestrado por un comando armado, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército mexicano y enviado a una fosa común tras ocultarle la información de su muerte a su familia.
Por Familia Parral Rabadán y Carolina Hernández Nieto
27 de abril, 2020
Comparte

En memoria de Jorge Antonio Parral Rabadán (†)

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, epidemia significa 1) Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas; 2) Mal o daño que se expande de forma intensa o indiscriminada.

Esta definición podríamos compararla con muchas de las problemáticas sociales y políticas que se han expandido de forma intensa e indiscriminada, poco a poco, a lo largo del tiempo, hasta adquirir el carácter de epidemia; ejemplos existen muchos, pero hoy, a través de un ejemplo, nos centraremos en la impunidad.

La impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos (CMDPDH, 2018). Se dice que, en México, la impunidad se debe en gran medida a que las víctimas no denuncian los delitos, siendo la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia el principal motivo de ello.

Sin embargo, en la experiencia de la CMDPDH —como organización acompañante—, aun cuando las víctimas se acercan al sistema de justicia para denunciar los hechos, éste les responde con indiferencia y apatía, deformando expectativas, abonando a la frustración y desesperanza. El tiempo que este proceso puede tomar es incierto. Lo único cierto es que, para las víctimas que buscan justicia la lucha es interminable.

 

“Me sentenciaron a tratar de entender que mi hijo

no regresará y que no lo volveré a ver nunca, ni vivo ni muerto”.

Alicia Rabadán, madre de Jorge Antonio.

 

El 24 de abril de 2010, un comando armado irrumpió en las instalaciones del Puente Internacional y Aduanal de Ciudad Camargo, Tamaulipas, privando ilegalmente de la libertad a Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fungía como administrador de dicho puente al ser empleado de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). A pesar de que los hechos fueron conocidos de manera inmediata por dicha dependencia, ésta omitió dar aviso de los hechos a su familia y a las autoridades ministeriales1.

Los hechos fueron denunciados hasta dos días después tras la exigencia de los familiares de Jorge Antonio; la paraestatal pudo haberlo hecho antes y probablemente estaríamos contando una historia diferente.

Tras no tener respuesta de las autoridades responsables de la investigación, la familia de Jorge Antonio por sus propios medios indagó sobre los hechos ocurridos y el 21 de febrero de 2011 hallaron el cuerpo de su hijo en una fosa común de un panteón municipal en el estado de Nuevo León.

Al buscar explicaciones sobre el por qué el cuerpo de su hijo estaba en aquel lugar, se encontraron con que, en fecha 26 de abril, el Ejército mexicano reportó un enfrentamiento con un grupo de la delincuencia organizada en el Rancho “El Puerto”, en el Estado de Nuevo León, en el cual fallecieron tres personas referidas por los militares como sicarios, uno de ellos era Jorge.

Durante las investigaciones correspondientes se determinó que la causa de la muerte de Jorge Antonio fue una serie de disparos a corta distancia, acreditando que éstos fueron hechos por armas del ejército mexicano. La agresión a corta distancia desvirtúa la idea de “enfrentamiento” reportada por elementos militares, tras varias periciales se comprobó que Jorge en todo momento se encontró en estado de indefensión y que los militares actuaron sin atender un protocolo de operativo y con un uso excesivo de la fuerza.

Al momento de ocurrir los hechos, Jorge Antonio llevaba consigo sus identificaciones personales que además de acreditarlo como trabajador federal señalaban números telefónicos de familiares, de modo que era plenamente identificable; no obstante, elementos del ejército y autoridades ministeriales de Nuevo León tendenciosamente ignoraron dicha información y de manera arbitraria enviaron su cuerpo a una fosa común, tras señalar imposibilidad para identificarlo y rastrear a su familia.

Finalmente, en el año 2018, se reconfirmó mediante nuevo peritaje de la propia PGR que la escena de los hechos fue manipulada, siendo responsables los elementos del ejército que participaron en el operativo del Rancho, al haber sido los únicos que tuvieron acceso al lugar.

El caso de Jorge Antonio ha sido documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien ha emitido dos Recomendaciones Generales, una de ellas, recientemente fue reclasificada al considerar como graves las violaciones a los derechos humanos por la ejecución extrajudicial de la que fue objeto Jorge Antonio a manos del Ejército mexicano. Sin embargo, su familia continúa pidiendo que se reconozca también la desaparición forzada en que incurrió dicha autoridad, al negar conocer el paradero de su hijo aun cuando tuvieron a la vista toda la información necesaria para su plena identificación.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando el secuestro y homicidio de Jorge Antonio, sin que a la fecha haya demostrado una verdadera voluntad e intención para ejercer acción penal en contra de los elementos militares que le privaron de la vida. DIEZ AÑOS de investigación no han sido suficientes para que la FGR logre articular un pliego de acusación sólido que pueda articular argumentos convincentes, ya que cada uno de los intentos de consignación presentados ante la autoridad judicial han sido rechazados.

Mientras tanto, las líneas de investigación y las evidencias del caso se diluyen por el paso del tiempo y la mayoría de los probables responsables se sabe que han causado baja del ejército, lo que pronostica la impunidad para este caso.

Debido a la inefectividad de los recursos internos para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de Jorge Antonio y su familia, en un tiempo razonable y de conformidad con los estándares internacionales, el caso se hizo del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra a la espera de ser admitido ante ese organismo internacional.

 

“Después de tanto tiempo de luchar por nuestro hijo sin éxito,

aún padecemos un panorama nacional desalentador y

la expectativa de que la situación mejore

en el futuro próximo es nula”.

Alicia y Jorge Lorenzo, madre y padre de Jorge.    

 

México es el cuarto país más impune a nivel global y del continente americano, encabeza la lista de países con el más alto índice de impunidad (UDLAP, 2017).

Desafortunadamente, otra de las características que refuerzan la impunidad en México atiende a quien o quienes son las o los perpetradores de las conductas delictivas. En este caso, casi todas las investigaciones en contra de soldados están sin resolverse. De acuerdo con estadísticas oficiales, entre 2012 y 2016 la entonces PGR inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por elementos del ejército en contra de civiles, principalmente por casos de tortura y desaparición forzada, no obstante, en el mismo periodo sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias, lo que quiere decir que en cuatro años la PGR, hoy FGR, sólo tuvo éxito en 3.2% de las investigaciones contra militares (WOLA, 2017).

Esto es resultado de la poca voluntad por parte de la FGR para investigar en forma seria y exhaustiva los delitos cometidos por elementos del ejército mexicano; de acuerdo con el Informe de Advocacy for Human Rights in the Americas, las investigaciones son lentas y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos. Hay casos en que han pasado años sin que la hoy FGR pueda llevar a los soldados a juicio (WOLA, 2017).

Lamentablemente, el caso de Jorge Antonio se enmarca en una estructura de impunidad epidémica y lacerante. A lo largo de DIEZ AÑOS la familia Parral Rabadán se ha encontrado con que el Estado mexicano tiene otras prioridades. En el camino se ha perdido la confianza en las instituciones, principalmente en las encargadas de impartir justicia y la creencia de un Estado mexicano responsable se convierte en una quimera. No obstante, sus padres y hermana, en la lucha que decidieron emprender, no pierden la esperanza de obtener algún día honor, verdad y justicia para Jorge.

 

“Mis pies están cansados, pero no de buscarte,

no descansarán hasta encontrar justicia

para ti hijo”.

Alicia Rabadán, madre de Jorge Antonio.

 

* Familia Parral Rabadán y Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto), abogada del área de Defensa de la @CMDPDH.

 

Referencias:

Advocacy for Human Rights in the Americas (2017). La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México. Disponible aquí.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2018), La impunidad en el contexto de la desaparición forzada en México. Disponible aquí.

Universidad de las Américas Puebla (2017). Dimensiones de la Impunidad Global. Índice Global de Impunidad 2017(IGI-2017). Disponible aquí.

 

1 La tardanza por parte de CAPUFE para denunciar los hechos ocurridos, al día de hoy, no ha sido considerada como omisión grave y mucho menos ha logrado generar algún tipo de responsabilidad directa al personal responsable.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.