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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Insuficiente papel de CNDH en el caso Jorge Parral
La intervención de la CNDH en el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, empleado de CAPUFE que fue secuestrado por el crimen organizado y luego ejecutado por el Ejército Mexicano, ha sido fragmentada, insuficiente y superficial.
Por CMDPDH
6 de febrero, 2017
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Por: Carla Loyo (@carlasofialm)

El 25 de enero el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó el Informe de actividades realizadas durante el 2016, mostrando la numeraria anual: número de quejas recibidas, expedientes de investigación, recomendaciones emitidas, denuncias presentadas, medidas cautelares dictadas, así como foros, talleres, programas internos, etcétera. Actividades que requieren de un enorme esfuerzo de una gran cantidad de funcionarios públicos. A través de los datos presentados en el Informe se puede apreciar un aumento en la eficiencia: al inicio del 2016 existían 5,086 expedientes de queja en trámite, se registraron 9,408 y concluyeron 9,669, quedando 4,825 expedientes en trámite al cierre de año; 4,290 expedientes concluyeron durante el trámite de la queja, mientras que 71 terminaron en la emisión de recomendación. Una de ellas fue la Recomendación 67/2016, en donde la CNDH documentó la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal en perjuicio de Jorge Antonio Parral Rabadán, así como al derecho al acceso a la justicia “en su modalidad de procuración de justicia” en contra de su familia, debido a los casi 7 años de impunidad en la ejecución extrajudicial y privación de la libertad de Jorge.

El 24 de abril de 2010 un comando armado ingresó al Puente Internacional número 30, ubicado en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Preguntaron por quien pidió mayor seguridad para las instalaciones federales y en consecuencia, secuestraron a Jorge Antonio Parral Rabadán, empleado de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y administrador del Puente Internacional. Dos días después, en el municipio de Dr. Coss, en el estado de Nuevo León, diferentes batallones de Ejército mexicano ingresaron al rancho “El Puerto”, accionando sus armas en contra de un número desconocido de personas. A menos de un metro de distancia, ejecutaron a Jorge Antonio con 14 disparos. El cuerpo de Jorge fue encontrado 11 meses después por su familia, en una fosa común municipal, donde fue enterrado sin haberlo identificado a pesar de que en el rancho se encontró su credencial que lo identificaba como empleado de CAPUFE.

En su búsqueda de justicia la familia interpuso una queja ante la CNDH, misma que derivó en una primera recomendación. La Recomendación 57/2013 documentó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la pérdida de la vida de Jorge. Sin embargo, la recomendación no documentó las violaciones cometidas por CAPUFE, ni consideró los actos de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con su deber de investigar y procurar justicia. Por lo que en 2014, la familia Parral Rabadán interpuso una nueva queja ante la CNDH para que investigara la responsabilidad de dichas instituciones.

Así, en las recomendaciones 57/2013 y 67/2016 la CNDH documentó una gran cantidad de irregularidades en el actuar de las instituciones que derivaron en la privación de la libertad y muerte de Jorge Antonio, así como actos y omisiones que actualmente vulneran los derechos de la familia Parral como lo son la verdad y la justicia. Sin embargo, la fragmentación de la determinación resulta desafortunada ya que no permite analizar adecuadamente la gravedad de los hechos, así como las fallas estructurales que impidieron la prevención de las violaciones y que perpetúan la impunidad en el caso, lo que impacta en el conocimiento de la verdad de lo ocurrido, en la justicia y en la reparación de las víctimas.

Dentro del trámite de la queja, la CNDH interpuso por lo menos diez quejas ante el Órgano Interno de Control de PGR y de CAPUFE, con el objeto de iniciar procesos administrativos sancionatorios en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en la violación de los derechos humanos de Jorge Antonio y de su familia. Para la CNDH esto forma parte de las acciones realizadas en contra de la impunidad como lo señala en su informe, al publicar que durante el 2016 interpuso 50 denuncias por responsabilidad penal y 92 por responsabilidad administrativa.

Sin embargo, los procesos de responsabilidad administrativa si bien son útiles para determinar el incumplimiento -o el cumplimiento deficiente- de obligaciones por parte de funcionarios públicos, no resulta una medida que permita encontrar la responsabilidad de superiores, ya que se limita a responsabilidades individuales y no al actuar del Estado. La fragmentación tampoco permite encontrar patrones de actuación que permitan conocer la verdad de lo sucedido y sus participantes, imposibilitando así cambios estructurales necesarios para prevenir violaciones a derechos humanos y combatir a la impunidad.

Por otro lado, los procesos de responsabilidad administrativa iniciados resultan insuficientes para sancionar las violaciones graves a los derechos humanos de Jorge Antonio Parral, en especial si existen conductas atribuidos a funcionarios públicos que fueron constatadas durante la investigación de la CNDH y que pudieren constituir algún delito por las diferentes formas de participación previstas en la ley penal. De acuerdo con los hechos que se desprenden de ambas recomendaciones, existen conductas que pueden ser constitutivas de delitos, como lo es el encubrimiento, delitos contra la administración pública, falsificación de documentos, y ejercicio indebido de funciones. En otras palabras, al no interponer denuncias penales, la CNDH implícitamente prejuzga la conducta de los funcionarios públicos que violaron derechos humanos como no delictivas, impide que las víctimas conozcan la verdad y acceder adecuadamente a la justicia de forma integral que permita generar garantías de no repetición. Sin embargo, la CNDH no consideró como una medida adecuada la presentación de denuncias penales o la aportación de pruebas a las investigaciones existentes; ignoró que el Ministerio Público es la única institución facultada para investigar si una conducta constituye un delito y en su caso, ejercer acción penal ante un juez.

Otro aspecto preocupante de la Recomendación 67/2016 es lo referente a la reparación integral del daño. La CNDH determinó de forma unilateral las medidas de reparación para la familia Parral Rabadán, sin considerar que las víctimas, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, tienen el derecho de participar en todas las investigaciones y acciones que impliquen el ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el de ser reparados integralmente de conformidad con la naturaleza de los hechos y la magnitud del daño.

En relación con la compensación, la CNDH parece confundir la indemnización laboral de Jorge, con las erogaciones, pérdidas de oportunidades, lucro cesante, daño moral, daño patrimonial, entre otras, en las que la familia Parral ha incurrido en la búsqueda de verdad y justicia. En relación con las medidas de satisfacción, referente a reparaciones simbólicas y de memoria, la CNDH recomendó a CAPUFE el cambio de lugar de una placa con el nombre de Jorge Antonio, en el Puente Internacional 30, en Camargo, Tamaulipas, así como un evento para develar la placa, lo cual es superficial y limitado de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, pero más importante aún, de acuerdo con la familia Parral Rabadán. Para ellos, resultan necesarias otras medidas como pueden ser las disculpas públicas, publicaciones en medios de comunicación, y otras que deberían determinarse a partir de metodología claras, sensibles y participativas en donde las víctimas sean quienes determinen las medidas verdaderamente reparadoras.

Las garantías de no repetición a su vez resultan superficiales, limitadas y francamente tímidas. La CNDH tiene la tradición de recomendar la capacitación en materia de derechos humanos a las instituciones violatorias de derechos humanos, medida que resulta insuficiente al no estar acompañada de otras medidas. En el caso de la Recomendación 67/2016, la CNDH recomendó que CAPUFE realizara un diagnóstico en materia de seguridad de las casetas de cobro para garantizar la integridad del personal que trabaja para la paraestatal, pero no considera las estructuras institucionales que permitirán que las medias sean adoptadas integral y continuamente. Para que los hechos no vuelvan a repetirse, la CNDH puede recomendar la adopción de medidas específicas que generen cambios estructurales, por lo menos políticas estatales que consideren a los derechos humanos como el centro del actuar del Estado; sin embargo, se autolimita en sus puntos recomendatorios, posicionándose de manera débil ante el contexto de crisis en el que nos encontramos en el país.

Resulta preocupante que la CNDH se concentre en los números dejando detrás la exhaustividad de sus investigaciones, el análisis de las pruebas y la participación dignificante de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto que la familia Parral siempre fue recibida por los y las funcionarias de la CNDH, también es cierto que las medidas de reparación no fueron propuestas a partir de un proceso participativo que permitiera determinar adecuadamente la magnitud de los daños psíquicos, físicos y económicos, para posteriormente determinar qué medidas son las que reparan, en lo posible, el daño, las medidas que permitirán a las personas rehacer su proyecto de vida. Determinar el daño no es una cuestión sencilla y la CNDH no cuenta con el personal necesario o suficiente para realizar los diagnósticos pertinentes, pero forma parte de Sistema Nacional de Atención a Víctimas y puede remitir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la determinación de los daños y de medidas de reparación integral del daño, al ser la institución pública que por mandato recibe y atiende a personas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

La CNDH pareciera limitarse en sus funciones y en el ejercicio de sus facultades. Por un lado, no está realizando investigaciones exhaustivas e integrales, que se reflejan en la fragmentación de las recomendaciones; tampoco está recomendando garantías de no repetición claras y la reparación no es integral ni participativa, dejando a las víctimas sin medidas verdaderamente reparadoras y dignificantes.

 

* Carla Loyo es abogada de la @CMDPDH.

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