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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Invisibles e impunes: atropellos del INM en contra de personas solicitantes de asilo y refugiados
Ahmad llegó a México el pasado 24 de febrero tras ser amenazado de muerte en su país, víctima de persecución religiosa. En vez de ser tratado como refugiado por el INM se le ha detenido en una estación migratoria donde desde hace tres meses se violan sus derechos humanos.
Por CMDPDH
18 de mayo, 2015
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Por: Nayomi Aoyama (@NayomiAoyama) y Mariana Peguero (@PegueroMariana)

Desde hace ochenta y tres días, el Sr. Ahmad se encuentra arbitrariamente detenido por intentar ingresar legalmente a territorio mexicano. Su único objetivo: salvar su vida. Al igual que muchos otros miembros de minorías religiosas en Medio Oriente, Ahmad al ser cristiano es víctima de persecución religiosa; en su país de origen fue acusado de apostasía, cuya pena es la muerte.

El pasado 2014, la fundación católica “Ayuda a la Iglesia Necesitada” emitió su informe sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo e identificó que los Estados con el mayor número de violaciones a la libertad religiosa son principalmente los países musulmanes. Subraya dicho informe que, dentro de todas las religiones perseguidas en el mundo, los cristianos continúan siendo la minoría más perseguida.

A Ahmad una inminente sentencia de muerte lo orilló a viajar a México en búsqueda de protección. Arribó el 24 de febrero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y durante la revisión migratoria entregó al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) la documentación requerida para su legal ingreso a territorio nacional -entre estos documentos se encontraba su visa vigente y válidamente expedida por el gobierno mexicano-.

Sin explicación alguna, el personal de migración rechazó su entrada y le pidió abordar el siguiente avión de regreso a su país de origen. Ahmad se negó a abordar y explicó al personal del INM que de ninguna manera podría regresar debido a que se encontraba en grave peligro en su país.

En el marco del ordenamiento jurídico mexicano, dicha explicación es suficiente para que la autoridad migratoria lo pusiera automáticamente en contacto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ésta institución le iniciara el procedimiento administrativo del reconocimiento de la calidad de refugiado.

Sin embargo, la realidad fue otra. Fue detenido durante dos días en las instalaciones del Aeropuerto Internacional y, posteriormente, llevado a la Estación Migratoria de Iztapalapa “Las Agujas” en el Distrito Federal -donde hasta la fecha se encuentra detenido-.

La Estación Migratoria donde desde hace casi tres meses Ahmad se encuentra “alojado”, en poco difiere a un centro penitenciario. Las degradantes condiciones en las que viven las personas detenidas en estos lugares, han sido expuestas a lo largo de los años por organizaciones de la sociedad civil, así como por la CNDH en su informe sobre la situación de los derechos humanos en las Estaciones Migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, poco se ha hecho por parte del gobierno federal para mejorar las condiciones.

Ahmad duerme –junto con cinco personas más- en una habitación de 16 m2, sin ventanas; pasa días enteros sin comer porque la comida es prácticamente imposible de ingerir y las porciones son insuficientes –en ocasiones la comida consiste en sólo seis cucharadas de lentejas-.

Lamentablemente, la historia de violaciones para Ahmad no terminó en su detención; varios días después de haber ingresado en la estación migratoria del Distrito Federal, agentes de ésta llamaron a su embajada y planificaron una reunión entre Ahmad y la representación consular del país del que se encontraba huyendo.

Lo anterior es una vulneración grave a los derechos que tiene como solicitante de la condición de refugiado. Uno de los pilares del derecho internacional de los refugiados es la prohibición absoluta de poner en contacto al solicitante con su representación consular, a menos que éste lo solicite o consienta de forma expresa. A pesar de que Ahmad externó de forma tajante que no quería contactar a su representación consular, agentes del INM lo obligaron a reunirse con ellos, exponiéndolo a continuar siendo perseguido- ahora en México- por los agentes consulares de su país radicados en México.

Por dichos motivos, el pasado 07 de mayo Ahmad solicitó el amparo y la protección de la ley en contra de las diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio desde su entrada a territorio nacional. Este amparo busca que el Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre la constitucionalidad de las normas que prevén detenciones administrativas de solicitantes de asilo y migrantes, ya que no existe un fundamento constitucional para este tipo de detenciones.

El “alojamiento” de personas sujetas a protección internacional y migrantes en estaciones no sólo impone restricciones a la libertad de circulación, sino que de iure y de facto constituyen una total violación al derecho de libertad personal, íntegramente comparable a un estado de reclusión. Este tipo de detenciones administrativas (erróneamente denominado alojamiento), producen una afectación grave e irreparable a ambas libertades.

Si bien es cierto que la ingeniería constitucional ha construido excepciones, modulaciones y absolutos en el ejercicio de los derechos humanos, a fin de lograr un equilibrio en el ejercicio de los derechos de todos los miembros de la sociedad y resguardar la vida democrática del país, en lo concerniente al “alojamiento” de solicitantes de asilo y migrantes no existe ninguna norma constitucional que sustente este tipo de detenciones. En contraste, “el alojamiento” resulta desproporcionado, ya que existen otros medios menos lesivos para los derechos humanos que sirven para asegurar el buen el desarrollo de los procedimientos administrativos migratorios; a pesar de ello, no han sido explorados por las autoridades migratorias quienes prefieren el uso de la restricción de la libertad de tránsito en estaciones migratorias.

Las condiciones de detención y las arbitrariedades cometidas por el INM son un tema invisible. En escasas ocasiones las personas extranjeras que se encuentran en estaciones migratorias cuentan con el apoyo o la asesoría legal para denunciar las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas. Esta invisibilización es parte del círculo vicioso que mantiene en impunidad los atropellos de las autoridades migratorias y asegura que la persona solicitante de asilo permanezca en extrema situación de vulnerabilidad, siempre al arbitrio de la autoridad migratoria.

 

* Nayomi Aoyama y Mariana Peguero son abogadas de la @CMDPDH

 

 

La identidad real de Ahmad ha sido ocultada por razones de seguridad.

Ayuda a la Iglesia Necesitada; Informe 2014 sobre la libertad religiosa en el mundo, consultado en mayo 2015. En la web.

Art. 42, Ley de Migración; Reglamento de la Ley de Migración, Arts. 62, 63 y 64.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite -excepcionalmente- la afectación de la libertad personal del gobernado mediante la actualización condiciones y plazos específicos. La Constitución Política prevé la excepcional privación de la libertad en dos sentidos, como sanción y como medida precautoria, y bajo los siguiente supuestos: a) como sanción penal, b) como sanción administrativa, c) como medida precautoria durante el proceso penal en los términos y condiciones establecidos por la misma Constitución y f) como medida en procedimiento de expulsión de extranjeros. Todas ellas conforme a lo establecido en la ley y con total apego a los derechos humanos. La detención de migrantes en estaciones migratorias en cuanto se desahoga su proceso migratorio no se encuentra dentro de ninguno de estos supuestos jurídicos.

En algunos casos, el poder constituyente delega en el legislador ordinario las excepciones, modulaciones y ampliaciones a los derechos humanos. En estos casos, el legislador constitucional hace pisos mínimos de derechos y confía en el legislador ordinario para la continua constricción de estos derechos, realizando un ejercicio de ponderación para la menor afectación de los derechos de sus gobernados. Este ejercicio ha sido denominado por la actividad judicial como test de proporcionalidad, mismo que ha sido desarrollado por la Primera Sala de la SCJN en la tesis: Proporcionalidad de las penas. Su diferencia con el Test de Proporcionalidad en derechos fundamentales.

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