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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Jaque mate a la justicia en México por el caso Cienfuegos y la impunidad militar
Pese a que el presidente subrayó que tuviéramos confianza en que en México ya no habría impunidad, no se ven señales de que se vaya a abrir una investigación por las violaciones de derechos humanos acontecidas bajo el periodo de Cienfuegos. Esto pese a estar relacionado con más de 149 casos de víctimas de tortura, desaparición forzada y asesinatos.
Por CMDPDH
20 de enero, 2021
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Vivir en México es estar a la sombra de la más abrumadora y grotesca impunidad. Mientras que carpetas y expedientes se apilan en las oficinas de las fiscalías, la idea de que “denunciar es una pérdida de tiempo” se afianza entre la población. Recordemos que de acuerdo con la ENVIPE 2020, se estima que durante 2019 el 92.4% de los delitos no fueron denunciados o fueron denunciados sin que por ello se abriera una carpeta de investigación. Entre los principales motivos para no denunciar se estimó que 36% de las víctimas de delitos consideraban que era una pérdida de tiempo y un 15% desconfiaba de las autoridades.

Pese a que la impunidad es uno de los problemas estructurales más arraigados en el país, el escepticismo y la desconfianza frente a las autoridades parecen haber entrado en suspenso cuando se dijo que la Fiscalía General de la República se encargaría de investigar las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el general Cienfuegos a su regreso a México. Si bien la noticia generó expectativas en algunos sectores de la sociedad por la magnitud de las acusaciones y la promesa de la actual administración de acabar con la impunidad, también levantó suspicacias, sobre todo a la luz de lo que ha sido el desempeño de la FGR.

Vale la pena recordar que AMLO inició la defensa del general a dos días de haberse conocido su detención, insinuó la inocencia del exsecretario de la defensa y dejó entrever la posibilidad que se le hubieran fabricado pruebas en Estados Unidos. Tras la liberación y repatriación del Cienfuegos, el presidente de México dijo que no podíamos aceptar que en otros países hubiera más justicia que en México y pidió confianza, mientras que el canciller Ebrad dijo en noviembre que traerlo y no hacer nada sería un acto casi suicida.

La decisión del no ejercicio de la acción penal generó bastantes dudas y molestias, la supuesta autonomía de esta institución y su titular Alejandro Gertz Manero quedaron a deber mucho, sobre todo en un país que ha sido arrasado por la guerra contra las drogas y en el que las víctimas de la violencia se cuentan ya por cientos de miles. El tiempo y modo en que se presentaron los resultados de la investigación -en apenas 58 días y vía un boletín- hacen pensar que el pasado 14 de enero, la FGR únicamente validó las insinuaciones del presidente.

Aunque no puede descartarse que la detención del general pudo tener motivos electorales y que hubo importantes omisiones diplomáticas en temas de cooperación, sería importante contar con una investigación que garantice la debida diligencia, que transmitiese mucha más confianza y que -dada la seriedad de las acusaciones- despeje toda duda.

En el mismo sentido, cabe preguntarse si la prontitud de la investigación fue una respuesta urgente debido a la constante presencia que han tenido elementos castrenses en cargos estratégicos en la Fiscalía, quienes no permitirían que uno de ellos fuera juzgado por una institución civil condicionada por intereses castrenses.

Bajo las condiciones actuales, la investigación de la FGR no logra aclarar todas las dudas, más bien transmite un mensaje de impunidad y subordinación del orden civil al militar. Sobre todo en medio de un contexto en el que el ejército ha comenzado a ejercer cada vez más funciones.

Por otro lado, sigue siendo importante no perder de vista que los cargos y las pruebas con las que se imputó a Cienfuegos en Estados Unidos se hicieron con la idea de reforzar el prohibicionismo que ha resultado en la militarización de México y fue en esa misma línea que la FGR tomó el caso. Hace no mucho nos preguntábamos si las actuales autoridades estarían dispuestas a investigar el asunto no sólo como un tema de narcotráfico, sino como una deuda de justicia con las miles de víctimas de la violencia en México.

Por ahora todo parece indicar que no, pese a que el presidente subrayó que tuviéramos confianza en que en México ya no habría impunidad. Una vez determinado el no ejercicio de la acción penal, no se ven señales de que se vaya a abrir una investigación por las violaciones de derechos humanos acontecidas bajo el periodo del exsecretario. Esto pese a estar relacionado con más de 149 casos de víctimas de tortura, desaparición forzada y asesinatos.

Más allá de la animadversión que AMLO pueda tener hacia la crítica -dado que insiste en presentar a quienes han señalado desacuerdos con el proceder de la FGR como conservadores o simpatizantes de la DEA y de gobiernos extranjeros- el aspecto más preocupante es que se mantiene el continuo de impunidad transexenal que el Ejército mexicano ha tenido en cuanto a violaciones graves de derechos humanos. En especial cuando se trata de altos mandos.

El historial de violaciones graves de derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano es desafortunadamente bien conocido. Hasta la fecha, actos tan graves como las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra sucia y la masacre Tlatelolco siguen impunes. Más recientemente, se ha hecho patente que la mayoría de los miembros del ejército procesados tienen que ver con delitos como asociación delictuosa o portación de armas, pero pocos relacionados con violaciones de derechos humanos. Además, las sanciones sólo suelen llegar a la tropa mientras que rara vez se toca a los miembros más altos de la jerarquía militar.

Las elecciones presidenciales de 2018 sembraron en una buena parte de la población la esperanza de que muchos de los pactos de impunidad que vienen desde los años más oscuros del PRI y que sobrevivieron a las 2 administraciones del PAN fueran finalmente rotos. Uno de ellos, el de la impunidad militar. Este antecedente, en el marco del gobierno actual, hace difícil descartar un escenario en el que en casos futuros o en proceso como los de Ayotzinapa o Tlatlaya podría ocurrir algo similar. Sobre todo teniendo en cuenta que ésta ha sido la constante desde la guerra sucia.

Siempre será desconcertante que un presidente que se considera un luchador social, que ha sido apoyado por víctimas de la guerra sucia operada por presidentes como Echeverría a través del Ejército, ahora defiende a la institución castrense blindándola de cualquier amenaza de justicia nacional o extranjera y continúa no solo la militarización sino que instala el militarismo. Pero el gobierno de México todavía tiene una oportunidad en el caso de Cienfuegos y otros militares: juzgarlos por violaciones graves a derechos humanos. Ignorar de nueva cuenta las violaciones de derechos humanos significa perder una oportunidad para demostrar la voluntad política de esta administración para no tolerar ni solapar ningún abuso del pasado. Finalmente, debemos recordar que acabar con la impunidad fue una de las promesas electorales del presidente y una de las cosas con las que se comprometió a no fallar y le seguiremos recordando todos los días ese compromiso.

@CMDPDH

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