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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Justicia o fuego: las estaciones migratorias, el COVID-19 y las protestas de los migrantes
Instancias federales incumplen orden de tribunal federal y mantienen a miles de migrantes hacinados con riesgo de COVID-19, como parte de una política migratoria criminalizante y negligente con el bienestar de las personas en situación de movilidad.
Por Luz Manzano
21 de septiembre, 2020
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Los migrantes duermen en el suelo, comparten colchones sucios, se amontonan en regaderas descompuestas. La dura realidad de las estaciones migratorias. Saben que si enferman no tendrán buena atención y, un día, llega el terror: pandemia de COVID-19. De pronto, la furia. Disturbios en Coahuila, Tabasco, Chiapas y Sonora. Los detenidos se amotinan. En Tenosique un incendio. La Guardia Nacional llega y cierra las puertas. Nadie puede salir. La gente grita y llora, ruega. Un hombre muere ahogado en el humo.

¿Cómo llegamos a esto?

En abril, un juzgado le ordenó al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud y al Presidente de la República que tomaran acciones urgentes para proteger la vida de las miles de personas migrantes que se encontraban detenidas en estaciones migratorias durante la pandemia de la COVID-19. Debido a la urgencia y la gravedad del asunto, el juzgado les dio un plazo de 48 horas para comprobar que habían realizado un total de once acciones inmediatas. Entre ellas, liberar a quienes estuvieran en una situación de riesgo por su edad o estado de salud. Pero ninguna autoridad hizo caso.

Así lo determinó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el pasado 3 de agosto. Después de analizar los cientos de informes que rindieron las autoridades migratorias y de salud, concluyó que “no adoptaron medida alguna tendente a cumplir la suspensión de plano concedida en este juicio de amparo, lo que a consideración de este órgano de control de constitucionalidad, se trata de una violación de grave entidad”.

Sabemos que, durante la crisis de salud pública de la COVID-19, estar privada de su libertad es una experiencia terriblemente traumática, pero lo es aún más para las personas que son detenidas por razones migratorias debido a que los derechos al debido proceso y las garantías de la libertad personal son completamente ignorados dentro de las estaciones migratorias. Esto significa que las personas pueden estar detenidas por meses, sin acceso a una representante legal, incomunicadas, algunas sin acceso a intérpretes que hablen su idioma, algunas acompañadas de niñas, niñas, adultos mayores, personas enfermas.

Y es que, además del pánico que provoca el miedo de contagiarse de una enfermedad que le ha quitado la vida a cientos de miles de personas en los últimos meses, las condiciones de detención en las estaciones migratorias en nuestro país son indignantes.

Llevamos décadas reclamando al gobierno mexicano que las estaciones migratorias no son lugares dignos para que una persona pase más de 72 horas detenida, el plazo máximo que conforme a la Constitución puede detenerte una autoridad administrativa. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado que, por lo general, las estaciones están al doble y hasta al triple de su capacidad, sin personal ni insumos médicos adecuados.

Y aún así, después de que se declarara una emergencia sanitaria a nivel nacional el pasado 30 de marzo, el gobierno federal no dictó ninguna medida para proteger a la población migrante. Y era de esperarse que las personas detenidas reaccionaran: a finales de marzo y principios de abril, en un periodo de 12 días, hubo cinco manifestaciones dentro de estaciones migratorias en Chiapas, Tabasco, Sonora y Coahuila. Cientos de personas hacinadas en espacios que se encontraban al triple de su capacidad —tal como es el caso de la estación migratoria en Hermosillo, Sonora— manifestaron su exigencia de ser liberadas antes de que inevitablemente se contagiaran.

Es por ello que un grupo de más de 150 organizaciones a nivel nacional nos organizamos para generar una estrategia jurídica con la que pudiéramos garantizar los derechos humanos a la vida, salud e integridad personal de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias durante la pandemia. Y lo logramos, obtuvimos resoluciones históricas que tenían la finalidad de cesar inmediatamente el riesgo de contagio. Pero cuando llegó el momento de que las autoridades cumplieran con lo ordenado por los juzgados federales (promovimos un total de ocho demandas en todo el país), las autoridades dejaron mucho qué desear.

Es indignante que el Instituto Nacional de Migración declaró al juzgado que, en las estaciones migratorias de 24 entidades federativas había un total de 81 personas detenidas al momento de sus informes (entre el mes de abril y mayo) y, en su Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020 reportó que, al menos durante el mes de abril, hubo en esas mismas estaciones 2,684 personas.

Pasaron cuatro meses para que el juzgado diera cuenta de que ninguna autoridad había hecho caso a su resolución. Hasta este momento no tenemos evidencia de que se estén aplicando pruebas de COVID-19 dentro de las estaciones, pero sabemos que muchas personas deportadas de Estados Unidos a México resultaron positivas a su llegada a las estaciones migratorias.

Las organizaciones que defendemos los derechos de las personas que migran estamos hartas de la indiferencia de las autoridades, demasiadas personas han muerto antes dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración a consecuencia de su negligencia. Ahora más que nunca necesitamos juzgados que entiendan lo inhumano que es el sistema de detención migratoria en México. Lo que está sucediendo en las estaciones migratorias es una violación masiva y sistemática de derechos humanos.

Recomendar sana distancia para unos y hacinamiento para otros es una muestra del doble estándar que impera en nuestro país. Mientras no se resuelva esta situación, seguiremos viendo escenas como las de abril. La decisión es del gobierno: o cumple las resoluciones del tribunal y termina la situación inhumana en las estaciones migratorias, o seguirá enfrentando ira, descontrol, miedo, fuego.

***

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. ofrece asesoría y representación legal a personas que solicitan asilo en México. Si necesitas ayuda contáctanos a nuestra línea de atención por WhatsApp al 55 7733 8140.

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