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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Justicia ordinaria vs. justicia militar
A pesar de reconocer la crisis de derechos humanos y violencia que se vive en el país desde hace ya más de una década, el gobierno no ha sido capaz de impulsar nuevas estrategias de seguridad y combate a la impunidad que conlleven un retiro gradual de las fuerzas castrenses de tareas de seguridad pública.
Por CMDPDH
12 de agosto, 2019
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Por: Natalia Báez

Los números de víctimas de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales han aumentado drásticamente a la par del incremento en el despliegue militar en las calles. A partir de la administración del expresidente Felipe Calderón se han desplegado, en promedio, 50 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 8 mil de la Secretaría de Marina (SEMAR) cada año para desempeñar tareas de seguridad pública en distintas partes del país. Entre 2006 y 2018 las fuerzas armadas han detenido a 100,447 civiles, todos en supuesta flagrancia. Durante este mismo periodo, la SEDENA ha estado involucrada en 4,495 enfrentamientos y la SEMAR en 398.i Esto ha provocado, además de una crisis de derechos humanos y violencia, que la lógica militar haya penetrado diferentes esferas de la política no sólo en materia de seguridad pública, pero también seguridad nacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta haber recibido un total de 380 quejas por desaparición forzada de personas, principalmente dirigidas en contra de la SEDENA y la SEMARii. Asimismo, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) registró un total de 2,467 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA y SEMAR por la comisión de actos constitutivos de tortura. El 70 % de estos expedientes en trámite por tortura corresponden a la SEDENAiii. Además, la CNDH registró 5,720 quejas en contra de las fuerzas armadas como responsables de hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.iv

El actual Gobierno, en la Estrategia Nacional de Seguridad Públicav, ha reconocido que la estrategia de combate al narcotráfico por medio de la militarización de la seguridad pública ha tenido como consecuencia “el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida”. Se ha admitido también que gobiernos anteriores usaron dicha estrategia de combate al narcotráfico como justificación para ignorar y al mismo tiempo promover las violaciones de derechos humanos. Asumiendo que México se ha convertido en un país de víctimas, en donde existen más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil personas desaparecidas, además de aquellas que han sido desplazadas por la violencia.

Sin embargo, la administración de Andrés Manuel López Obrador sigue apostándole a la militarización de la seguridad pública. A pesar de reconocer la crisis de derechos humanos y violencia que se vive en el país desde hace ya más de una década, el gobierno no ha sido capaz de impulsar nuevas estrategias de seguridad y combate a la impunidad que conlleven un retiro gradual de las fuerzas castrenses de tareas de seguridad pública, delegando nuevamente la responsabilidad a la autoridad civil, como lo establece el artículo 21 de la Constitución.

Titulares de la SEDENA y SEMAR han cabildeado en el Congreso con la intención de legalizar la presencia y actuación de fuerzas militares en operativos de seguridad pública, logrando la aprobación de la reforma al Código de Justicia Militar (CJM) y el Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP), mismos que crean la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control militares, que tienen facultades para ordenar el cateo de domicilios particulares, oficinas del gobierno federal y las dos cámaras del Congreso.

En este sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae con el objetivo de allegar elementos para demostrar que las reformas al CJM y la expedición del CMPP son inconstitucionales, incluso más allá de la Acción de Inconstitucionalidad planteada por la CNDH. Esto porque la expedición de la norma procesal penal excede las facultades conferidas al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional; además del contenido violatorio a derechos humanos de estos dos códigos, contrario a preceptos constitucionales como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los principios básicos del estado de derecho y del derecho internacional.

Sabemos que en México tenemos una tasa de impunidad de casi el 99 %, por lo que es importante que se lleven a cabo debidas diligencias y que el Estado sea capaz de garantizar los derechos de las víctimas. El gobierno ha fallado en proporcionar investigaciones efectivas, además de una adecuada persecución, castigo, enjuiciamiento y condena de los responsables de cometer violaciones de derechos humanos. Uno de los obstáculos para combatir dicha impunidad es el mal uso de la jurisdicción penal militar, ya que impide la determinación de responsabilidades de los máximos responsables. Es por ello que el amicus presentado ante la SCJN señala la necesidad de eliminar las facultades violatorias de derechos humanos atribuibles al Ejército.

En primer lugar la expedición del CMPP es inconstitucional ya que es violatoria del Art. 73 constitucional donde se estable que regirá una legislación única en materia procedimental penal. En segundo lugar, el Código permite los cateos a domicilios particulares, la intervención de llamadas, la detención de civiles; facultando además al Ministerio Público Militar para solicitar ante un Juez Militar de Control la realización de cateos en lugares privados. Esto posibilita la realización de cateos, ya sea a domicilios o propiedades privadas como parte de una investigación del MP Militar. En tercer lugar, el artículo 57, fracción II, inciso a) del CJM autoriza que la jurisdicción militar conozca de las causas penales seguidas contra militares respecto de delitos del orden común o federal que fueron cometidos por militares en servicio o con motivo de este, lo que pudiera afectar los derechos humanos de civiles, violando lo establecido en la Convención Americana y en la sentencia de la Corte IDH por el caso Radilla Pacheco.

Es importante que no se autorice a las fuerzas armadas a desempeñar tareas propias de ministerios públicos o fiscales, policía de investigación, asesoría a víctimas, e instituciones de procuración e impartición de justicia. Se sabe que la justicia militar no debe de conocer de juicios seguidos contra militares por delitos que pudieran implicar violaciones de derechos humanos de víctimas civiles. Sin embargo, de acuerdo a la información de la SEDENA, existen registros de 49 casos de tortura, 25 de desaparición forzada, 122 de homicidio calificado, 15 de homicidio doloso y 16 de inhumación clandestina de cadáveres en prisiones militares adscritas a la I., III. y V. Región Militarvi.

La investigación y el procesamiento de los responsables corresponden a tribunales de justicia ordinarios, y no a la jurisdicción penal militar, ya que de lo contrario se estaría afectando el derecho al juez natural y al debido proceso. Es por ello que consideramos indispensable que tanto la interpretación constitucional y las reformas legislativas, como la efectuada al CMPP y al Código de Justicia Militar se hagan de acuerdo a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, y sobre todo en apego a las convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano.

* Natalia Báez es investigadora de la @CMDPDH.

 

i SEDENA, solicitudes de información, números de folio: 0000700043617 y 0000700043917. SEMAR, solicitud de información, número de folio: 0001300019517.

ii CNDH, solicitudes de información folios: 3510000022419, 3510000037619.

iii FGR, solicitudes de información folios: 0001700092419, 0001700092619, 0001700057619 y 0001700094119.

iv CNDH, solicitudes de información folios: 3510000023319, 3510000023219, 3510000015119 y 3510000098918.

v Disponible aquí.

vi SEDENA, solicitud de información folio: 0000700081017.

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