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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Conceptos básicos de la justicia transicional
La justicia no solo obliga a conocer los hechos sino que también requiere actuar sobre la verdad descubierta. Del mismo modo, las reparaciones sin enjuiciamiento, la búsqueda de la verdad o la reforma institucional son fácilmente interpretables como intentos de comprar la aquiescencia de las víctimas.
Por CMDPDH
28 de enero, 2019
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Por: Lucía Chávez (@LucyChavezV)

En los últimos meses se ha hablado mucho de “justicia transicional”. El término no es nuevo, se ha utilizado para definir los procesos de lucha contra la impunidad en países que, de alguna manera, han logrado transitar de un conflicto armado interno o una dictadura militar a un estado de derecho.

Los elementos de la justicia transicional son: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria. Esos elementos son a su vez una serie de derechos reconocidos todos en México a través de la Constitución y definidos en leyes como la Ley General de Víctimas. Igualmente, mecanismos internacionales les han dotado de contenido.

A continuación presentamos un glosario de estos términos:

Justicia Transicional

La Organización de las Naciones Unidas en un documento del Secretario General (2004: párr. 8), definió a la justicia transicional como “la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”

La justicia transicional consiste en procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales, como la búsqueda de la verdad, iniciativas de enjuiciamiento, programas de reparación, reforma institucional o una combinación apropiada de ellos. Además, debe tratar más ampliamente las causas profundas de los conflictos y las violaciones conexas de todos los derechos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009: párr. 3).

Derecho a la verdad

El derecho a la verdad “asiste a las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron” (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 2006).

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006: párr. 38) ha reconocido que el derecho a la verdad corresponde a la sociedad en su conjunto a solicitar y a obtener información sobre lo siguiente: las causas que dan lugar al trato injusto que recibe la víctima; las causas y condiciones relativas a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las infracciones graves del derecho internacional humanitario; los progresos y resultados de la investigación; las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron los hechos delictivos en el derecho internacional y las violaciones manifiestas de los derechos humanos; las circunstancias en que se produjeron las violaciones; en caso de fallecimiento, desaparición o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas; y la identidad de los autores.

Derecho a la justicia: Los Estados tienen la obligación de luchar contra la impunidad y de velar por la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los responsables de las violaciones graves del derecho internacional (Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009: párr. 55).

Una estrategia sostenible de justicia de transición procura desarrollar la capacidad nacional de enjuiciamiento. Al mismo tiempo, los Estados que vienen saliendo de años de conflicto pueden no ser capaces o no estar dispuestos a realizar investigaciones y juicios eficaces. En esas situaciones los tribunales penales internacionales e internacionalizados pueden ejercer jurisdicción concurrente. Independientemente de la forma que asuman las iniciativas de enjuiciamiento, deben basarse en un compromiso claro de luchar contra la impunidad, centrar la atención en las necesidades de las víctimas y aplicar las normas internacionales de juicio justo (Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009: párr. 19).

Reparaciones

Los programas de reparación procuran dar a las víctimas compensación por las violaciones sistemáticas de derechos humanos con diversos beneficios materiales y simbólicos (Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009: párr. 28). Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial (Corte IDH, Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, 2006: párr. 175).

La reparación puede asumir diversas formas, incluidas la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de que no habrá repetición. La experiencia ha revelado que los programas de reparación que mejor han funcionado han sido diseñados en consulta con las comunidades afectadas, en particular con las víctimas. (Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009: párr. 28)

Memoria/deber de recordar

El Relator Especial a cerca de la cuestión de la impunidad de la Organización de las Naciones Unidas en el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (1997), reconoce que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Garantías de no repetición

En el derecho interno las garantías de no repetición están contempladas de manera expresa, como una forma de reparación que buscan prevenir o evitar que la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir (Ley General de Víctimas , 2013: art. 27, fracc. V. y 74).

Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2006), establecen que las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad.

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad.

c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial.

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos.

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad.

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales.

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales.

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

Interdependencia de los elementos de la justicia transicional

El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU (2012) reconoció que la práctica ha demostrado que las iniciativas aisladas y fragmentarias de enjuiciamiento no acallan la demanda de otras formas de justicia distintas del mero enjuiciamiento. No es algo que ocurra solo con la justicia penal. Lo mismo puede decirse de todas las demás áreas de acción del mandato. Si se desarrollan en forma aislada, ni siquiera los procesos más rigurosos de búsqueda de la verdad son equiparados a justicia, ya que la revelación de la verdad no satisface plenamente la necesidad de una reparación adecuada. La justicia no solo obliga a conocer los hechos sino que también requiere actuar sobre la verdad descubierta. Del mismo modo, las reparaciones sin enjuiciamiento, la búsqueda de la verdad o la reforma institucional son fácilmente interpretables como intentos de comprar la aquiescencia de las víctimas. Por último, las medidas de reforma de las instituciones, como la investigación de antecedentes y depuración del personal también resultarán insuficientes a falta de los demás mecanismos, tanto para hacer frente a las violaciones como para garantizar que no se repitan.

 

* Lucía Chávez es coordinadora del área de Investigación de la @CMDPDH.

 

 

Referencias:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (6 de agosto de 2009). Estudio analítico de los derechos humanos y la justicia de transición. A/HRC/12/18. Disponible aquí.

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. (21 de marzo de 2006). A/RES/60/147. Disponible aquí.

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. (6 de junio de 2006) “El derecho a la verdad”. AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06). Disponible aquí.

Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad – Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos). (2 de octubre de 1997). E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1. Disponible aquí.

Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Estudio analítico de los derechos humanos y la justicia de transición. (6 de agosto de 2009). A/HRC/12/18. Disponible aquí.

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Informe sobre el Estado de derecho y la Justicia Transicional en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. (3 de agosto de 2004). S/2004/616. Disponible aquí.

Corte IDH. (7 de febrero de 2006). Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 144.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (9 de enero de 2006). Estudio sobre el derecho a la verdad. E/CN.4/2006/91. Disponible aquí.

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. (9 de agosto de 2012). A/HRC/21/46. Disponible aquí.

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