La complementariedad positiva: una herramienta para generar mecanismos de justicia transicional en México - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La complementariedad positiva: una herramienta para generar mecanismos de justicia transicional en México
Es momento que este gobierno transcienda la retórica que limita su accionar al mero reconocimiento de lo hecho por gobiernos anteriores, y que dé un paso más allá en la búsqueda de la tan necesitada justicia transicional en México.
Por Nancy J. López Pérez y Olga Guzmán
7 de diciembre, 2020
Comparte

La Corte Penal Internacional (CPI o Corte) fue creada mediante la adopción del Estatuto de Roma (ER ) el 17 de julio de 19981. Este tratado internacional, ratificado por el Estado mexicano en el año 20052, significó el compromiso de un amplio número de Estados de la comunidad internacional en acabar con la impunidad de los crímenes más reprochables para la humanidad3.

La tarea de acabar con la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, ha sido puesta en manos de la Oficina de la Fiscalía (Fiscalía u Oficina), actualmente a cargo de la gambiana Fatou Bensouda y una serie de juezas y jueces que actualmente conocen de situaciones y casos sumamente complejos divididos en: 10 situaciones en examen preliminar, 13 situaciones bajo investigación y 28 casos4.

Estas amplias tareas de procuración y administración de justicia se rigen por el principio de complementariedad penal establecidas en el artículo 17 del ER. Este principio se sustenta en dos premisas fundamentales para los Estados parte y para la adecuada gestión de la CPI: el respeto por la soberanía y la eficiencia de las acciones de la Corte5.

Es así como los Estados parte deben tener la jurisdicción primaria que les permite que sus tribunales conozcan de los hechos, determinen la participación y responsabilidad individual, manteniendo en sí, el control del derecho penal sobre las personas que cometieron crímenes en contra de sus ciudadanos o en su territorio6. Este principio también le permite a la CPI asumir de forma extraordinaria el conocimiento de aquellos casos en los que los sistemas judiciales se encuentran colapsados o no existe intención alguna por acabar con la impunidad en los casos, maximizando sus recursos económicos y humanos para ello.

Hay muchos y muy importantes motivos para que los Estados asuman la responsabilidad primaria sobre sus casos; la cercanía física a los lugares en donde ocurrieron los hechos, el contacto y la necesidad de la participación cercana y activa con las víctimas, la familiaridad con el idioma, la facilidad para la obtención de pruebas y el trabajo con testigos, son sólo algunos de los beneficios de desarrollar un proceso en el propio Estado parte, en donde han ocurrido los hechos.

Reconociendo estas ventajas, la Fiscal de la CPI ha desarrollado el concepto de complementariedad positiva como pilar fundamental de su política de persecución. En el año 2006, la Fiscalía señaló que este tipo de complementariedad buscaría fomentar -siempre que sea posible- auténticos procedimientos nacionales, crear redes nacionales e internacionales y participar en un sistema de cooperación internacional.7 Esta interpretación amplia y comprehensiva de los objetivos del ER, le permite a la Fiscal reducir la brecha de impunidad mediante la cooperación internacional convertida en un proceso de fortalecimiento y capacitación técnica.

La complementariedad positiva puede ser implementada desde una etapa muy primaria de la investigación, en el denominado “Examen Preliminar” (EP), en el que es responsabilidad de la Fiscalía determinar si una situación cumple con los criterios legales establecidos por el ER para justificar una investigación por parte de la Oficina.

México se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de la CPI. Al menos la CMDPDH, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y un grupo de organizaciones de la sociedad civil en los estados y colectivos de familiares de víctimas hemos enviado comunicaciones a la CPI alegando que se cometen crímenes de lesa humanidad desde el año 2006, cuando se desató la llamada guerra contra el narcotráfico. Si bien, la Fiscalía aún no ha determinado si existe base razonable para abrir un EP sobre la situación de México, hoy la situación se encuentra bajo un minucioso análisis.

Tal como lo ha hecho para otros Estados en revisión, en el marco de ese análisis, la Fiscalía considera que México, tal y como lo declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 9 de abril del 2019, tiene “cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006”; más de 70 mil personas víctimas de desaparición forzada, e investiga más de 10 mil casos de tortura.

Así mismo, la Oficina, a partir de la información suministrada conforme al artículo 15 del ER, analiza si en México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017, la violencia relacionada con las drogas entre las fuerzas del gobierno mexicano y las organizaciones de tráfico de drogas ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente y organización necesaria para determinar que la situación de violencia en el país ha resultado en un conflicto armado de carácter no internacional, tal y como lo plantea el estudio “La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 a 2017: ¿Es un conflicto armado no internacional?”, elaborado por la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden.

Este fatídico contexto, alimentado por la enraizada corrupción y negación del acceso a la justicia en las instituciones mexicanas, requieren de medidas contundentes e incluso radicales para desterrarlas. Es por ello que los ideales de paz, reconciliación y justicia largamente prometidos a México deben ir aparejados de una estrategia clara y contundente seguida de un mensaje firme de que ningún crimen cometido en este contexto debe quedar impune.

Para superar este contexto debemos reconocer que nuestras instituciones no pueden solas, los múltiples ejercicios emprendidos por México que se han traducido en fiscalías especiales, grupos de investigación especializados, protocolos, etcétera, han sido insuficientes ante un contexto que constantemente busca desvirtuar los esfuerzos para arribar a la verdad.

Es así que la complementariedad positiva resulta un ejercicio de muestra de voluntad política para embarcarse de la mano de quiénes tienen las herramientas y los conocimientos para investigar entornos sumamente complejos como el de nuestro país.

Basta con analizar cuidadosamente el caso cercano de Colombia, cuya situación se encuentra bajo EP desde junio de 2004. Después de recibir un total de 229 comunicaciones conforme al artículo 15 del ER, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe base razonable para determinar que en ese país de la región se han cometido crímenes en el contexto del conflicto armado.

Pese a que el EP lleva abierto 16 años, los aportes para el desarrollo de instituciones en el ámbito doméstico, capaces de llevar ante la justicia a los perpetradores de esos delitos, han resultado fundamentales. La interacción que ha sostenido la CPI con autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil colombianas desde que se abriera el EP sobre la situación de Colombia, ha impactado en los desarrollos legislativos y la construcción de instituciones, como la misma Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los importantes desarrollos en los procedimientos nacionales en el Estado colombiano relativos a los crímenes del ER son muestras de las acciones alimentadas por la cooperación internacional con la CPI.

Para llegar a un proceso de naturaleza similar, México tiene la opción de someter voluntariamente la situación del país a la jurisdicción de la CPI y solicitar a la Fiscalía la cooperación técnica necesaria para enfrentar nuestros retos de justicia. Esto no solo implicaría un importante reconocimiento de los desafíos en temas de justicia, sino una muestra de la voluntad del Estado mexicano para investigar los crímenes atroces que el mismo presidente López Obrador ha reconocido se han cometido en el país.

El próximo 14 de diciembre iniciará la 19 Asamblea de Estados Parte de la CPI, con una representación de funcionarios mexicanos presente. Ante ello deberíamos preguntarnos ¿cuál es la postura que el gobierno federal debería asumir? Es momento que este gobierno transcienda la retórica que limita su accionar al mero reconocimiento de lo hecho por gobiernos anteriores, y que dé un paso más allá en la búsqueda de la tan necesitada justicia transicional en México. Si así lo quiere, el Estado en conjunto con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, podríamos emprender un ambicioso, pero cada vez más apremiante, proceso de construcción de justicia, paz y reconciliación.

* Nancy J. López Pérez es Directora de Defensa y Olga Guzmán, Directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

 

 

1 Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998.

2 Véase Tratados Internacionales firmados por México, Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible aquí.

3 Supra nota 1, preámbulo.

4 Véase aquí.

5 Véase, Handbook on Complementarity An Introduction to the Role of National Courts and the ICC in Prosecuting International Crimes, disponible aquí.

6 Supra nota 1, artículo 12.

7 Report on Prosecutorial Strategy 2006, disponible aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.