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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La crisis de México en materia de derechos humanos
Una Misión de Observación Civil, convocada por 11 organizaciones nacionales e internacionales para analizar la crisis de México en materia de derechos humanos, reporta que uno de los principales problemas es el uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de la protesta social.
Por CMDPDH
17 de noviembre, 2014
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“Los reclamos son justos; cuando el Estado está faltando a su responsabilidad debe existir esa voz que le recuerde”, denunció Tarcila Rivera, al evaluar la situación que viven las y los defensores de derechos humanos en México. En conferencia de prensa, Angelita Baeyens, Elvira Domínguez, Tarcila Rivera, Rosario Figari y Eleanor Openshaw presentaron sus conclusiones y recomendaciones preliminares tras su visita a México.

Las cinco expertas independientes de América y Europa visitaron México entre el 9 y el 14 de noviembre con el objetivo de observar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La Misión de Observación Civil, convocada por 11 organizaciones nacionales e internacionales, mantuvo reuniones con sociedad civil y autoridades de los tres niveles gobierno en los estados de Guerrero, Oaxaca, Baja California y en el Distrito Federal.

La Misión de Observación llegó a México en un contexto de crisis en materia de derechos humanos, donde además, la situación de vulnerabilidad y riesgo de las y los defensores es sumamente palpable. Las integrantes tuvieron la oportunidad de reunirse con defensoras y defensores que defienden un amplio espectro de derechos y todas las personas defensoras por igual manifestaron haber sido objeto de ataques, amenazas y obstaculización de sus labores, tanto por parte de autoridades estatales (desde el nivel federal hasta el municipal), empresas que están implementando megaproyectos o que se oponen a las reivindicaciones laborales de sus trabajadores, así como actores armados al margen de la ley o vinculados al crimen organizado. Esta situación es de enorme preocupación, ya que los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos trascienden la persona del defensor y constituyen ataques a las personas cuyos derechos éstos buscan proteger y a la sociedad en general.

Las y los defensores son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y en la consolidación del Estado democrático de derecho. Frente a la inoperancia o indiferencia del Estado en sus distintas manifestaciones, las y los defensores llegan para proteger a los sectores más vulnerables. Las integrantes de la Misión de Observación mostraron su preocupación enfatizando la necesidad de reconocer oficialmente y en los distintos niveles de la autoridad pública la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en México. Incluyendo el reconocimiento del concepto amplio de quiénes son considerados personas defensoras, de forma que abarque también a las y los periodistas, especialmente desde quienes tienen a su cargo el otorgamiento de la protección especial. El reconocimiento es una medida importante de prevención si se hace de manera periódica y pública, y de protección en casos específicos.

Las observadoras manifestaron que recibieron reportes del uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de la protesta social. Hicieron mención al uso de tipos penales abiertos, vagos y ambiguos como “privación de la libertad”, “obstrucción a las vías públicas”, atentado “contra la riqueza nacional” o de figuras como el “arraigo”. Casos de personas defensoras imputadas de cometer delitos menores como “robo de autos”, que ellas mismas rechazaron por completo, y que parecían haber sido utilizados para señalar y disuadirles a que continuaran su labor, generando un efecto amedrentador en las demás personas defensoras. Las organizaciones y personas defensoras que se entrevistaron con las integrantes de la Misión informaron de un incremento de arrestos arbitrarios, especialmente en el Distrito Federal en contextos de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia.

Otro problema identificado durante la Misión fue la existencia de una declinación de responsabilidad por parte de las autoridades, mismo que se refleja en el Mecanismo de Protección, que aunque pionero, ha resultado inefectivo ante las prevalecientes fallas.

Las integrantes de la Misión encontraron que las autoridades se desligan de su responsabilidad alegando que el problema o el obstáculo es otra autoridad o nivel de autoridad, lo que muestra una falta de claridad en los roles y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles y dependencias. Por lo que no parece existir un trabajo de coordinación para fortalecer vínculos entre los distintos niveles de gobierno o un esfuerzo para articularse y emprender acciones complementarias entre las distintas autoridades de gobierno.

En relación a la accesibilidad al Mecanismo de Protección, las observadoras recibieron información sobre la deficiente atención inicial a solicitudes de incorporación al Mecanismo. Según los reportes, las evaluaciones de riesgo se llevan a cabo sin criterios claros y sin tomar en cuenta el contexto del defensor o defensora que solicita protección. Los tiempos de atención e implementación superan con creces los establecidos en la ley. En algunos casos no fue sino hasta que hubo una nueva amenaza o agresión que se implementaron las medidas que ya habían sido ordenadas pero no implementadas.

Es necesario fortalecer el Mecanismo de Protección, pero no puede ser la única respuesta a la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores en México, sino una herramienta temporal para protegerlas de peligros inminentes. Las integrantes de la Misión denunciaron que una de las principales causas que pone en riesgo a las personas defensoras es la impunidad estructural.

En el caso de las agresiones, amenazas y ataques a personas defensoras, combatir la impunidad es la única forma de dar una respuesta efectiva y de fondo a la situación que enfrentan. La Misión de Observación recomendó el establecimiento de una política de investigación criminal para el esclarecimiento de los casos y la sanción de los responsables de amenazas y ataques en contra de defensores y defensoras. Es esencial que se reconozca que los ataques que sufren las y los defensores están relacionados con su labor.

Como parte de la Misión, las observadoras visitaron el estado de Guerrero y debido a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre donde 6 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos, las integrantes de la Misión visitaron la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde se entrevistaron con familiares de los 43 estudiantes para conocer de cerca el contexto y expresar su solidaridad con las familias y la comunidad.

Las observadoras manifestaron que el caso de Ayotzinapa pone en clara evidencia la desprotección que existe en México y muestra la crítica situación de violencia contra quienes reclaman sus derechos, especialmente en el estado de Guerrero, donde las autoridades dan declaraciones públicas adversas, criminalizan y desprestigian con el único fin de invalidar la labor de las y los defensores y estigmatizarles. Las personas defensoras en México desempeñan un rol que el Estado mexicano ha dejado atrás, el de acompañar a las víctimas y defender los derechos de todas y todos.

Para las observadoras la criminalización, la falta de reconocimiento y la impunidad son características de la realidad que viven las y los defensores de derechos humanos en el país, e hicieron un llamado que a que no haya represalia alguna contra quienes integraron y acompañaron la Misión, así como contra personas defensoras que se entrevistaron con ellas.

Información adicional

La Misión de Observación fue convocada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Peace Brigades International–Mexico Project (PBI México) y Conexx–Europe, con el apoyo de Amnistía Internacional México, Asociadas por lo Justo (JASS), el International Service for Human Rights (ISHR), Front Line Defenders, Protection International (PI), el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFK Center), el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT/FIDH) y la Coordinación alemana por los derechos humanos en México.

Las integrantes de la Misión de Observación Civil (MOC) son: Angelita Baeyens, abogada, directora de Programas – Partners for Human Rights del Centro Robert F. Kennedy Para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington, DC; Tarcila Rivera Zea, periodista, presidenta de Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú); Elvira Domínguez Redondo, abogada, doctora y licenciada en Derecho, es profesora de Derecho de la Universidad de Middlesex (Londres, Reino Unido); Rosario Figari Layús, socióloga de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Conflicto y Violencia (IKG) en la Universidad de Bielefeld (Alemania), y Eleanor Openshaw, abogada, coordinadora de incidencia regional para el ISHR en Nueva York.

 

@CMDPDH

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