La crisis (no contada) de los desplazados en Tijuana - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La crisis (no contada) de los desplazados en Tijuana
De mayo a la fecha cerca de 15,000 mexicanos han arribado a Tijuana con la intención de solicitar la calidad de refugiado en Estados Unidos a causa de la violencia que viven en sus comunidades.
Por CMDPDH
31 de octubre, 2016
Comparte

Por: Brenda Pérez (@dabrenperez) y Montserrat Castillo (@m_illoillo)

Tras la publicación del informe Vidas en la Incertidumbre de la Coalición Pro Defensa del Migrante en Tijuana, Baja California -en el que fue registrado el desplazamiento interno forzado de 1,106 personas provenientes principalmente de los estados de Michoacán y Guerrero, en el periodo comprendido de enero del 2013 a mayo de 2016- la CMDPDH visitó la ciudad fronteriza con el objetivo de dar seguimiento y ahondar en los datos señalados. Así, el área de Desplazamiento Interno Forzado sostuvo encuentros con miembros de la Coalición Pro Defensa del Migrante, responsables de la información contenida en el Informe, con representantes gubernamentales y personas víctimas de desplazamiento interno forzado. Aquí algunos de los principales hallazgos:

1. Las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales y estatales consultadas coinciden en señalar el 26 de mayo de 2016 como la fecha de inicio de la oleada extraordinaria de arribos masivos de población nacional e internacional a la Ciudad de Tijuana. Principalmente por un cambio en la política de refugio estadounidense, de la cual resulta favorecida la población haitiana, ya que tras el terremoto que devastó a Haití en 2010, el gobierno estadounidense permitió el acceso de esta población con base en una disposición de permiso humanitario que amplía la posibilidad de estadía dentro del país por hasta tres años.

Sin embargo, el 22 de septiembre pasado, el gobierno de los Estados Unidos anunció que reanudaría las deportaciones de haitianos indocumentados, como respuesta a la oleada de cerca de 5,000 personas que han arribado al país desde el mes de mayo provenientes de Brasil. Se calcula que aún permanecen mil personas de nacionalidad haitiana en la ciudad fronteriza en espera de su cita con autoridades migratorias estadounidenses. Se prevé que cerca de 40,000 haitianos aún estén por arribar a la ciudad de Tijuana. Ante la cantidad de personas haitianas recibidas, no existe posibilidad de recibir y procesar las solicitudes de refugio en el país vecino de personas de otra nacionalidad, incluida la mexicana.

De manera paralela, el 26 de mayo los albergues y refugios de la cuidad se encontraron completamente rebasados frente a la cantidad de personas con necesidad de techo y alimento, notando un aumento de personas en condición de desplazamiento interno, quienes debido al gran número de personas extracontinentales solicitantes de refugio en Estados Unidos, no lograban ser atendidos de manera inmediata y permanecían varios días a la espera de ser recibidos por las autoridades migratorias. Debido a esto, existieron momentos en que grupos grandes de personas connacionales ocuparon parques y espacios públicos para instalarse frente a la espera.

La llegada de personas en condición de desplazamiento interno es cada vez más numerosa y constante. En respuesta, las autoridades estadounidenses han dado un giro en la atención a los connacionales: todas las personas son recibidas de manera casi inmediata al arribar a la línea fronteriza por oficiales migratorios (CBP’s), sin embargo no reciben el debido proceso frente a su solicitud de asilo o refugio. Las autoridades estadounidenses registran el nombre de las personas solicitantes, toman sus huellas digitales, y después de unas horas y sin la oportunidad de presentar las evidencias que sustentan su solicitud, les es entregada su hoja de deportación y deben volver a Tijuana.

Los 50 que entran por la mañana, son los mismos que salen después de unas horas”. Esmeralda Siu, Coordinadora Ejecutiva, Coalición Pro Defensa del Migrante.

2. Las organizaciones civiles locales han dado cuenta de la presencia del fenómeno de desplazamiento interno forzado desde el año 2013.

Yo sabía que existía, trabajando con migrantes centroamericanos […] nos dimos cuenta que también se colaba entre ellos algunos michoacanos, algunos de Guerrero”. Capitán Isaac Medina, Responsable del albergue Ejército de Salvación Tijuana.

Sin embargo, es hasta el 26 de mayo del presente año cuando la ciudad experimenta una crisis de desplazamiento interno y externo.

Es difícil para cualquiera de los actores entrevistados señalar una cifra oficial; sin embargo, de acuerdo a la Directora de Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana, se estima que del mes de mayo a la fecha cerca de 15,000 mexicanos han arribado a la ciudad de Tijuana con la intención de solicitar la calidad de refugiado a causa de la violencia presente en sus comunidades de origen. El mes de julio fue el que registró una alza en el número de arribos.

Diario hay 200 o 300 personas connacionales huyendo del país. Un día atendimos a cerca de 600 personas, todas venían de Nueva Italia, (Michoacán)”. Rosario Lozada, Directora de Atención al Migrante, Ayuntamiento de Tijuana.

3. No obstante, la expectativa inicial de permanencia dentro de la Ciudad de Tijuana para las personas desplazadas es corta, debido al gran número de deportaciones en respuesta a las solicitudes de asilo, un número elevado de familias ha decidido permanecer en la ciudad fronteriza de manera provisional (ya sea, para volver a llevar a cabo el procedimiento de solicitud o mientras evalúa otra opción de huida) o de forma permanente. No existen cifras oficiales, pero se estima que hasta un 50% de las personas que arriban en situación de desplazamiento interno forzado por violencia deciden establecerse en la Ciudad.

4. La ciudad de Tijuana es históricamente una Ciudad de migrantes, acostumbrada a un flujo constante de connacionales en situación de tránsito, de retorno o con la intención de permanecer en la Ciudad. Dadas estas características, Tijuana cuenta con una alta capacidad de respuesta frente a grandes flujos migratorios.

Los albergues y refugios del lugar –al igual que las autoridades locales- han diseñado su esquema de atención para los migrantes económicos tradicionales. Hombres y mujeres adultos y sin familia, a quienes se les puede ofrecer de manera inmediata facilidades para la situación en la que se encuentren. En caso de ser retornados, se ofrecen facilidades de albergue con una temporalidad máxima de dos meses y apoyos para el traslado a su comunidad de origen o para el asentamiento a través de empleo y vivienda.

Para las personas en situación de tránsito, la atención se enfoca en cubrir las necesidades básicas de techo y comida en el transcurso de su salida.

Desafortunadamente, quienes hasta la fecha continúan arribando a la ciudad son familias enteras, grandes, principalmente compuestas por madres solteras o solas, cuya edad oscila entre los 20 y 40 años, con varios hijos. Para ellos no existe un plan de atención diseñado y especializado, superan la capacidad espacial y de ayuda de los albergues, y en caso de elegir residir de manera formal en la ciudad, sus características y necesidades no responden a los trabajos u oficios disponibles, idealmente orientados a trabajadores migrantes económicos.

Las organizaciones consultadas estiman que el tiempo de apoyo ideal para las personas víctimas de desplazamiento interno forzado alcanza los 6 meses en materia de alimentación, vivienda y empleo. Existe un claro énfasis en la necesidad de proveer a la población de atención psicológica que les permita superar las experiencias traumáticas derivadas del contexto de violencia que forzó su huida, además de condiciones de seguridad.

5. Los estados de Guerrero y Michoacán, son los principales expulsores de población hacia la ciudad fronteriza. De igual manera, se tiene registro de población desplazada proveniente de los estados de Veracruz, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Morelos.

Durante las entrevistas, varias víctimas de desplazamiento interno compartieron un documento oficial emitido por municipios de Michoacán, en el que las autoridades locales reconocen a los portadores del documento como miembros de su comunidad y, a su vez, reconocen su necesidad de huida frente a los altos índices de violencia presentes dentro de su localidad y localidades aledañas, exhortando al gobierno de Estados Unidos a ofrecer facilidades para la protección de quienes llevan consigo dicho documento.

Resulta impactante que las autoridades locales emitan documentación oficial que reconoce la condición de su población en situación de desplazamiento forzado, pero que no se encuentra dirigida hacia ninguno de los niveles de gobierno del Estado mexicano; en cambio, ésta es emitida hacia un gobierno extranjero. ¿Por qué la población no cuenta –además- con documentación en la que las autoridades locales interpelen a la colaboración del gobierno estatal o federal para propiciar las condiciones de seguridad que permitan la permanencia de la población dentro de su lugar de origen o residencia, o de ser el caso, una misiva de naturaleza similar en la que se solicite a cualquiera de los dos niveles de gobierno la protección de la población que, debido a los niveles de violencia descritos, no puede permanecer dentro de su comunidad y en consecuencia bajo su responsabilidad? ¿Es el documento emitido un reconocimiento implícito por parte de las autoridades locales de la ausencia de respuesta y capacidad de acción de los gobiernos estatales y gobierno federal?

Estas cartas parecen ser un último esfuerzo de las autoridades locales por dotar a su población de algún tipo de protección frente a la imposibilidad de garantizar su integridad al permanecer dentro de la comunidad. Pero también ofrece otra posible lectura, ¿las autoridades de gobierno local se encuentran propiciando el desplazamiento y abandono de territorio por parte de su población, además de incentivar así, una nueva forma de migración y ruta migratoria? De acuerdo a algunos de los testimonios recabados, las cartas emitidas tienen un costo que oscila entre los $ 300 y $ 500. El valor del documento es cubierto por la población, ya que al portador se le asegura que la misiva garantizará una respuesta favorable por parte del gobierno estadounidense hacia su solicitud de refugio.

Aun cuando las organizaciones de la sociedad civil –principalmente- y autoridades del ayuntamiento de Tijuana, han realizado un importante ejercicio de registro de las personas víctimas de desplazamiento interno presentes en la ciudad, no se cuenta con un registro oficial de las personas que han arribado a la localidad con el objetivo de hacer una solicitud de refugio al gobierno de Estados Unidos. Así como tampoco de las condiciones a las que se enfrentan en el trayecto de huida hacia la ciudad fronteriza o del retorno. Como fue señalado por todos los representantes con los que nos encontramos, “no todas las personas desplazadas están arribando a los albergues y refugios”, tampoco así están solicitando apoyos al gobierno municipal para su retorno, por lo que no hay forma de dar cuenta de ellos.

Esta característica los convierte en una de las poblaciones más vulnerables durante todo el ciclo del desplazamiento, ya que las condiciones de huida contienen de manera intrínseca una suerte de secrecía, imposibilitando o dificultando el seguimiento a las condiciones de seguridad en el arribo de las personas. De igual manera, la negativa ante la solicitud de refugio obliga en muchos de los casos a la población solicitante –ahora deportada- a emprender un nuevo desplazamiento, enfrentándose nuevamente a las adversidades del trayecto o peor aún, se ven obligados a retornar a su lugar de origen. El que no exista registro en ninguno de los momentos del ciclo de desplazamiento que atraviesa esta población, los convierte en personas extremadamente vulnerables frente a cualquier grupo de la delincuencia organizada, así como a ser víctimas de los delitos de reclutamiento forzado, trata, desaparición y desaparición forzada, extorsión, entre otros.

Finalmente, es verdaderamente preocupante la falta de un debido proceso a las solicitudes de refugio presentadas por los connacionales hacia las autoridades migratorias estadounidenses. La población que ha debido salir de su lugar de origen o de residencia ante la falta de garantías de protección y seguridad a su integridad y frente a la omisión de los tres niveles de gobierno, tampoco está encontrando escucha por parte del país vecino para presentar las evidencias que sustentan su desplazamiento forzado y necesidad de salvaguarda mediante el derecho de protección internacional.

 

* Brenda Pérez es directora del área de desplazamiento interno forzado y Montserrat Castillo es Investigadora de la misma área, ambas de la @CMDPDH.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.