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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La desaparición forzada de personas es una práctica generalizada en México
A pesar de la negativa del gobierno mexicano para aceptar las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, es evidente la necesidad de hacer cumplir cada una de sus recomendaciones, sobre las cuales en México no se han efectuado pasos concluyentes para su implementación.
Por CMDPDH
23 de febrero, 2015
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Por: Lucía Chávez (@LucyWonderful)

Hace unos días el Comité contra la Desaparición Forzada examinó, conforme al artículo 29 de la Convención contra la Desaparición Forzada, el informe del Estado mexicano en materia de desaparición frozada de personas.

Al examen, en Ginebra, acudieron autoridades del Estado mexicano de alto nivel, así como varias organizaciones de la sociedad civil y víctimas. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero fue tema de la agenda. El Comité consideró que ese caso ilustra “los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Es así que en sus observaciones finales el Comité reconoció un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales pueden considerarse como desaparición forzada. Esta no es la primera vez que un mecanismo de las Naciones Unidas realiza una conclusión de ese tipo; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe a México en el 2011 recibió información que consideró verosímil respecto de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos; así concluyó que la participación del Estado en las desapariciones forzadas está presente en el país. Además hizo enfásis en la impunidad generalizada en casos de desaparición forzada.

En ese sentido, hay que definir el contexto generalizado de una violación a derechos humanos que “involucra la gran escala de la naturaleza del ataque que debe ser masivo, frecuente, llevado a cabo de manera colectiva con considerable seriedad y dirigido en contra de una multiplicidad de víctimas.” El elemento de gran escala “se refiere a la naturaleza del ataque y el número de víctimas. La valoración no sólo es cuantitativa o geográfica sino que debe llevarse a cabo con la base de hechos individuales”.

Ante las recomendaciones del Comité presentadas el pasado 13 de febrero, la Secretaría de Gobernación, en un comunicado de prensa refirió que “Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.

No obstante lo anterior, es evidente la necesidad de hacer cumplir cada una de las recomendaciones del Comité, sobre las cuales el gobierno mexicano no ha efectuado pasos concluyentes para su implementación.

Por ejemplo, el Comité expresó su preocupación por la falta de claridad de cifras estadísticas de personas desaparecidas ya que el gobierno, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no distingue entre una persona extraviada, desaparecida, desaparecida probablemente por grupos delincuenciales o sometida a desaparición forzada, a pesar de que se habla de una cifra que supera las veinte mil personas “extraviadas, desaparecidas o no localizadas” en un periodo de nueve años.

Hay que mencionar que además de la falta de claridad en las cifras, el lenguaje que emplea el gobierno al referirse indistintamente a personas “extraviadas”, “no localizadas”, “desaparecidas” o víctimas de “desaparición forzada” resulta en extremos impreciso.

Por ello, se somete a la víctima de desaparición forzada a una doble desaparición. Por un lado un agente del Estado ejecuta la desaparición y por el otro, se está ante una desaparición simbólica por la falta de reconocimiento de la calidad de víctima de desaparición forzada. Ello constituye una afectación a los derechos de las víctimas que genera además una revictimización.

El Comité también se refirió a la falta de una legislación adecuada para la investigación, procesamiento y sanción de las personas responsables de desaparición forzada de personas. Las legislaciones que existen en el país no se adecuan a la Convención o bien, en algunos estados, no existe el tipo penal.

En este sentido, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos impulsado la federalización del delito de desaparición, así como de los delitos que implican graves violaciones a derechos humanos (tortura, ejecución extrajudicial -homicidio cometido por autoridades en uso de sus funciones- y feminicidio), dada la complejidad de adecuar los 32 códigos penales de las entidades federativas, así como la falta de capacidad de las entidades para resolver los casos de desaparición forzada y contribuir a la erradicación de esta terrible práctica.

Dado el contexto generalizado y sistemático de desapariciones en el país es necesario legislar no sólo en materia de desaparición forzada, sino la desaparición incluso cometida por particulares y grupos criminales. Asimismo, es crucial la investigación de todos los grados de autoría y participación a fin de llegar a la verdad de los hechos. Es importante también, tras ese carácter generalizado, que las investigaciones del delito se lleven a cabo tomando en cuenta el contexto en el que se manifiestan los hechos y no como casos aislados.

Por ello, el Comité recomendó al Estado mexicano que se considere el establecimiento de una fiscalía especializada para la investigación de la desaparición forzada, que trabaje de manera coordinada, por ejemplo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Es importante también la creación de mecanismos para evitar la desaparición forzada de personas; estos deberán incluir protocolos para el registro de detenciones, traslados, capacitaciones a servidores públicos en materia de derechos humanos, supervisión policial, entre otras.

Respecto de la búsqueda de personas desaparecidas podemos decir que en muchas ocasiones suele confundirse con la investigación penal de la desaparición. Así, al no existir un tipo penal adecuado, las acciones de búsqueda y localización se ven en consecuencia limitadas. Esto es aún más preocupante cuando no existe un tipo penal de desaparición o desaparición forzada en los estados, entonces tampoco existirá un protocolo serio de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En México actualmente no se cuenta con una base de datos unificada de personas localizadas y no identificadas, desaparecidas y de familiares de personas desaparecidas; ello constituye una de las recomendaciones del Comité, la cooperación de las autoridades estatales y federales son cruciales en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

Por otro lado, el Estado debe de mirar con detenimiento la aplicación de la legislación relacionada con los derechos de las familias de las víctimas de desaparición. La Ley General de Víctimas establece criterios relacionados con los derechos de las víctimas indirectas; no obstante, no es aún clara su aplicación. Se deben de establecer procedimientos sencillos de asistencia inmediata, en particular a niñas, niños, adultas mayores y personas dependientes económicos y de declaración de ausencia por desaparición.

Son necesarios mecanismos sencillos de reparación individualizados y colectivos en los que se incluyan garantías de no repetición (como la adecuación de la legislación) y en los que además se garantice el derecho al acceso a la justicia y a la verdad.

El Comité también abordó el tema de la jurisdicción militar, en donde consideró que “los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la Convención para abordar violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas” cometidas de un militar en contra de otro militar. Habrá que sumar a ello que la reforma al Código de Justicia Militar no se adecúa aún a los estándares de una correcta administración de justicia. El Código permite la intervención de elementos militares en la investigación de los delitos hasta que la Procuraduría General de Justicia Militar considere declinar su competencia.

Finalmente, el Comité instó al Estado mexicano para reconocer su competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales, situación que también las organizaciones de la sociedad civil hemos planteado al gobierno mexicano.

 

* Lucía Chávez es directora del Área de Investigación de la CMDPDH

 

 

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Deronjuic (Sala de Apelaciones), 20 de julio de 2005, párr. 109; Jordic y Cerkez (Sala de Apelaciones), 17 de diciembre de 2004, párr. 94; Blasik, (Sala de Apelaciones), 29 de julio de 2004, párr.. 101; Kunarac, Jova y Vukovic (Sala de Apelaciones), 12 de junio de 2002, párr.. 96; Limaj et al., (Sala de Primera Instancia), 30 de noviembre de 2005, párr.. 189; entre otras. En José Antonio Guevara. México y La Corte Penal Internacional: una primera aproximación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la estrategia de seguridad de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Página 109.

José Antonio Guevara. México y La Corte Penal Internacional: una primera aproximación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la estrategia de seguridad de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Página 109.

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