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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La fabricación de culpables en México
¿Qué confianza podemos tener en un aparato estatal que tiene la necesidad de acusar a personas inocentes, con tal de aparentar resultados en la lucha contra la violencia e inseguridad?
Por CMDPDH
19 de agosto, 2019
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Por: Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez (@aluonso) y Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto)

 

Culpable

Pen. Sujeto activo de un delito que tiene culpabilidad, plena o atenuada.

Pen. En sentido procesal, reo, condenado como responsable de un delito.

Fabricar

Del lat. fabricāre.

tr. elaborar (‖ transformar).

tr. Hacer o inventar algo no material. Fabricar alguien su fortuna. Fabricar una mentira.

 

“No los hay… porque no puede haber sueños cuando se tiene a un hijo preso, inocente (…) ha sido muy terrible, muy difícil el saber que mi hijo es inocente, tener que sacar esta situación tan difícil, esta terrible pesadilla. Yo les pido a las autoridades que realmente se comprometan a hacer un trabajo honesto, hay mucha gente presa inocente, porque las pruebas están ahí: las pruebas de nuestras familias de que son inocentes ahí están”.

Madre de un culpable fabricado.

El México de ayer y de hoy alberga diversas luchas. El uso abusivo y arbitrario del poder político ha frustrado un sinfín de proyectos de vida, y ha obligado a que miles de personas salgan a exigir al gobierno mexicano que cumpla con las obligaciones que corresponden a cualquier Estado de Derecho. A propios y extraños sorprende advertir cómo es que, después de tanto sufrimiento y decepción, se siga creyendo que la justicia en México es posible.

La macrocriminalidad mexicana ha dejado miles de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas, desplazadas y detenidas arbitrariamente. Las violencias del Estado, por su especial escala y complejidad, han diversificado los esfuerzos de memoria, verdad, justicia, y reparación para las víctimas de violaciones graves: naturalmente, el efecto de que en el espacio público coexistan tantas luchas es que unas alcancen mayor visibilidad que otras.

Consideramos que la situación de los culpables fabricados en México no ha logrado posicionarse como uno de los elementos constitutivos de la crisis mexicana de derechos humanos, a pesar de que es una práctica generalizada entre las distintas fuerzas de seguridad y las instituciones ministeriales de nuestro país. Al mismo tiempo, pareciera que no se han dado esfuerzos organizados para discutir la naturaleza de la fabricación de culpables como una violación grave, autónoma y múltiple de derechos humanos.

Por ello, partiendo de la dimensión y complejidad del problema, así como las consecuencias devastadoras que ha tenido sobre las víctimas y sus familiares, es que hoy se hace indispensable detonar una discusión sobre la crisis de fabricación de culpables en México.

Imaginemos que un día, como cualquier otro, unos oficiales de policía vestidos de civiles se presentan en tu casa: golpean con fuerza la puerta y te piden que les acompañes a la agencia del Ministerio Público a “aclarar unos hechos en los que ‘alguien’ te señala”. Entre el miedo y la presunción de buena fe hacia las autoridades públicas, decides (si ese es el término correcto, porque en una situación así uno no suele tener opciones reales) acompañar a los oficiales: alarmado por la situación, uno de tus familiares -que se encontraba en tu casa- pide a los oficiales permiso para acompañarte a aclarar los hechos, a lo que los policías acceden.

En el camino a la agencia del Ministerio Público, te vendan los ojos, te golpean hasta desmayarte, y te advierten que “ya te chingaste, porque eres un encarguito”. Después de algunas horas, despiertas en la bodega de una Fiscalía de un estado de la República diferente al que te encontrabas hace unas horas, cuando unos hombres se te acercan y te dicen: “si no cooperas, te vamos a matar a ti y a tu familia”; acto seguido, los agentes encargados de hacer cumplir la ley te propinan una golpiza, te dan descargas eléctricas, abusan de ti sexualmente, y te sumergen en agua hasta casi ahogarte; además, te obligan a presenciar cómo torturan al familiar que te acompañó.

Posteriormente, después de haber sufrido de manera indescriptible, y mediante coacción, te hacen firmar una serie de documentos, para después presentarte ante una multitud de cámaras y reporteros de medios de comunicación nacionales e internacionales –en una rueda de prensa– junto con el familiar que se subió contigo a la patrulla y una serie de desconocidos más. En la mesa frente a ti, se encuentran una serie de fajos de billetes, armas de distinto calibre, y droga; atrás de ti, los logotipos de una fiscalía estatal. Es ahí cuando, por primera vez, te das cuenta de que te están acusando de haber participado en la comisión un delito grave en contra de un importante empresario, y de formar parte de la delincuencia organizada.

Después de años en que tu familia buscó liberarte por todos los medios a su alcance, pasando por una serie de abogados que les estafaron y robaron, en un contexto de total indolencia y abuso por parte del poder público, recibes la noticia de que has sido condenado a una pena de prisión muy elevada.

Tristemente, con sus matices, esta historia la viven decenas de personas todos los días en nuestro país. A pesar de que las organizaciones de derechos humanos tenemos conocimiento de una cantidad cada vez mayor de culpables fabricados, es difícil tener certeza sobre la cantidad de personas inocentes que se encuentran privadas de su libertad, en buena medida porque los culpables fabricados han sido históricamente invisibilizados e ignorados por el Estado.

Aun así, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, levantada por el INEGI, nos permite darnos una idea al respecto: a nivel nacional, 50.2% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016, y que rindió su declaración ante el Ministerio Público, no se declaró culpable; y hasta 46.7% de las personas que sí se declararon culpables, lo hicieron bajo algún tipo de influencia indebida. De ello se puede inferir, con un grado razonable de convencimiento, que una parte importante de la población privada de su libertad es inocente.

La fabricación de culpables en México es, además, un fenómeno que afecta particularmente a grupos históricamente vulnerados. Situaciones de vulnerabilidad frente al poder del Estado, como por ejemplo el género, el nivel de ingreso y el nivel de instrucción, generan condiciones propicias para la prevalencia de esta práctica, en un contexto de absoluta impunidad. Para el Estado es mucho más sencillo acusar y castigar a quien no se puede defender, para atender la exigencia social de castigo al delito, que realmente hacerle frente a la criminalidad.

Particularmente, es innegable que existe una relación indisociable entre la pobreza y la fabricación de culpables. Como sostiene Magaloni, la pobreza significa “vivir fuera de toda protección de la ley y, por lo tanto, no poder defenderse frente al abuso, la violencia o los actos ilegales de otros. No hay manera en que las personas y las familias prosperen desde esa orfandad jurídica”. (1)

Esto nos lleva a decir que la fabricación de culpables, más allá de ser un crimen atroz, también es un despropósito. Bajo esta práctica, el Estado despliega su maquinaria ejecutiva y judicial para privar de su libertad a cualquier persona, sin importar si realmente es culpable, con tal de mostrarse como un ente capaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía, al amparo de prácticas como la contratación de ‘testigos’, la siembra de droga o armas, la intervención ilegal y selectiva de comunicaciones privadas, el falseo de reportes policiales, etcétera. Todas esas actividades tendientes a fabricar un culpable entrañan, por lo menos, un importante costo de oportunidad: al  estar destinando los esfuerzos del Estado a inculpar un inocente, se están ocupando recursos humanos y financieros que podrían ser destinados a atender con seriedad la violencia que se vive en México. Además de que, naturalmente, el encarcelamiento de un inocente no ayuda a disminuir los niveles de inseguridad.

¿Qué confianza podemos tener en un aparato estatal que tiene la necesidad de acusar a personas inocentes, con tal de aparentar estar rindiendo resultados en la lucha contra la violencia e inseguridad? Como sostiene Schedler, “(a) ojos de la ciudadanía, el problema central del Estado mexicano no es su debilidad ante la violencia criminal. El problema central es su propia propensión a ejercer violencia criminal. (…)” Esto es especialmente grave, puesto que “(u)n estado que, a los ojos de los ciudadanos, se comporta de manera criminal no puede ser un aliado confiable en la resistencia ciudadana contra el crimen”. (2)

El Estado mexicano, y sus instituciones de justicia, han sido sistemáticamente incapaces de dar un remedio adecuado a las víctimas de fabricación de culpables. Los culpables fabricados, y sus familias, libran batallas titánicas y solitarias contra el poder, en un contexto en el que el Derecho se constituye como una “herramienta” (3) contraproductiva para alcanzar la justicia, al imponer trabas irrazonables y muchas veces insuperables.

Frente a la magnitud de la crisis, es indispensable que el Gobierno mexicano adopte un genuino compromiso de Estado; primero, para acabar y prevenir la práctica de fabricar culpables en todo el país y; segundo, para liberar y reparar a las personas que ya fueron víctimas.

Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder parte de su libertad propia: y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña que sea posible, aquélla solo que baste a mover los hombres para que le defiendan. El agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de castigar: todo lo demás es abuso y no justicia; es hecho, no derecho (4)

*Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez y Carolina Hernández Nieto son abogados en la @CMDPDH

 

(1) Ana Laura Magaloni Kerpel, “Pobreza y justicia”, en Reforma, 8 de agosto de 2015.

(2) Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, (México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015), 189. Énfasis propio

(3) Humberto Beck, Otra modernidad es posible: El pensamiento de Iván Illich, (México: Malpaso, 2017), 26-28.

(4) Cesare Beccaria, De los delitos y las penas, (Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015), 20.

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