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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Guardia Nacional, barrera para pacificar el país
La estrategia de seguridad, basada en el combate frontal a grupos del crimen organizado mediante el empleo de miles de militares, no ha sido efectiva para afectar el negocio de la producción, distribución, comercialización, consumo de drogas y debilitar a los propios grupos delincuenciales.
Por CMDPDH
17 de diciembre, 2018
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El pasado 25 de marzo Nallely y sus dos hijas, de 5 y 3 años, fueron asesinadas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes les dispararon desde un helicóptero; habían confundido su vehículo con el de unos presuntos criminales. Este caso, lejos de ser la excepción, ha sido la regla disfrazada bajo el cínico eufemismo de “daños colaterales” “abatimiento de sicarios” que finalmente resultaron ser civiles. En el caso de Nallely y sus hijas, como en varios más, la primera versión de la SEMAR fue que se trataba de sicarios.

No debería extrañar a nadie que las graves violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas, se hayan incrementado a la par del despliegue de militares para realizar labores de seguridad pública para las que, por su propia naturaleza, no fueron preparados. Pareciera que la presencia castrense en las calles ha pervertido la esencia y el fin mismo de los militares y marinos: la defensa armada para derrotar a un enemigo que vulnera la soberanía nacional, mas no el control y la protección de civiles para garantizar la seguridad, función que corresponde al entrenamiento de las policías.

Esta estrategia de seguridad, basada en el combate frontal a grupos del crimen organizado mediante el empleo de miles de militares, no ha sido efectiva para afectar el negocio de la produccióndistribución, comercialización, consumo de drogas y debilitar a los propios grupos delincuenciales. Por el contrario, la evidencia muestra que se ha incrementado la violencia en las calles y se ha propiciado que agentes de seguridad, en total impunidad, cometan crímenes y graves violaciones a los derechos humanos contra los y las habitantes de las zonas militarizadas.

Pese a ello, el presidente López Obrador y el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados han colocado nuevamente sobre la mesa la necesidad de recurrir a la fuerza militar – bélica por naturaleza – para, paradójicamente, construir la paz. 

Sorprende que, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por otorgar atribuciones a las Fuerzas Armadas que le corresponden a las instituciones civiles y, porque trastocaba la obligación de prohibir toda actividad que no estuviera relacionada con la disciplina de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, el presidente presentaba su “Plan de Paz y Seguridad 2018-2024”. El Plan busca crear una Guardia Nacionaladscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con un mando militar, cuyos propósitos son la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

La Guardia Nacional estaría integrada por elementos de la policía militar, naval y federal. El reclutamiento, adiestramiento y jerarquía de sus miembros también obedecerían el régimen castrense. Todo ello, consolida la operación de la seguridad pública bajo el enfoque bélico y militar que, como se ha mencionado en múltiples oportunidades, no tiene por naturaleza la seguridad de las y los ciudadanos, sino la defensa de la nación contra fuerzas enemigas.

La propuesta de Guardia Nacional ignora las recomendaciones de organismos y expertos internacionales de limitar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad blicaasí como la evidencia acumulada durante los pasados dos sexenios de atrocidadess aún, la creación de la Guardia Nacional representa la institucionalización de un régimen militar en la política de seguridad blica del país, sin establecer criterios de excepcionalidad y temporalidad, ampliando sus facultades a través de un a constitucional para que esta institución tenga funciones de prevención, investigación, detención y presentación de detenidos. 

Esto, sin duda, debilita el control civil, acepta y hace permanente la intervención militar, colocando en grave peligro los derechos humanos, las instituciones y los procedimientos legales que forman parte de la base de la democracia. En ese sentido, el modelo de la Guardia Nacional presentado conllevará inexorablemente al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en detrimento de las corporaciones policiales, como ha sucedido en los últimos 12 años.

Aún es tiempo para detener la militarización de la seguridad pública. Los y las legisladoras que hace un defendían a la ciudadanía de la amenaza priista que pretendía imponer un sistema de seguridad militarizado a través de la Ley de Seguridad Interior, hoy tienen la responsabilidad de ser coherentes con sus propias posturas y cumplir al pueblo de México la promesa de transformar la forma de garantizar  seguridad, sin guerra.

 

@CMDPDH

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